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Los medios están revolucionados por la situación del Grupo Indalo, aun en poder del empresario Cristóbal López. Los periodistas se han dedicado estos días a presentar todo tipo de informes al respecto y hasta pudimos ver en la entrega de los Martín Fierro el escándalo que se armó por este asunto, con la particularidad de que, incluso estando todos en la vereda de la crítica y la preocupación, siguen estando parcializados por la grieta.
Y más allá de las diferencias de opinión entre periodistas K y anti K por la suerte de C5N, Radio 10, Vale, Ambito Financiero y un montón de empresas satélite más, el problema de fondo y de forma es que este grupo se armó comprando medios de comunicación de Daniel Haddad (a quien se amenazó deliberadamente y acorraló desde el anterior gobierno para que vendiera) con dinero obtenido mediante un delito económico. Y esto es lo verdaderamente importante y en lo que huelgan las opiniones. Estamos ante delitos flagrantes, como el mencionado y el no pago de leyes sociales, a los que les debe caer el peso de la ley. A este empresario y a todos los que incurrieran en actos semejantes, independientemente de si en este caso hubo, además, un fin político para comprar medios de comunicación.
Durante el kirchnerismo López pasó de tener nueve empresas -varias de juegos de azar- a constituir el Grupo Indalo integrado por 170 sociedades y se estima que sus activos rondan los 1.000 millones de dólares. La operatoria de la cual surgieron los fondos para adquirir el conglomerado de medios se realizó desde Oil Combustibles SA, a partir de utilizar 8.000 millones de pesos de retenciones cobradas a los clientes que debían trasladarse a la Afip. López se quedó con el monto de la Transferencia de los Combustibles, un impuesto que cobra con cada operación para el Estado. Y lo hizo bajo una apariencia legal, utilizando un permiso del ente estatal, pensado para empresas en crisis y no para utilizar los fondos para comprar más empresas como efectivamente sucedió. Esto coloca al exjefe de Afip, Ricardo Echegaray, en una posición también delictiva, porque autorizó la maniobra fraudulenta que se hizo frente a sus mismas narices.
Ahora, Cristóbal López y Echegaray enfrentan juicios de futuro incierto, mientras el empresario -que aún no pagó esa deuda la Afip ni las de leyes sociales- trata de vender el grupo Indalo y por el momento la Justicia no autoriza la maniobra.
En el análisis político, el kirchnerismo impulsó esta operatoria corrupta para que López pudiera comprar un grupo de medios de comunicación que sostuviera el relato oficial. Pero que esa haya sido la estrategia será difícil de comprobar; al fin, en los hechos, es un privado comprando a otro privado. De todos modos, la Justicia deberá hacer su trabajo y tal vez algún día se establezca si se trató de una venta forzada. Lo que no admite dilaciones son las condiciones, es decir la forma en que se hicieron las operaciones, y lo que sucedió después, con la estafa a los trabajadores a los que no se les pagaron sus aportes, a lo que se suma ahora que sus cuentas (radicadas en el Banco Finansur, del propio López, están inmovilizadas por el trámite judicial.
Acá “no hay tu tía”, ni persecución ideológica, ni vendetta política; acá hay un empresario delincuente, que hizo lo que hizo, por los motivos que sean, de manera fraudulenta, con plata que no le pertenecía. Eso, acá y en la China, sea K o anti K, se condena.
Y como la avaricia es un pecado capital, pese a recibir una muy jugosa pauta oficial para sostener los medios adquiridos, en realidad, con plata de los impuestos de todos nosotros, tampoco pagó las cargas sociales de los empleados. Una suerte de negocio maravilloso, donde todo era ganancia y todo era plata del Estado. Hasta que la administración cambió y se acabaron los funcionarios amigos, las publicidades desproporcionadas y los organismos que miran, a propósito, para otro lado.
Ahora el grupo está acorralado por la Justicia y en realidad hace más de 40 días el “zar del juego” acordó con Fabián de Sousa -su socio en los medios- avanzar con la venta de Indalo. La operación ya tuvo el rechazo de la Afip como querellante en la causa en la que se investiga a López por adeudar los 8.000 millones al Fisco de retenciones no rendidas.
A su vez, la Cámara de Casación esta semana podría darle un revés a los planes del empresario K y confirmar al juez Julián Ercolini en el expediente que investiga la deuda con la Afip. Es que López pretende ser juzgado por el foro Penal Económico, donde puede eludir la prisión efectiva. Pero no, será sometido a la Justicia Federal. También está procesado en la causa Los Sauces por asociación ilícita y lavado de dinero, es investigado en otro expediente por lavado de activos.
La Justicia busca determinar si hubo movimientos de fondos estos meses “sabiendo que cuentan con una inhibición de bienes que lo prohíbe”. El juez Ercolini no avalará en estos términos ninguna venta, es él quien puede autorizar el levantamiento de la inhibición y por ahora, no es una opción.
En este escenario, Sebastián Maggio, el representante legal de Oil, la empresa de combustibles de López, presentó un escrito en un juzgado comercial donde le pidieron explicaciones sobre la venta. “El objetivo del grupo es implementar un plan de reestructuración atendiendo a las obligaciones fiscales y previsionales con la Afip y demás deudas existentes a la fecha”.
La verdad es que da vergüenza ver cómo tras un delito pretenden poner por delante la zanahoria del pago de la deuda si les permiten vender e irse tranquilamente dando por cerrada la aventura de los medios de comunicación. Otro punto determinante para el ente recaudador es la posible existencia de una “insolvencia fraudulenta” por parte de los dueños de Indalo, porque creen que buscarían deshacerse de sus empresas para no pagar la deuda con la Afip. Al fin López es un gran empresario del juego y hubiese podido afrontar la deuda con ganancias e incluso activos de otras de sus tantas empresas.
Evidentemente de eso se trata todo, una vez cometido el delito penal económico, no saldar siquiera la deuda.
Esta semana la Cámara de Casación podría darle malas noticias al empresario, la investigación podría regresar al juzgado federal y quedar en manos de Ercolini definitivamente lo que derivaría en un procesamiento por defraudación al Estado, cerrándole cualquier puerta de acceso al crédito como el ingreso a planes de pagos fiscales. Sería la última puerta que se le cerraría a López en sus planes para la venta. Pero lo que enfrenta realmente el dueño del Grupo Indalo es la posibilidad de ir a la cárcel, por los delitos cometidos, cumpliendo así el destino para este tipo de maniobras.
Llegado a este punto, es evidente que si López se saliera con la suya, no habrá empresario en la Argentina que crea en la Justicia y se ajuste a derecho, muchos harán las maniobras que puedan porque, al fin, sentirán que reina el “Viva la Pepa”. Y en este proceso que estamos haciendo, debemos entender que estamos condenados a hacer las cosas bien.
Mientras tanto, miles de empleados viven un fin de año de angustia, sin saber qué suerte correrán sus trabajos, ya que ellos también fueron víctimas de estos empresarios inescrupulosos, delincuentes al fin, que fueron solapados por otros de su misma estirpe. Porque al fin el hilo se corta por lo más delgado y eso es lo que hay que cambiar; a López se le tiene que cortar el hilo en este caso.
