Editorial

Frente al aborto legal, una adopción rápida y segura


Con la media sanción de la ley del aborto legal, seguro y gratuito que pasará al Senado con un pronóstico de aprobación, hasta ahora, bastante menos problemático de lo que se esperaba, debemos poner la problemática en perspectiva.

Mucho se habló en estos meses previos a la sanción de la ley de enseñanza sobre salud sexual integral hace años aprobada pero que en la práctica no se aplica en la mayoría de las escuelas. Y la verdad es que muchos que defendían votar el no al aborto legal, se acordaron de esta norma y pedían su cumplimiento recién a medida que veían que, al fin, la despenalización se aprobaría. Porque la realidad es que en la Argentina que exista una norma no es garantía de que se cumpla, lo que presupone una suerte de anomia, de desorden social que debiéramos superar alguna vez.

Es obvio que si se cumpliera la norma de salud sexual integral quizá hubiésemos evitado más de un embarazo adolescente o no deseado a cualquier edad, mucho de los cuales seguramente engrosará la nómina de abortos ilegales que se realizan en nuestro país.

Pero no solo cumplir con las leyes evitará males mayores en esta cuestión de la interrupción voluntaria de un embarazo, que, aunque legal, no deja de ser traumático y peligroso para la salud. Hoy más que nunca, en paralelo a esta opción para una gestación no planificada, debemos resolver de una vez y para siempre la cuestión de la adopción en la Argentina. Porque si pretendemos evitar el aborto, como un modo de resolver problemáticas de tipo social, la adopción ágil, amorosa y con garantías para los involucrados, sería un camino que nos mostraría en nuestro costado más humano. Darle a un niño que, por las cuestiones que fuesen, ha sido rechazado por sus padres una familia y una vida feliz, es lo que tenemos en nuestras manos para hacer. Y, al mismo tiempo, procurar la realización parental a muchas parejas y personas solas que no pueden acceder a ella por vías naturales. Hoy en día esta opción no es viable en nuestro país, para ninguna de las partes del proceso de adopción. En cambio, se ha tornado paradójicamente más “accesible”, la procreación asistida, aun con sus complejidades sanitarias y elevados costos.

En la Argentina es una suerte de Cruce de los Andes a pie lograr una adopción plena. Niños que se van haciendo mayorcitos esperando una familia en la soledad de un orfanato o paseando de casa en casa de tránsito, parejas (homo y heterosexuales) y personas solas que viven angustiadas porque pasa el tiempo y los trámites nunca terminan. Para entenderlo, es necesario saber que en Argentina la cantidad de postulantes a adopción es ampliamente mayor al número de niños en situación de adoptabilidad, como primer punto. Dicho esto desde el punto de vista legal, porque todos sabemos de tantas adopciones ilegales, nacidas más de la desesperación de las partes que de la intención de cometer un delito, posiblemente.

Los chicos que llegan a instancia de adoptabilidad en nuestro país vienen de familias que no quieren tener niños en ese momento o que no pueden criarlos. A un abultado registro de adoptantes se contrapone que hay muy poca cantidad de niños huérfanos porque no tenemos catástrofes; esta cuestión que en realidad es una bendición para la Argentina -digámoslo también- hace que la cantidad de niños para adoptar disminuya. Y otros tantos no han llegado a nacer por abortos clandestinos que, sabemos, es un triste negocio siempre floreciente. Tanto o más traumático que abortar puede ser para una mujer llevar nueve meses la criatura en el vientre para luego entregarlo, pero la adopción tiene que ser una opción asequible para ella. Una mujer tiene que poder decidir teniendo también esta alternativa tan a su mano como probablemente tendrá la de ir a un hospital público a adoptar. Al fin, dolor por dolor, estarán aquellas que quieran convertirlo en un gesto de amor.

