Estamos muy lejos de ser un país normal

La conflictividad social en las calles fue escalando durante marzo, generando no solo el enojo de los ciudadanos impedidos de circular un día y otro también sino también un fuerte roce entre el Gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires. Es que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no aplicó el plan antipiquetes que elaboró en el inicio de la gestión Patricia Bullrich. Y hay motivos para esta anomia frente a los cortes: uno es el temor a una escalada de violencia en su territorio, frente a una policía poco preparada para enfrentar la protesta y otro, que se conoció ayer y sorprendió a más de uno, es que la mayoría de las encuestas reflejan un 50 por ciento de porteños que quieren que se frene a los piquetes a como dé lugar y otro 50 que advierte que rechaza cualquier tipo de represión que se ejerza. En fin, típico de argentinos, el no ponerse de acuerdo en nada.

Al fin, en este juego de indecisiones, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió que el gobierno de Mauricio Macri va a “actuar” ante cortes y protestas, lo que “puede tener ciertas consecuencias”. Por eso  pidió “no entrar en ‘la paranoia de la Argentina’”. La funcionaria sabe que al primer conflicto serio en una protesta, las críticas lloverán y por eso hace la advertencia y agregó: “Actuar con decisión puede tener ciertas consecuencias, pero esas consecuencias no significan que vaya a haber un muerto”. Este es un temor que expresó Elisa Carrió que afirmó que “están buscando que haya muertos” y pidió sumo cuidado.

Tenemos que ponernos de acuerdo los argentinos; si queremos vivir en un país democrático debemos acostumbrarnos a respetar la ley, empezando por el mismo Estado, que en estos momentos está buscando establecer un modo para romperla, está buscando cómo ir contra la ley generando el menor perjuicio.

No puede existir ningún protocolo que permita cortar calles o rutas, por la mitad ni de ningún modo, porque la norma lo prohíbe expresamente. La protesta no se debe prohibir pero sin cortes de vías de circulación. Algo que parece simple de comprender y sin embargo hasta ahora no hemos logrado ese mínimo orden. A ver: si el robo está penado no puede ponerse el Estado a buscar un modo de que robar sea lícito. Lo mismo le cabe a la interrupción de la libre circulación.

La idea de la ministra Bullrich es comenzar la tarea de dispersar las protestas evitando que se corten calles y ni hablar rutas, con una suerte de nuevo plan antipiquetes. El problema es ese: buscar disolver lo que ya se gestó. Lo interesante sería evitar que un corte se produzca, precisamente antes que se produzca y no querer ganar la calle cuando ya fue ganada. Y eso se logra con inteligencia y con Inteligencia. Sí, no es un error de expresión: inteligencia en cuanto a sagacidad e Inteligencia en cuando a servicio en función del Estado de derecho.

Es una locura haber llegado a este punto en un tema tan sensible, no hay país del mundo donde grupos chicos, medianos y grandes hagan lo que quieran en las calles, perjudicando al resto de los ciudadanos que no pueden circular. Lamentablemente el Gobierno anterior dejaba hacer y el actual, hasta ahora también, aun cuando la conflictividad aumentó y mucho. Por eso hay quienes hablan de derechos adquiridos, por personas que a su vez ya tienen una entidad social otorgada, que los ha convertido en un nuevo sujeto de derecho: el piquetero. 

La iniciativa oficial en este tema debiera orientarse no a repeler sino a prevenir, para evitar el choque directo con la protesta. Y eso se logra primero con negociaciones mano a mano con las partes y luego con información ajustada para conocer de antemano los lugares donde se van a producir los cortes. No esperar que las organizaciones piqueteras los informen, como ahora se pretende, sino investigar para hacer defensa del espacio público para los ciudadanos que tienen el derecho a circular por sobre la ocupación con fines de protesta. Sabiendo lo que sucederá, es posible llegar antes con las fuerzas de seguridad ya no para reprimir sino para disuadir y desviar la manifestación hacia donde es pertinente, pero antes de que se instalen. Es una mínima inteligencia la que deben hacer en este caso y sería un beneficio para todos.

Ya se han expresado los grupos piqueteros respecto de qué actitud tomarán frente a lo que se propone el Gobierno: en medio del anuncio para un plan antipiquetes, el jefe del Movimiento Evita salió a desafiar al Ejecutivo y cruzó a la ministra de Seguridad. “La semana que viene vamos a salir de vuelta a las calles y le anunciamos a la compañera Patricia que vamos a cortar las rutas, que no se imagine otra cosa”, afirmó Emilio Pérsico. Es decir, ya declararon la inviabilidad de la idea antes de que vea la luz. Es que al menos en este momento, es realmente inviable. 

Así como los piqueteros no creen que el Gobierno les preste atención si no utilizan estos métodos, Bullrich no puede creer que le vayan a hacer caso a su protocolo. Sería de su ingenuidad. Por eso no se entiende a qué estamos jugando. Claramente, a que todo siga como hasta ahora. Hablando en criollo, lo único que le queda al Estado, después de años de no hacer nada para que se cumpla la ley, es “primeriar” y evitar que se produzca esa infracción. Es decir, sin anuncios ni debates que pongan en alerta, “caer” siempre antes de cada protesta y ganar espacio. Sí, como en la época medieval. Tristemente, a esos tiempos remiten muchos comportamientos que se ven en nuestra sociedad.  

El desafío que plantea la protesta al Gobierno es una pésima noticia porque genera más complejos al oficialismo a la hora de hacer cumplir las leyes en nombre de los ciudadanos que no pueden circular. Preocupa más el humor social de las agrupaciones, de la prensa y de la oposición que el oprobio que vive la mayoría de la sociedad. Por eso, aunque a simple vista es claro lo que se debe hacer en un Estado de derecho, todavía se duda.

Como es fácil advertir, estamos muy lejos de ser un país normal.