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Desde la campaña el macrismo hablaba de lograr mayor eficiencia en el Estado, de modo que no puede sorprender los actuales anuncios respecto a que el Gobierno va a poner en marcha en los próximos días un plan para cambiar el funcionamiento del Estado. Lo hará mediante la creación de una suerte de universidad para empleados públicos, como la llaman en la Casa Rosada, que modificará la carrera de los trabajadores del sector para establecer un sistema de premios y castigos y hasta penalizar a quienes no mejoren su formación a lo largo de los años. La idea es premiar con incrementos salariales por encima de la inflación a quienes mejoren su capacitación mediante el estudio. La regla valdrá tanto para los empleados de nivel básico como para quienes tienen puestos de mayor jerarquía dentro de la carrera estatal, menos los cargos políticos.
El Gobierno espera que este año pasen por esa escuela unos 85.000 empleados de la administración central. Ese sector del Estado nacional está integrado por un total de 210.000 empleados, e incluye a los que trabajan en la órbita de la Presidencia, los ministerios, la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), el Pami y el Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales (Incaa). En definitiva todos los empleados nacionales.
La idea que comienza a nivel nacional es que se vaya trasladando también a la esfera de las provincias y finalmente de los municipios. Con lo cual se abarcaría un universo que reúne a más de cuatro millones de empleados estatales, una cifra que convierte al sector público en el mayor empleador del país. Lo que en la Argentina no constituye ninguna novedad, por otra parte.
El proyecto se va a desarrollar sobre la base del Instituto Nacional de la Administración Pública, que fue creado en 1973 y relanzado en los años 90, durante el gobierno de Carlos Menem, sin embargo el macrismo planea renovarlo y darle otro empuje y funcionamiento. Además, si se piensa capacitar a tanta cantidad de agentes estatales, va de suyo que el ente tendrá otro impulso. Como por ejemplo contará este año con un presupuesto de 60 millones de pesos, que servirán para financiar la puesta en marcha de 219 cursos destinados a distintos sectores de la administración pública, de los cuales el 42 por ciento tendrá clases presenciales y otros cursos se harán a distancia. Más del cincuenta por ciento se hará mediante “universidad virtual”, lo que le permitirá al Gobierno llegar más allá de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense, reducir la ausencia de trabajadores estudiantes y bajar los costos de la capacitación.
Los trabajadores del Estado comenzarán a tener desde ahora los cambios en los requerimientos de la carrera pública. Y cualquiera que ingrese deberá realizar cursos y programas obligatorios y optativos, incluso quienes ingresaron el año pasado también deberán cumplir con este requisito de manera retroactiva. Porque la idea es que se cree una verdadera carrera de la función pública, cuyos ascensos dependan del mérito y no del acomodo. Según el plan oficial, para un empleado público avanzar en su formación será la única manera de crecer en la carrera y de incrementar su salario por encima de las negociaciones paritarias de cada año. Quienes no hagan los cursos, en cambio, sufrirán penalidades. El plan oficial también contempla aprovechar la oferta de las universidades para formar a la denominada alta dirección del sector público, que representa la conducción más permanente del Estado. Se trata de aquellos que tienen cargos de directores y coordinadores, la capa gerencial que está debajo de los ministros, secretarios y subsecretarios, que son empleados que han ido adquiriendo la estabilidad, aunque sean cargos habitualmente cubiertos por la conducción política del gobierno de turno. Son casi 3.000 personas en la administración pública nacional a las que el Gobierno espera llegar en el corto plazo.
Al final de todos los años, se realizará una evaluación de desempeño del personal, que incluirá los avances del empleado en su formación. Varias evaluaciones negativas lo perjudicarán en su carrera, aunque hasta ahora no se especificó de qué manera. Y esto, como veremos, no es un tema menor. Lo que traerá la clara resistencia de los gremios estatales.
No podríamos menos que ponernos contentos que el Gobierno pretenda establecer premios y castigos a los empleados públicos, permitiéndoles una especialización que los favorezca en sus posibilidades de crecimiento laboral y salarial. Sin embargo la falta de seriedad con que históricamente se han manejado estos asuntos, hace que tengamos los recaudos lógicos frente a este tipo de anuncios, que no se utilice como excusa para hacer un mero ajuste, despedir con supuestos motivos o, lo que sería peor aún, perseguir políticamente a buenos empleados porque no pertenecen al partido del Gobierno a fin de que dejen un lugar libre para colocar allí un amigo del oficialismo. Y esto va tanto para el actual Gobierno como para los futuros.
Sabemos que el Estado está sobredimensionado y que hay áreas donde se nota que hace falta capacitación e instar a una mejor voluntad para el trabajo. Lamentablemente las administraciones públicas en los distintos niveles han sido tradicionalmente botín político de quienes ganan elecciones: los militantes, los amigos y los parientes ganan espacios y eso conspira contra estos proyectos que, en principio, parecen de buenas intenciones. Porque el macrismo en su primer año de gestión también ha caído en estos vicios como se ha denunciado y comprobado, con la lista de parientes y amigos que se han incorporado a la función pública.
El tiempo dirá si las dudas que plantea esta propuesta son solo sospechas o realmente iremos hacia un Estados con carrera de mérito y eficiencia.
