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Con la nueva reglamentación se deroga el actual estatuto de los trabajadores municipales y obliga a las comunas a celebrar negociaciones colectivas con sus empleados, al tiempo que establece una serie de restricciones a la contratación de temporarios y exige la creación de un fondo compensador para afrontar dificultades de pago.
DE LA REDACCION. La Legislatura bonaerense convirtió en ley un proyecto que establece las negociaciones paritarias para todos los trabajadores municipales de la provincia de Buenos Aires, régimen al que los municipios deberán adherir en un plazo de 180 días una vez que la iniciativa sea promulgada por el Ejecutivo.
La iniciativa deroga el actual estatuto de los trabajadores municipales, establecido en 1995 a través de la Ley Nº 11.757, y obliga a los municipios a celebrar negociaciones colectivas con sus empleados, al tiempo que establece una serie de restricciones a la contratación de temporarios y exige la creación de un fondo compensador mediante el cual la Provincia deberá asistir a los municipios que afronten dificultades para el pago del salario Mínimo, Vital y Móvil.
En la práctica, la ley entrará en vigencia 180 días a partir de su publicación, aunque fuentes gremiales señalaron que, con el plazo otorgado a los municipios para adecuar sus ordenanzas, tendrá aplicación efectiva recién en 2016.
El trámite parlamentario
En un debate exprés, el Senado aprobó con cambios el proyecto que había sido sancionado en Diputados el 24 de septiembre y luego la Cámara Baja ratificó esas modificaciones, en apenas 30 minutos de debate.
En ambas cámaras, el ma-ssismo rechazó la iniciativa al considerar que no respeta la autonomía de los municipios, recientemente respaldada por la Suprema Corte bonaerense en un fallo en el que declaró inconstitucional la 11.757.
“En la provincia de Buenos Aires tenemos 135 realidades diferentes, que deben ser analizadas en forma particular. Es más, dentro del propio Conurbano podemos apreciar distintas situaciones”, explicó el jefe de la bancada del Frente Renovador en el Senado, Jorge D’Onofrio, quien pidió que “esta Ley no termine siendo una trampa para la provincia de Buenos Aires”.
Por su parte, la titular del bloque oficialista, Cristina Fioramonti, defendió el proyecto al sostener que es “absolutamente constitucional: muchos de los artículos cuestionados fueron pasados al capítulo supletorio, y solo regirá para las comunas que no sancionen sus propios estatutos”.
En la Cámara Alta, el oficialismo logró destrabar el complicado panorama que proponía la negativa del Frente Renovador al incorporar una serie de cambios reclamados por la UCR y el FAP, quienes condicionaron su acompañamiento a la imposición de restricciones en la planta temporaria.
Tras su aprobación, el expediente con modificaciones fue girado a Diputados, donde fue aprobado en un rápido trámite. Al finalizar la sesión, el autor de la iniciativa original, el dirigente municipal Hernán Doval, indicó que “esta ley vuelve a darles a los trabajadores la dignidad que les fue arrebatada en los 90”.
Afuera, un grupo de trabajadores representados por la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerense (Fesimubo) siguió el debate desde una pantalla gigante ubicada en la esquina de la Legislatura y festejó con bombas de estruendo la aprobación de la ley.
En el escenario, el titular de la Fesimubo, Rubén García, les advirtió a los trabajadores que “lo que viene es más difícil. En las paritarias tendremos que estar muy atentos porque ahí van a estar los que apoyaron el modelo de los 90”. La relación es a la federación “histórica” liderada por Oscar Ruggiero, quien se reunió con legisladores del massismo y expresó su desacuerdo con el proyecto, al sostener que “de la antigua ley, hay más de 40 artículos que ya fueron declarados inconstitucionales por la Justicia y ahora, la que quieren sancionar hoy, vuelven a introducirlos, por lo que está viciada de ilegalidad desde su nacimiento”.
Además, Ruggiero dijo sentirse “decepcionado con el presidente de la Cámara de Diputados, Horacio González, por habernos convocado en su momento y luego no haber volcado las pretensiones del sector en el proyecto que se está evaluando”.
Límites a contratados
Entre los cambios incorporados esta semana, los legisladores dispusieron que en los municipios el total de los contratados no podrá superar el 20 por ciento de la planta permanente. A este número se llegará “progresivamente en un plazo máximo de 5 años” a partir de la vigencia de la ley.
Por otro lado, la ley obliga a los municipios a pagar a sus trabajadores el Salario Mínimo, Vital y Móvil, aunque en este caso podrá ser adecuado a las horas de trabajo de los empleados.
Además, se dispone la constitución de un Fondo Compensador Específico integrado por recursos municipales y/o provinciales “para financiar las diferencias salariales” que surjan a partir de la implementación de esta cláusula.
El nuevo estatuto
El proyecto aprobado el 24 de septiembre a propuesta del diputado Doval sufrió una serie de modificaciones a partir de las exigencias de los intendentes de la Federación Argentina de Municipios (FAM), que se oponían principalmente al tope de contratados y a la obligatoriedad del pago del salario Mínimo Vital y Móvil.
Frente a esta posición, los legisladores consensuaron –luego de una ronda de consultas con intendentes y sindicalistas de las diferentes federaciones- establecer un “período de gracia” de 5 años para llegar al límite del 20 por ciento de los contratados y atar el pago del Mínimo, Vital y Móvil a la cantidad de horas trabajadas.
El nuevo estatuto municipal, que alcanzará a 120 mil trabajadores municipales de toda la provincia, contiene tres secciones. La primera crea un Régimen Marco del Empleo Municipal, que establece las condiciones generales de ingreso, estabilidad, régimen de licencias, jubilación y escalafón. Allí se indica que las relaciones de los municipios con sus empleados se regirán a través de ordenanzas locales, las cuales no podrán modificar las actuales condiciones en perjuicio de los trabajadores.
En tanto, la segunda sección dispone las condiciones generales de las negociaciones colectivas, indicando que a las paritarias deberán concurrir funcionarios con un grado no inferior a secretario y todos los sindicatos con personería gremial con un mínimo del 10 por ciento de los afiliados. Allí se dirimirán, además de los aumentos salariales, todas las condiciones inherentes al régimen laboral. El Ministerio de Trabajo regulará la negociación, pudiendo disponer de las condiciones del encuentro e intervenir en los casos en los que no haya acuerdo.
También se crea un Consejo del Empleo Municipal, que tendrá como objetivo elaborar propuestas, recomendaciones, pautas generales y evacuar consultas de las comunas a raíz de la aplicación de la ley. Este organismo se reunirá dos veces al año, la primera de ellas en el primer trimestre, y sus resoluciones serán de carácter no vinculante. Lo integrarán funcionarios municipales y gremiales, representados según las secciones electorales.
Finalmente, la tercera sección dispone un régimen supletorio que entrará en vigencia si las comunas no crean sus propios estatutos 180 días después de que la ley sea reglamentada. Allí se legislan las condiciones de admisibilidad, antigüedad, plantas de personal, retribuciones, horas extras, asignaciones familiares, licencias, cese y renuncia.
Scioli celebró
El gobernador Daniel Scioli saludó al vicegobernador Gabriel Mariotto, al presidente de la Cámara de Diputados, Horacio González y a la conducción del gremio de Municipales por la sanción de la Ley de paritarias “que les permite a más de 140 mil trabajadores municipales conquistar derechos para las negociaciones de salarios y de condiciones laborales”, dijo el mandatario.
