Epocas de exabruptos y acusaciones cruzadas

En la Argentina hemos naturalizado el uso de palabras fuertes para explicar procesos que pueden tener, o no, distinto grado de desprolijidad. Cuando ingresamos en etapas de campaña política el lenguaje se torna necesariamente más fuerte y los enfrentamientos florecen como los hongos. En el caso que nos ocupa, la palabra “mafia” que es más fuerte de lo que, en realidad, parece, la usó el presidente Mauricio Macri cuando acusó a la Justicia laboral de participar de una “mafia de los juicios laborales”, que, afirmó, obstaculizan la creación de empleos y que la conduce el abogado laboralista y diputado nacional kirchnerista Héctor Recalde.

Macri denunció que existe “un grupo de estudios con un grupo de jueces laboralistas, conducido por Recalde”, que “convencen” a los trabajadores de impulsar demandas que terminan en el cierre de Pymes. Dado que el presidente proviene del empresariado es de esperar que tenga este tipo de sentimientos respecto de lo que llaman despectivamente “industria del juicio”. Y abundó en que “los juicios dejan a un montón de gente sin acceder a un trabajo porque el que tiene que tomar decisiones tiene miedo de que su esfuerzo se le vaya en uno de estos comportamientos mafiosos”. La Asociación de Abogados Laboralistas en cambio habla de que en la Argentina “hay una industria del incumplimiento laboral”. En fin, posiblemente ambas partes tengan una parte de la razón.

En este caso hay que diferenciar entre los derechos que nuestras leyes otorgan a los sectores del trabajo y que en innumerables ocasiones se violan: empleo en negro, subterfugios para no abonar indemnizaciones o para no pagar accidentes, no pago de salarios de convenio. Hay una serie de problemáticas que se ventilan en tribunales y los magistrados fallan en función de las normas. Si consideramos que las leyes laborales son abusivas deberían modificarlas en el Parlamento, de lo contrario los jueces que aplican la norma no pueden ser considerados “mafiosos”. Dicho esto como regla general sin desconocer que si el presidente conoce delitos entre abogados y magistrados deberá denunciarlo puntualmente y probarlo. Así debieran funcionar las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

Los dichos del presidente no fueron sorpresivos, ya que no fue la primera vez que habló de los juicios laborales hace dos semanas, cuestionó con nombre y apellido a Graciela Marino y a Enrique Arias Gibert, dos jueces laboristas que avalaron la paritaria del gremio bancario. La semana pasada, en tanto, empresarios industriales respaldaron una nueva crítica del mandatario a la “mafia” de los juicios y reclamaron una ley que resguarde las Pymes. La realidad es que los bancarios obtuvieron una paritaria acordada con los bancos y el Ministerio de Trabajo no se las quiso avalar; luego la Justicia le dio la razón al gremio de los empleados de bancos. Salvo que haya habido una corrupción que desconocemos, lo que hicieron los jueces, le guste o no al presidente, es acorde a la normativa vigente.

Recalde, que llegó ayer de Ginebra tras participar de la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), opina que los dichos son otro embate contra la Justicia laboral y le adjudicó el tenor de una respuesta a la carta abierta que publicó el fin de semana en Página 12, en la que denunció persecuciones a los jueces laborales. Recalde resaltó que la semana pasada presentó una denuncia contra la Casa Rosada ante la OIT por presunta violación a la libertad sindical y la negociación colectiva. “Tal vez Macri se enteró y no le gustó”, declaró el diputado. Y dijo que otra eventual causante del ataque presidencial es que en 2000 le ganó un juicio laboral a la empresa Correo Argentino. “Tal vez haya un viejo resentimiento personal, porque hace muchos años, cuando Macri era presidente del Correo Argentino, le gané una querella por prácticas antisindicales en la Justicia laboral precisamente”. Y añadió: “Tanto en primera instancia como la Cámara lo condenaron porque estaba obligando a los trabajadores a desafiliarse a los sindicatos. Tuvo que pagar una multa de 300 mil pesos en el año 2000”.

Más allá de este conflicto nacido de un exabrupto presidencial, la realidad es que hay preocupación en el sector Pyme porque cada vez se registran más juicios, una situación que normalmente crece cuando hay crisis económica. Y si bien las leyes laborales que son protectoras del trabajador, que es el sector más débil de la relación laboral, no es lo mismo que pague una indemnización una empresa de porte a la que quizá no le haga ni cosquilla ese pago, a una pequeña empresa a la cual la misma situación lo puede dejar literalmente en la bancarrota, al propietario y al resto de los empleados. En épocas de bonanza económica la misma problemática se padece menos, pero frente a una recesión profunda cada pequeña empresa es igual a cientos de tragedias familiares.

Los industriales piden normas diferenciadas para las Pymes y en vistas a la realidad de lo que están atravesando con esta crisis es probable que haya que ofrecerles algunas salidas a la problemática laboral, sin destruir los derechos del trabajo consagrados en nuestra Constitución Nacional, pero morigerando los efectos que se generan a la hora de pagar una indemnización. Por este tipo de conflictos nacieron las ART, para evitar que un accidente laboral pudiera terminar, al pagarlo, con la vida de una pequeña empresa. De este modo se paga un seguro que se hace cargo de este tipo de problemas que eran muy serios para las Pymes. Y con apoyos y detractores, viene funcionando hace más de una década.

No es una novedad que haya tensiones entre empresarios y abogados laboralistas, siempre las hubo, lo novedoso es el grado de virulencia al que se ha llegado incluyendo en una supuesta mafia a los magistrados del Trabajo. El tiempo dirá cómo termina este conflicto.