El campo nuevamente en las rutas ante la asfixia económica

Volvieron las protestas del campo en las rutas. Este lunes comenzó el paro de comercialización convocado por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro y Sociedad Rural Argentina (SRA), que se extenderá hasta el viernes.

La movilización de los productores, que se reflejó en piquetes en Córdoba, Chaco y otras provincias, no se sintió en el territorio bonaerense, aunque aquí se comparten las mismas críticas a la gestión oficialista en materia agropecuaria. En rigor, quedaron excluidas las actividades productivas en las zonas inundadas, además de los productos perecederos como la leche, y aquellos agricultores que durante días no pudieron vender por el estado de los caminos rurales, por lógica necesidad. 

Prueba de ello es que en el Mercado de Hacienda de Liniers, plaza referente en materia de precios ganaderos, ingresaron el lunes 1.699 cabezas, una entrada normal para esa jornada. Operadores ganaderos habían advertido en los últimos días que podría llegar hacienda de las zonas inundadas luego de que durante semanas los productores no pudieron comercializarla por la falta de caminos. Pero ayer, ya la consigna se hizo sentir porque solo se comercializaron 666 animales.

Por este motivo el paro no logró hasta el momento el impacto deseado, sin embargo es una de las maneras de decirle al gobierno actual, pero sobre todo al que asumirá en diciembre, que son necesarios cambios en las políticas destinadas al sector, que atraviesa uno de sus peores momentos, asemejables al año 2001, tan referido por la presidenta como “el infierno” del que el kirchnerismo nos sacó. 

En el mercado de granos, según informó la Bolsa de Comercio de Rosario, en cambio la semana comenzó sin actividad, ya que la rueda de operaciones no contó con la presencia de los operadores dentro del recinto, que se vio vacío por la adhesión de sectores de la comercialización.

En el caso de la soja hubo participantes de la demanda, pero la oferta dispuesta a negociar fue escasa. En ello tuvo que ver además la adhesión del transporte de carga nucleado en la Catac (Confederación Argentina del Transporte Automotor y de Carga). Si bien el lunes llegaron 3.285 camiones a los puertos del Gran Rosario, se trató de mercadería que se comercializó la semana pasada y tenía, en cumplimiento de contratos, fecha de entrega para estos días. Pero fuera de lo previamente pautado, los acopios no están comercializando ni cargando, situación que ya ayer se sintió, al registrarse una fuerte caída de las operaciones.

En Córdoba, los productores -incluso de Federación Agraria Argentina, pese a que no se sumó al paro la conducción nacional- se concentraron, entregaron panfletos informativos y controlaron las cargas de cereales y vacunos en las rutas con ocho piquetes en Santa Elena, Sinsacate, Tancacha, General Deheza, Villa Ascasubi, Pilar, Río Primero y Berrotarán. También se suspendieron los remates de cabañas. 

En Tucumán, los productores resolvieron realizar una jornada mañana en la ciudad de Simoca, donde esperan la presencia de los referentes de las entidades convocantes del paro. En Chaco, donde hay un corte de ruta en Las Breñas, hubo un acto con la presencia de Luis Miguel Etchevehere, presidente de la Sociedad Rural Argentina. Algunos ruralistas le pidieron al dirigente endurecer el paro y llevarlo a 30 ó 60 días. Esto que piden las bases, es decir los productores reu-nidos en asamblea, fue el argumento esgrimido por el dirigente cuando el ministro de Asuntos Agrarios de la Provincia le endilgó haber “forzado un paro contradictorio sólo por su obsesión electoralista a favor de la alianza conservadora”.

Etchevehere le replicó diciendo que la medida se evalúa desde hace tiempo y que fue consultada en todo el país. 

“En trigo, el productor cobra el equivalente a un peso por kilo cuando el público abona por el pan 22 pesos, 2.100 por ciento más. En la producción láctea, al tambero le pagan 3 pesos el litro y el consumidor ve el sachet en la góndola a 13 el litro, 333 por ciento extra. A todo esto, el productor de naranjas recibe  30 centavos el kilo, mientras el consumidor compra el mismo kilo en la verdulería a 9, un 2.900 por ciento más caro”, enumeró Erchevehere, desligando a los productores del rol de formadores de precios o de “culpables” de la inflación.

Además del deterioro de las economías regionales por estos desfases de precios, que ha derivado en algunos casos en que los productores prefirieran tirar o regalar sus cosechas en lugar de cobrar estas irrisorias sumas, se está percibiendo un panorama similar al que llevó a muchos ruralistas al quebranto a principios de este siglo, con remate de campos incluidos.

Es que a la caída de los precios de los granos y retenciones, que se mantienen en 35 por ciento para la soja y 20 por ciento en maíz, se suma el endeudamiento a futuro. Es decir, para lanzarse a una nueva siembra, los productores comprometen su cosecha como pago para insumos, fertilizantes y semillas. Así, cuando llega la trilla, vuelve a encontrarse en la misma situación, en el mejor de los casos. Pero cuando sucede lo que recientemente, que un fenómeno meteorológico se lleva la producción actual y la siguiente (porque no en todos los casos se podrá volver a sembrar la próxima temporada), se da un corte en la cadena de pagos. Y en peor situación están los contratistas, aquellos que con la cosecha deben pagar también el arrendamiento del campo.

Desde el Gobierno el único que se expresó desde el comienzo de la medida de fuerza fue el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, que dijo que hay una depresión fenomenal en término de precios pero advirtió que no se podía cumplir con todos los reclamos. Solo aseguró que se trabaja en políticas agropecuarias que mejoren la situación de los productores. El problema está en que lo que se podría hacer de manera inmediata y conformaría a los productores no es viable en términos políticos: una baja en las retenciones.

Recordemos que éstas fueron incorporadas en el peor momento del país, cuando el Estado necesitaba fortalecerse económicamente. La soja fue el “salvavidas” de entonces. Pero, al igual que otras medidas distorsivas del mercado, que fueron concebidas como de emergencia, nunca más fueron sacadas. La lógica del discurso oficialista, que siempre incluye cifras récord y una economía más floreciente que nunca, llevaría a pensar que se las podría eliminar. Pero en términos políticos, más realistas por cierto, es impensable que ello suceda por dos motivos: la real necesidad de recaudación para achicar el déficit fiscal y sostener el alto gasto público, por un lado. Y por otro, el significado que las retenciones tienen en esta relación altisonante que tiene el Gobierno con el campo; para el primero, es una bandera popular que representa la distribución de la riqueza. 

La realidad es que no hay, en la mayoría de nuestro campo, tales riquezas. Ni oligarquía ganadera. Ni latifundistas. Más bien hay mucha gente que depende del campo, más que de la industria y mucho más que del comercio, sector para el que permanentemente hay políticas de estímulo.

Nuestro país sigue teniendo la matriz agroexportadora, razón por la cual toda la sociedad argentina depende, más o menos directamente, de la suerte que corra el campo. 

Sin embargo, siendo tan clara la dinámica nacional, el Gobierno sigue empecinado en ahogarlo. La asfixia económica es la realidad que padecen los productores en estos difíciles momentos, quienes esperan a diciembre tratando de llegar al nuevo Gobierno con las expectativas de que se concreten los cambios que son tan necesarios para la supervivencia primero y para el crecimiento después.