Jueces, corrupción, polémica y política

En la Argentina todo termina siendo cuestión de votos. Una dependencia de estas características podría ser positiva porque nos remite a trabajar sobre la base de consensos si no fuese porque se mete en la institucionalidad misma y esta debe ser necesariamente estable en un país serio.

Para que se entienda lo que planteamos, nos hacemos una pregunta: si el Gobierno no hubiese asentado su poder en las Paso demostrando que mantiene y crece en sus apoyos, ¿se hubiese podido comenzar a reformular la Justicia? Dicho de otro modo, si no hubiese ganado las internas no hubiese logrado suspender al camarista Eduardo Freiler, porque al fin en el Consejo de la Magistratura se mantuvo alto nivel de especulación respecto de tomar decisiones que eventualmente beneficien a los actuales mandatarios o mantenerse fieles a los anteriores.

El oficialismo consumó este jueves su pretensión aunque tuvo que recurrir a un ardid legal pero discutible: aprovechando la incertidumbre generada por la suspensión del consejero oficialista Ruperto Godoy y ante la falta de un miembro del bloque kirchnerista, impuso en la sesión su mayoría (ocho votos) para suspender y enviar a juicio político al camarista Eduardo Freiler por presunto mal desempeño de sus funciones por no poder justificar sus ingresos.

La silla de Frelier es clave, sin duda, porque ocupa un lugar en el tribunal que define causas por corrupción contra funcionarios públicos del pasado y el presente. Solo para tener una idea, por su despacho pasan causas como Los Sauces, Hotesur, la ruta del dinero K, desvíos en la obra pública y también todas las denuncias que ha recibido el macrismo. Y la realidad es que su salida le daría al macrismo la posibilidad de designar un representante en la Sala I.

Freiler no es una víctima de la política, en todo caso, aunque lo parezca, porque pesan sobre él acusaciones suficientes para que se le sustancie un juicio político. No puede justificar cerca de seis millones de pesos entre lo que cobró y gastó entre el 1º de enero de 2012 y el 31 de octubre de 2016, según sus propias declaraciones juradas, además de estar cuestionado en su quehacer y por tener vínculos familiares con los implicados en las causas sobre las que tiene que juzgar.

El kirchnerismo denunció una maniobra ilegal porque no se esperó a que el Consejo esté completo con sus 13 integrantes. “Se cargan la voluntad popular. Decían que venían por el fortalecimiento de las instituciones, la democracia y la república”, dijo la senadora del Frente para la Victoria, Virginia García, cuñada de Máximo Kirchner. La realidad es que si hubiese estado completo el staff de consejeros K, el camarista no hubiese sido suspendido, ya que constantemente han bloqueado con sus votos esa posibilidad. Por eso el Gobierno aprovechó la circunstancia temporal de que que el peronismo tendría un voto menos hasta que asuma Mario Pais, el senador que sucederá a Ruperto Godoy, el kirchnerista desplazado por no ser abogado. ¿Legal? Sí. La legitimidad de la sucesión de hechos, la ética, es lo que está en cuestión y sin justificaciones objetivas. Las lecturas de los hechos se balancean según quien las haga.

Pero volviendo a esta lógica tan argentina de ser “votodependientes”, lo cierto es que aun existiendo mérito para la destitución de Freiler y su juicio político, la conformación del Consejo de la Magistratura hacía inviable que se siguiera ese curso que en otros países sería natural. Sin eufemismos: en Argentina la institucionalidad está signada por la política, lamentablemente. 

La reunión del Consejo fue un verdadero griterío, con acusaciones cruzadas entre oficialistas y opositores, denunciándose mutuamente de manipulación de la Justicia y de violar las instituciones. 

Para nosotros, que lo vemos de afuera, la lectura es más sencilla pero también atravesada por la “grieta”: los que creen que los gobiernos K fueron corruptos y amparados por la Justicia, justificarán lo hecho diciendo que si de los nueve votos que se necesitaban en el Consejo para lograr la destitución, el oficialismo tenía solo ocho para enviar a juicio político a un juez, se necesitaba esta estrategia para lograr hacer “justicia”. Quienes sostienen que se trata de una cacería de brujas al kirchnerismo, dirán que es ilegítimo, que es una maniobra política y que se alteró el espíritu de la institución en cuestión. A decir verdad, ambas visiones contienen verdades.

Para el Gobierno parece que era la única forma de empezar a desandar el camino de una Justicia, donde hay claramente irregularidades. Eso es innegable. Pero más allá de la estimable buena intención, la maniobra realizada traerá problemas porque da argumentos a Freiler para pedir la nulidad de su juicio político. 

El punto en que estamos es muy serio y complejo, porque tenemos una Justicia a la que la sociedad ha puesto bajo sospecha, las causas de corrupción avanzan solo para “perejiles” o colaterales y los peces grandes pasan años imputados, en el mejor de los casos procesados, sin condena definitiva, la que puede demorar 20 años o más y con las apelaciones que pueden llegar hasta la Corte Suprema. La enumeración de casos para ejemplificar podría ocupar toda la página, pero recordemos por ejemplo que Carlos Menem aun no tiene condena firme en una causa como la venta de armas a Croacia y Ecuador, hechos que ocurriendo en 1991. Skanska, de 2006, va por el mismo camino; recién la semana pasada se incorporaron al expediente las grabaciones de escuchas telefónicas clave a la causa. 

La Justicia ha demostrado además ser claramente espasmódica con el poder de turno, juzgó a Menem cuando ya no estaba en el poder; juzga al kirchnerismo cuando gobierna el macrismo y de seguir así, hará lo mismo con los actuales habitantes de la Casa Rosada. Este tipo de Poder Judicial tan funcional al poder no nos ayuda a construir un país serio, por el contrario podríamos decir que quienes están en el poder tiene “piedra libre” mientras lo conservan y deben ser lo suficientemente vivos como para dejar dirigentes que les respondan cuando se vayan del Gobierno en lugares claves para retrasar juzgamientos y evitar condenas.

La suspensión de Freiler, todo parece indicar, es el primer paso; a éste le seguirán otros pedidos de juicio político a otros magistrados y se planea llegar a la misma Procuradora, Alejandra Gils Carbó. Pero para los otros casos por venir, la oposición no está desprevenida y ya circulan por las redes pedidos de firmas y apoyos a magistrados y funcionarios judiciales. La lucha pasará por lo judicial y lo político, ya es inevitable. Tampoco en Comodoro Py cayó bien lo de Freiler, porque aunque mucho de sus pares lo destratan en privado por sus fallos y su estilo de vida sospechado de corrupción, cuando se toca a quien forma parte de un colectivo, muchos son los que se sienten observados y comienzan a buscar modos de protegerse de lo que sienten es una oleada contra el Poder Judicial.

El asunto es lograr que la Justicia se vaya recambiando pero no para que quienes aun eran funcionales al Gobierno anterior, ahora lo sean de los mandatarios actuales, porque entonces estaremos igual o peor que antes. Evidentemente la tentación de nombrar magistrados “del palo” ha sido imposible de soslayar durante el menemismo y el kirchnerismo. Por eso ahora la expectativa sobre lo que Mauricio Macri hará con los nombramientos que surjan del corrimiento de camaristas y jueces nos demostrará si estamos en el camino correcto o es más de lo mismo, en una democracia que si no la cuidamos se vaciará de contenido.