Editorial

Hacer el ajuste a los jubilados ¿no hay otro camino por donde empezar?


Aunque se lo llame reforma, queriendo darle un criterio más integral al cambio, o se lo quiera denominar como un cambio en la fórmula para calcular los aumentos, en los hechos, los jubilados cobrarán menos. Sin introducir modificaciones a lo aprobado en Senadores, y ya con dictamen favorable en Diputados, el Gobierno avanza sin pausa hacia la aprobación de la norma que modifica la fórmula para calcular la movilidad en los haberes jubilatorios. Y lo hace contra todos; los comunicadores del círculo rojo, tal la calificación de Jaime Durán Barba, que criticaron sin tapujos este proyecto que perjudica a los jubilados, sobre todo de la mínima. TN, América, Canal 13 y otros envíos de distintas emisoras, se cansaron de pedir que se retirara la norma. Hasta las voces mediáticas más reveladamente macristas, como Mirtha Legrand y Susana Giménez, se manifestaron en contra. Es que nadie puede negar que si hay un sector vulnerado en sus derechos por el Estado es el de los jubilados, comenzando con su cobertura médica y terminando con sus haberes. Todo fruto de sucesivas malas decisiones, a dineros previsionales que se han desviado hacia otros fines, a un sistema de por sí deficitario por una mano de obra en negro que no aporta (y poco se hace para que lo haga) y luego cobra, y también debido a literales desfalcos a la obra social de los abuelos. Es decir una caterva de errores y una fiesta de dislates que sin dudas hay que empezar a enmendar. Pero, ¿justo por cuenta de las víctimas de todo esto?

Constitucionalistas de renombre han salido afirmando que la reforma no se corresponde con la Carta Magna y que habrá otra oleadas de juicios de pasivos, cuando está a medio hacer la reparación histórica que, al fin, no fue tan auspiciosa como se planteó en un comienzo.

Ayer a la tarde un encuentro de jubilados que marchó al Congreso para ingresar a las comisiones donde se trataba el proyecto previo a ser llevado al recinto terminó en un escándalo; hubo empujones a algunos diputados, porque muchos pasivos lograron superar la seguridad del Parlamento y ardió Troya. Las imágenes fueron realmente tensas y tristes promediando las 16:00: el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, fue atacado; el diputado peronista Agustín Rossi intentó separar; hubo legisladores acorralados contra la pared y otros insultados y zarandeados. Una situación realmente difícil, que llevó a que las reuniones de legisladores hubiera que levantarlas.

Y como siempre, la grieta: los anteriores culpando a los actuales por el ajuste y los actuales culpando a los anteriores por ser los artífices del desastre que lleva a tomar estas medidas para subsanar. Pero insistimos: ¿perjudicando a los que ya de por sí son perjudicados por este sistema perverso? ¿No se les ocurre otra manera?  

En el programa Animales Sueltos (América) se presentaron el lunes encuestas que mostraban que más del 80 por ciento de los encuestados rechaza la propuesta de reforma previsional, pero lo curioso es que cuando se le pregunta al mismo colectivo si le sorprende, una amplia mayoría dice que no le sorprende.

Esto puede tener dos lecturas: los encuestados tienen conciencia de que hay que generar cambios en el sistema jubilatorio, históricamente errático en el manejo que han hecho de los distintos Gobiernos de una caja que era atractiva y jugosa y que ahora quizá ya no sabemos si lo es tanto. Los abusos, el usar la plata de los jubilados para proyectos que no eran rentables, los autopréstamos al propio Estado con esta caja, las jubilaciones sin aportes que se entregaron a manos llenas y la gran economía negra de la Argentina con muchos que no hacen aportes a sus trabajadores. Qué más podemos pedir para que más temprano que tarde hubiese problemas previsionales.

Pero otra lectura a la interpretación ciudadana es que considera que esta gestión, con su carga ideológica, es incapaz de generar otro tipo de medida de sanación que no sea por medio del ajuste a sectores vulnerables.

