Cuando la exageración se torna obscenidad

Desde que el Frente para la Victoria llegó al poder con Néstor Kirchner, a poco de andar, más específicamente cuando tensó la relación con Clarín, comenzó a ser notoria su muy escasa resistencia a la crítica periodística. Su esposa Cristina Fernández es quizá hasta más sensible y, ya siendo presidenta, optó por prescindir de los canales habituales de información para gestar un grupo de medios adictos, una especie de difusor de las “buenas” y negador de las “malas”, lo que generó en paralelo la división entre periodistas que responden al Gobierno a través de estas empresas y periodistas de otros medios. Esto que algunos dieron en llamar “grieta” en la sociedad, tiene este correlato en la prensa y ha enfrentado a los colegas al punto de denostarse públicamente unos a otros desde sus respectivos envíos o páginas, según el caso.

Este juego de intereses ha terminado por esmerilar la tarea periodística a los ojos de muchos ciudadanos que, ahora dudan de algunas noticias o hacen segundas lecturas para decodificarlas según quién las publica. Cuando al llegar a la democracia la prensa era el sector más creíble de la sociedad si recordamos aquellas encuestas. No obstante, lo sigue siendo. Sólo que una parte de la sociedad le cree a unos medios y la otra a los otros.

Por esta “necesidad” de expresarse a través de medios “amigos”, se fue armando el grupo oficialista comunicacional sostenido excluyentemente, de manera directa o indirecta, por las arcas del Estado. Fíjese el lector en los casos emblemáticos como Fútbol para Todos, CN23 o el diario Tiempo Argentino: allí la única publicidad (de la cual provienen los ingresos para sostener un medio) es la de organismos del Estado, planes, entes autárquicos o empresas con participación estatal. Claro que no faltan algunas marcas pero que, hilvanando hechos y haciendo un poco de historia, todas tienen algún vínculo con el Gobierno. Porque la realidad es que las empresas pautan en aquellos medios de llegada masiva y, salvo por el Fútbol para Todos (que es inentendible que no comercialice sus minutos publicitarios), ninguno de los medios oficialistas cumple con esta premisa. Es que tampoco fueron creados como un negocio sino a los fines de ser como “boletines oficiales” de la gestión. No tienen ni aspiran al gran público que les reditúe en el crecimiento de la cartera de anunciantes sino que su función es, dicho en términos habituales, “sostener el relato”.

Nunca mejor empleado el término sostener, porque lo que no se mantiene erguido por sí solo hay que sostenerlo. Y que no se caiga por ningún lado, que ninguna parte “haga agua” tiene su costo y es altísimo, obsceno podría decirse.

Sólo el año pasado se gastaron más de 16.415 millones de pesos en política de comunicación, aproximadamente unos 45 millones de pesos por día. Estamos hablando de cifras muy importantes para la “prensa a sueldo” que mantienen. Seguramente el lector estará haciendo cuentas mentales de lo que se podría hacer con ese dinero. Y no hablamos de suprimir el presupuesto destinado a la comunicación, que todo Gobierno debe tener, sino de llevarlo por ejemplo a la mitad. ¿Cuánto se podría hacer desde el Estado con un disponible de 22 millones por día? ¿Cuántas viviendas, escuelas, hospitales, rutas, pozos de agua potable, cloacas? ¿Cuántas vidas se podrían mejorar o incluso salvar? 

Es indudable que a la hora de comunicar el Gobierno está obligado por la Constitución Nacional a hacerlo porque es derecho de todo ciudadano saber en qué se gasta y se invierte nuestro dinero y qué logros se han obtenido con ellos. De eso se trata.

Pero los envíos y medios de propaganda oficial poco tienen que ver con la información que debe brindar el Estado, esta división entre información y propaganda es básica. 

Que la presidenta haga cadenas nacionales puede gustar o no, pero es su deber informar, incluso haciendo un poco de autoconformismo con la marcha del país, podría considerarse dentro de los parámetros de su función y sus obligaciones. No con tanta asiduidad como lo hace por temporadas.

Pero generar y sostener un grupo de medios para “competir” con aquellos a los que han sentado en la vereda de enfrente y a quienes retan por televisión cada vez que quieren, no es de un país normal. Incluso reconociendo que se ha llegado a un punto tal en que hay medios gráficos que no son objetivos sino opositores. Esto sucede en todos los países del mundo, en Chile, en Brasil, en Estados Unidos y, a veces, hemos escuchado a sus presidentes quejarse de la labor de estos medios. Pero no convirtieron la cuestión en una guerra ni desembolsaron enormes presupuestos para la desmentida sistemática y la propaganda política. De hecho, si la situación en Argentina fuese tal como la ilustró la presidenta en el discurso de apertura de sesiones el 1º de marzo, ni siquiera habría necesidad de que los medios salieran a alabar cada acto de gestión y a denostar a los críticos porque la realidad misma los desmentiría a los ojos de la gente.  

Es de advertir que los gastos de publicidad a los que nos referimos no incluyen entes autárquicos como la Anses e Inta y empresas con participación estatal como Aerolíneas Argentinas o YPF. Sí incluye a Fútbol para Todos y los gastos de la Televisión Pública, la agencia oficial de noticias Télam y el instituto del cine Incaa. 

El problema no es sólo la cifra varias veces millonaria que el Gobierno destina a la propaganda de sus actividades. También, la sistemática cooptación de medios de comunicación -sobre todo radiales y audiovisuales- a la órbita kirchnerista luego de ser comprados por empresarios cercanos al Gobierno previo garantizar su supervivencia mediante el permanente apoyo publicitario. Se mencionaron los casos de FM Identidad, hoy en manos de Sergio Szpolski, y de Radio El Mundo. Y aunque no se efectivice una transferencia de dominio, los medios más débiles económicamente terminan trabajando para el oficialismo porque viven de la pauta publicitaria que les da el Gobierno. Es el caso del 80 por ciento de las radios AM y FM que responden al kirchnerismo porque mantienen sus medios con publicidad estatal, además de haber conseguido sus licencias, en muchos casos, con ayuda del oficialismo.

Insistimos: es demasiado dinero destinado a sostener el relato y la guerra declarada con Clarín. Demasiados recursos que faltan para cubrir infinidad de necesidades insatisfechas.

El Estado y cada gobierno deben contar con presupuesto para política comunicacional pero hablar de esta cifra: 45 millones de pesos por día, es obsceno.