Solo a modo de ejemplo, las estadísticas dicen más o menos que de 500 adopciones anuales, hay 5.000 familias postulantes anotadas. Sean monoparentales, uniones convivenciales o matrimonios. El asunto es que el 90 por ciento está inscripto para niños de hasta un año; el 34 de hasta 6 años; el 13 hasta 8 años y el 0,8 hasta 12 años. Porque la realidad es que todos quienes pretenden adoptar quieren bebés, porque entre otras cuestiones sueñan con criarlos de acuerdo a sus valores, sin tener que lidiar con los años de abandono que ha sufrido el menor -generalmente por culpa del Estado y la ausencia un trámite ágil- y consecuencias con las que quizá no sepan cómo resolver.

Para estos casos de chicos mayorcitos, o varios hermanos que van juntos o niños con capacidades diferentes se realizan las llamadas convocatorias públicas, para que se presenten familias espontáneamente, se las califique y puedan ser adoptantes de estos casos particulares. Y aunque parezca difícil, aparecen postulantes muchas veces y se logra una familia, en otros casos lamentablemente no.

Como muchos de los militantes y adherentes a la despenalización del aborto sostienen, nadie va -ni lo hará al amparo de la ley- “alegre y feliz” a abortar. El cambio vendrá dado, de aprobarse el proyecto- por las garantías de salubridad que tendría este triste proceso. Lo mismo debiera pasar con la adopción: siempre será doloroso entregar a un hijo a la crianza de otros, pero para que sea una alternativa a considerar, debe existir una ley que haga esta decisión lo menos traumática posible, y sobre todo ágil, por el bien del niño. Hoy los plazos son excesivamente largos y debemos pensar que si se quiere promover la adopción para evitar que se aborte ese niño, entre otras cuestiones una mujer no querrá dejar a su hijo a la deriva por años antes de que tenga una familia. Es posible, vemos en otros países cómo la adopción es una salida real al problema del embarazo no buscado, con trámites menos burocráticos y mayor celeridad. Al fin lo que está en juego es la vida de un menor a quien se le retrasa la posibilidad de tener una familia. Mientras la Justicia busca una abuela o un tío que se haga cargo de un niño que su mamá no quiso y se da vueltas sobre un vínculo que no tiene vuelta atrás, los años pasan, ese niño se hace más grande y ya es muy difícil que una pareja lo adopte. Porque el grueso de la demora se produce en el momento en el que la Justicia debe decidir si un niño que llega a una institución bajo la sospecha de encontrarse en estado de abandono efectivamente fue abandonado por su familia biológica. Y la verdad es que hay casos de abandonos tan claros que no se entiende la demora, más que por exigencias de una burocracia que conspira contra la adopción. En este punto, respecto de agotar hasta las últimas consecuencias la posibilidad del vínculo biológico, hay que hacer una revisión de nuestro cuadro normativo y constitucional, al estilo del debate abierto sobre el aborto. Porque hay chicos en instituciones que pasan su vida ahí, a merced de la inestabilidad de sus familiares de sangre, lo cual es absolutamente injusto. Hay que ser más veloces para evaluar en cada caso las posibilidades de que los chicos vuelvan con sus familias, la nuclear o la ampliada, o que sean definitivamente adoptados.

Nuestra legislación privilegia buscar devolver los niños a su familia biológica, casi en cualquier circunstancia, lo que muchas veces termina naufragando porque hay familias que, por más que lo intenten, no pueden terminar haciéndose cargo. Tiene que haber un coto para estas prerrogativas.

En estos temas hay una gran hipocresía, porque es claro que si el niño pudiera estar con su madre, nada mejor. Pero forzar un vínculo que en definitiva la familia no quiere tener, termina siendo una tragedia con un chico que se hace grande en instituciones o boyando de casa en casa de tránsito.

Podríamos seguir hasta lo indecible con esta problemática, pero lo que urge es que el Parlamento, de una vez y por todas, analice una nueva ley de adopción, moderna, con los pies sobre la tierra y que realmente resuelva problemas en vez de eternizarlos.

Lo hicimos con el aborto, lo debemos hacer con la adopción, pero ya.

 

 


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