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Durante un acto de corte social para extender por tres años más el programa Más Médicos que incluye la acción de extranjeros en lugares de difícil acceso, la mandataria calificó de “ridículas” las acusaciones en su contra, mientras su equipo de gobierno respaldaba la posición oficial ante la comisión de juicio político del Senado.
San Pablo, (Telam) - Por Pablo Giuliano. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, acusó ayer a la oposición que apoya el juicio político de utilizar ese mecanismo para realizar una “elección indirecta” para retirarla del poder mediante un “golpe” del Congreso, al tiempo que extendió su estrategia frente a la comisión del Senado que analiza los argumentos de la denuncia por la que se le inició el proceso de impeachment.
“Tengo la claridad de que la acusación es ridícula, porque lo que hicimos fue garantizar programas sociales. El proceso en curso tiene nombre y ese nombre es golpe. Se trata de una elección indirecta en el Congreso maquillado de juicio político por aquellos que no tuvieron votos e las urnas”, dijo Rousseff.
Durante un acto de corte social para extender por tres años más el programa Más Médicos que incluye la acción de extranjeros en lugares de difícil acceso, y que se convirtió en un repudio al vicepresidente Michel Temer por parte de los invitados, Rousseff calificó de “ridículas” las acusaciones en su contra, mientras su equipo de gobierno defendía la posición oficial ante la comisión de juicio político del Senado.
La hipótesis del golpe fue desplegada por la defensa ante el Senado, en una de las últimas jugadas contra la oposición que ha cerrado filas para destituir a la mandataria en votación el 11 de mayo próximo, donde la cámara alta necesita la mayoría simple de sus 81 legisladores.
“Este proceso de juicio político no tiene delito, es nulo, está viciado en su origen y no es otra cosa que un golpe, la búsqueda de una ruptura institucional en un sistema presidencialista”, dijo el ministro José Eduardo Cardozo, titular de la Abogacía General de la Unión ante la comisión de impeachment del Senado.
Los ministros Cardozo, el de Economía, Nelson Barbosa, y de Agricultura, Katia Abreu, presentaron la visión del gobierno de que no existe base legal para el impeachment, presentado por abogados del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que teje un acuerdo de gobernabilidad con el vicepresidente Michel Temer en caso de la caída de Rousseff. Según Cardozo, hay una “nulidad de origen” que comienza en el hecho de que el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, a quien la Constitución le reserva la potestad de iniciar el proceso contra un mandatario, actuó por “venganza” al aceptar las denuncias.
Cunha, adversario de la mandataria y acusado de corrupción, dio curso al trámite porque el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) apoyó la apertura de una investigación por falta de decoro en su contra, sostuvo Cardozo, que atribuyó a eso la conducta del jefe de los Diputados. Cardozo objetó que el Psdb -que abrió la denuncia- tenga al senador Antonio Anastaia, de ese partido y exgobernador de Minas Gerais, como el relator de la comisión.
Y, además, insistió en cumplir el fallo de la corte de apenas restringir la acusación a las cuentas de 2015 (el mandato actual de Rou-sseff) y sin involucrar el escándalo de corrupción en Petrobras que también afecta al PT, como propone el líder del Psdb en el Senado, Cassio Cunha Lima.
Los ministros declararon luego de que el jueves lo hicieran Miguel Reale Junior y Janaina Paschoal, autores de la denuncia.
A esta última, según ella misma reconoció, el Psdb le pagó 45.000 reales (12.000 dólares) para redactar la denuncia contra Rousseff sobre violación a la ley de responsabilidad fiscal. Según la acusación, esas maniobras modificaron los presupuestos mediante decretos y permitieron acumular deudas y contratar créditos con la banca pública, aunque el gobierno ayer dijo con Barbosa que la meta fiscal fue cumplida y que los manejos contables respondieron a la legalidad. Barbosa reiteró que estos manejos contables fueron hechos dentro del más “estricto marco legal” y que muchos de ellos ni eran responsabilidad directa de la presidenta, sino de los miembros del equipo económico.