Lo lamentable es que una vez que el Gobierno ganó las elecciones negando que iba a tocar las jubilaciones, lo primero que hace tras los comicios es enviar la reforma previsional que perjudica al sector más castigado de nuestro país, a los millones de pasivos que cobran poco más de siete mil pesos, la mitad de una canasta básica de un jubilado. Si necesitamos achicar gastos del Estado ¿vamos a empezar por los jubilados? 

Si bien dicen que no es un ajuste sino una modificación de la base de cálculo, nadie hasta ahora ha podido decir que no perjudica a los abuelos. Con la paupérrima comunicación que tiene este Gobierno, han salido -tarde como siempre- a decir eufemismos como que perderán dinero pero no poder adquisitivo, o a lo sumo un porcentaje mínimo. 

Mientras esta iniciativa avanza, bajo la bandera de achicamiento del Estado, se dan a conocer otras, como la reducción compulsiva de los cargos políticos. Ni el daño que tendrán los jubilados justifica el mísero ahorro que se hará la Anses ni despedir a algunos implicar una reducción significativa del gasto público en concepto de salarios. Es por otros lados por donde se licúa el dinero inútilmente. Hasta ahora los legisladores provinciales se bajaron a desgano un punto y pico de su enorme presupuesto, la cantidad de asesores, viáticos y otras yerbas que componen sus ingresos siguen inalterables y los gastos nacionales de los funcionarios no solo no bajan sino que suben. Una cuestión que el presidente Macri ha prometido solucionar a corto plazo, pero hasta ahora no hemos visto nada.

Para entender de qué estamos hablando: lo que se? cambia es la fórmula de movilidad que alcanza a más de 17 millones de personas, entre jubilados, pensionados, pensiones no contributivas, beneficiarios de asignaciones familiares y las que se reciben por hijo. En lugar del ajuste semestral sobre una base de 50 por ciento de la evolución de los salarios y 50 de la recaudación, se usará el 70 por ciento de inflación y 30 de suba de los salarios formales. Y en lugar del aumento semestral, se aplicará por trimestre. En lo inmediato, esto significa que en marzo de 2018 en lugar de otorgarse el aumento semestral de julio-diciembre, que ronda un 12 por ciento, se otorgará el aumento de la nueva fórmula de julio a septiembre de 2016, que arroja un 5,7. Esto lleva a que en el inicio del cambio de fórmula, hay una merma en los haberes y un retraso de hasta 6 meses en el ajuste de los beneficios. Para 2018 se calcula un “ahorro” para el Estado de casi 100.000 millones. Pero a costa del sufrimiento de uno de los sectores más castigados y vulnerables de la sociedad históricamente. Lo concreto es que los jubilados recibirán de aumento este año la mitad de lo que les corresponde por la actual ley que dejó el kirchnerismo.

Nos viene a la memoria Norma Pla que marchó todos los miércoles durante los 10 años del gobierno de Carlos Menem al grito de “450”, rodeada de un nutrido grupo de jubilados, porque cobraban 250 pesos y no llegaban ni a comer a fin de mes. No lo logró y falleció esperando esa mejora que nunca llegó. Y esta es la historia de nuestros jubilados en todas las épocas.

También incluye la ley que se pretende votar que los trabajadores en relación de dependencia del sector privado podrán optar por jubilarse a los 70 años, y recién entonces los empleadores podrán intimarlos a que inicien el trámite del retiro jubilatorio. Los estatales quedan excluidos. Las mujeres hoy tienen la opción de jubilarse a partir de los 60, con 30 años de aportes, y pasa a ser obligatorio a los 65. Si se aprueba el proyecto, podrán jubilarse entre los 60 y 70. Y los varones la opción rige entre los 65 y los 70 años. Actualmente, la intimación del empleador solo puede concretarse si el trabajador reúne dos requisitos: tener como mínimo 65 años y al menos 30 años de aportes.

 

En fin, hacer el ajuste con los jubilados cuando todavía hay mucha carne en el hueso para quitar en otras áreas es realmente una decisión al menos cuestionable, por no decir dolorosa para millones de argentinos que verán comprometida su cuestión alimentaria y sanitaria. 


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