Argentina, una sociedad destinada a madurar a fuerza de tragedia y dolor

Se cumplió en la noche del 30 de diciembre el décimo aniversario de una de las mayores tragedias de la historia del país, cuando el boliche Cromañón ubicado en la Ciudad de Buenos Aires ardió en llamas mientras tocaba la banda Callejeros. Murieron 194 personas y hubo 1.400 heridos.

A medida que se sucedían las imágenes por la TV, los argentinos nos íbamos dando cuenta de que aquel no sería un siniestro más, que ni siquiera se acercaba por su magnitud a uno anterior, el de la disco Kheyvis, con el que en un primer momento se lo comparaba. 

Y con el correr de las horas, comprendíamos que el gran detonante de la masacre no había sido precisamente la bengala encendida sino la negligencia de la omisión, la corrupción que mata y un vacío legal que venía de años. 

Cuando la banda de rock estaba tocando en un Cromañón repleto de fanáticos que querían despedir el año, entre las bengalas que arrojaban en el público, una persona encendió una candela cuyos fuegos dieron contra una media sombra apostada en el techo que a su vez apoyaba sobre guata recubierta por planchas de poliuretano, iniciando el foco. Sólo con detenerse a analizar esta secuencia basta para comprender que el coctel estaba dado para que si no esa noche, cualquiera otra sucediera la tragedia. A saber: era moneda corriente que en los recitales el público ingresara y utilizara pirotecnia; lo mismo que la presencia de los materiales aislantes mencionados, para optimizar la acústica. Para cerrar el combo letal, la ausencia de elementos de seguridad y la falta de salidas de emergencia habilitadas. 

Esta enorme tragedia dejó una huella imborrable en la sociedad y dejó en claro lo lejos que estamos de ser un país en serio cuando de seguridad se trata. Hoy ya nadie cuestiona y todos controlamos y exigimos lo que nunca debió faltar: salidas de emergencia, matafuegos, carteles de habilitación, control de capacidad. ¿Qué éramos antes de 2004? ¿Ignorantes de su importancia? No, éramos negligentes y holgazanes, autosuficientes y confiados en que todo “se podía arreglar”, o “con alambre”- bien a la argentina- o con plata; siempre iba a ser más barato una coima a cambio de una habilitación para empezar a facturar que poner las instalaciones según lo que exigía por entonces la Ley que, visto en retrospectiva, tampoco era lo suficiente como para dar mínimas garantías. 

Recuerde si no el lector, e incluso haga un recorrido actual: ¿cuántos edificios de esparcimiento en Pergamino han funcionado sin salida de emergencia, en construcciones de alto, saturados en su capacidad?

Tristemente hemos aprendido la lección a la fuerza. O al menos el sector privado, al que no se le permite funcionar fuera del marco legal. No podemos decir lo mismo del propio Estado, que aún hoy cuenta con oficinas públicas que constituyen una burla por funcionar con total desapego a las reglamentaciones vigentes.

Párrafo aparte merecen nuestros legisladores. Porque, sin quitar responsabilidades a los funcionarios porteños que debían controlar las habilitaciones de espacios como Cromañón, no existía un cuadro normativo acorde a los requerimientos actuales. Algo similar está pasando con las secuelas de Salta 2141 y lo estamos viendo en Pergamino. Muchos edificios –particulares, educativos, públicos-funcionaron sin inconvenientes y acordes a derecho hasta el 6 de agosto en que una falla en la conexión de gas hizo estallar las torres donde entre otros habitaba el joven pergaminense Santiago Laguía. Resulta que de un día para otro, todo lo que estaba “bien” pasó a estar mal y a tener que adecuarse: uso de pantallas, tubos de salida al exterior indebidamente colocados, por citar las adecuaciones que de modo espasmódico comenzaron a exigirse.

Lo mismo pasó con Cromañón desde 2004. Es decir, además de que se burlaban ciertos controles, la realidad es que la normativa era escasa y arcaica lo que hacía que, incluso cumpliéndola, no se lograba el cometido de proteger la integridad de las personas.  

Además de jugar su juego político, ¿hacen algo nuestros legisladores para procurar a la sociedad leyes eficientes, que protejan y prevengan? 

Para eso, debieran estar más en la calle y menos en los despachos, viendo lo que se hace en otros países al respecto para validar aquí los casos exitosos. Es decir, para hacer bien su trabajo, debieran dejar de mirarse el ombligo. 

Pero así somos, vivimos y aprendemos de los errores trágicos que cada tanto hacen que nuestra clase política ponga la cabeza y su energía en lo verdaderamente importante.

Después de Cromañón, no todo cambió porque persisten los espacios que no se adecuan y gente que los frecuenta, así y todo. Y siempre el vil metal de por medio, porque lo que diferencia a quien hace las cosas bien del que no es el dinero a invertir. Y ahí entramos en juego todos los que alimentamos la corrupción al concurrir a lugares que, aunque bien presentados, decidieron no cumplir con las normativas para el retorno económico sea mayor y más rápido. 

Pero más grave que eso es la postura del Estado, que en sus oficinas no cumple con normas mínimas de seguridad. Y a esos lugares, no se puede optar por no ir: escuelas, hospitales, bibliotecas, registros civiles, como bien los sabemos los pergaminenses. 

Las lecciones de Cromañón fueron muchas. Los descubrimientos no tantos: sabíamos de la vista gorda de los controles (allá y en todos lados); sabíamos que no se respetaban las capacidades de ocupación (porque todos en algún momento hemos sido partícipes de un exceso); nunca nos cerciorábamos como usuarios ni exigíamos la presencia de elementos de seguridad y salidas de emergencia. A todo esto ahora le prestamos atención. En eso, al menos, hemos madurado y le damos la importancia que requieren.

La pregunta es ¿han madurado nuestros legisladores? ¿Es preocupación de las comisiones parlamentarias temáticas llevar al debate actualizaciones de normativas que mantengan el estándar de seguridad de los habitantes? ¿Investigan sobre lo que sucede en otros países para imitar los casos exitosos?

No vamos a responder; simplemente recordarles a nuestros lectores que la mayor urgencia que tuvieron nuestros senadores al cerrar el año fue lograr el quórum para dar sanción a la elección por voto de 43 representantes argentinos para el Parlasur, que comenzará a funcionar en 2017. Prolongar los fueros más allá de 2015 es lo que les quita el sueño.