Editorial

La Argentina ilegal de la que todos participamos


El complejo La Salada tomó dimensión internacional cuando el diario El País, de España, lo mencionó como “el mercado negro más grande de América Latina”, según la justicia de Estados Unidos (en 2012). El diario contó que según el Departamento de Comercio de Estados Unidos, los precios de La Salada no ofrecen ningún misterio: se trata de “productos pirateados o de contrabando, porque el control legal ha sido escaso e intermitente, y eso en el mejor de los casos”.

Fíjese el lector qué paradoja: en Europa y Estados Unidos no solo se sabía sino que también se hablaba a viva voz de que en La Salada todo era ilegal mientras que en la Argentina todo sucedía (y sucede en nuestras narices), es decir que lo sabemos, pero preferimos no decirlo en voz alta, mirar para otro lado, esconder bajo la alfombra. Hasta que sucede lo del miércoles, cuando voló por el aire ese “castillo de naipes” en Lomas de Zamora, y todos al unísono aplaudimos y felicitamos el accionar de Policía, Justicia y política que desbarataron “el mercado negro más grande de América Latina”.  

La Salada llegó a los diarios mundiales porque Guillermo Moreno llevó a su mentor, el hoy detenido Jorge Castillo, a Angola en una misión comercial. Algo así como el ejemplo argentino del éxito a imitar. Moreno se ufana de su amistad con este personaje “es el único amigo radical que tengo” y dijo que no sabía que era mafioso. En fin, kirchnerismo mágico.

En esta feria, Jorge Omar Castillo había instalado una suerte de Estado paralelo. Tenía su propio ejército, que, según la Justicia, usaba para extorsionar a puesteros y obligarlos a hacer un pago mensual a cambio de poder trabajar en el espacio público, en Ingeniero Budge.

Con este operativo quedó a la luz lo que era sabido, lo que muchos suponíamos, lo que puede presumirse como verdad y lo que jamás imaginamos.

Sabido era que el funcionamiento integral del lugar no era claro y que había un alto porcentaje de evasión; suponíamos que mucha de la mercadería era ilegal; es presumible que quienes estaban en la adyacencia del edificio conocido como Punta Mogotes fueran obligados a pagar a pesar de estar en la calle. Pero lo que jamás imaginamos es que allí dentro se vivieran escenas del Medioevo, con castigos físicos, vejaciones y torturas a las “mecheras”, es decir, utilizando una ley propia. 

Pero lo más sorprendente es que mientras el Estado no recauda nada de este mega negocio de dinero negro, Castillo se hizo literalmente millonario a costa de la pobre gente que trabaja allí.

Que se entienda: ojalá toda la gente que hoy no tiene para vivir, como alguna vez le sucedió a Castillo, pudiera en pocos años alcanzar el estándar de vida que hoy disfruta este señor. Lo que no es admisible es que lo haga estafando al Estado y cometiendo otro tipo de delitos económicos. En este país, por otra parte, es prácticamente imposible hacer fortuna tan estrepitosamente por lo que las mentes brillantes que ocupan espacios en la Justicia y en las oficinas de recaudación supieron siempre que algo olía mal en Dinamarca y nada hicieron. ¿O sí? ¿Tal vez acoplarse de algún modo a la bonanza de Castillo? ¿Tal vez desviar la mirada por temor?  

Al fin, esta semana, la Policía bonaerense y la Gendarmería detuvieron a 21 personas, acusadas de asociación ilícita y extorsión. Entre ellas está Castillo, que fue apresado en su enorme mansión en un country de Luján. En los allanamientos de la madrugada fueron secuestradas casi 30 armas de fuego, entre las que había fusiles con mira telescópica, pistolas .40 y 9 mm.  No vamos a ahondar en pormenores de los operativos, lo que se encontró ni el patrimonio de este sujeto porque ya los medios audiovisuales dieron y seguirán dando cuenta de ello. Pero baste decir que se lo apresó por aquellos delitos sobre los que se pudieron recabar pruebas pero, como se sabe, hay mucho más en ese emporio de la zona sur del Conurbano. 

Castillo está acusado, por el momento, de integrar una de las tres asociaciones ilícitas dedicadas a extorsionar a casi 8.000 puesteros que se instalaban en las 10 cuadras que rodean la feria de La Salada. Debían pagar 500 pesos diarios cada uno para alquilar una estructura metálica de un metro cuadrado.

Además de Castillo fueron detenidos otros 20 sospechosos; entre ellos, su hermano Hugo, su sobrino Adrián, y su cuñada, Gladys Elcira Arrieta. También hay varios barrabravas de Los Andes, Huracán y River, además de tres policías que serían cómplices. 

Toda la actividad ilegal por la que fueron acusados los detenidos se habría desarrollado fuera del predio donde funciona la feria que legalmente administra Castillo: Punta Mogote. A pesar de que se trata de un espacio público, esos puestos funcionaron durante varios años sin trabas ante la vista de todos.

Pero además de estos delitos, La Salada misma, dentro de este predio de ferias informales el dinero siempre circula en efectivo, sin facturas y en medio de presiones y negocios turbios.

El planteo que surge ahora es que pasará por las innumerables familias que viven en forma directa o indirecta de La Salada. Como decíamos al principio, se ha caído un “castillo de naipes”. Se desmoronó un negocio que nunca debió existir, pero que generó un modo de vida para muchas personas y la creencia en otras de que está bien comprar ropa que viola la ley de marcas, que no está facturada, que es ingresada a pie por nuestras fronteras.

Como siempre, pagará algún justo por un pecador. Y algo se deberá hacer para regularizar a quienes quieran seguir con la actividad, que puedan blanquear la tarea que realizan, que vendan en forma legal, lo que además los sacaría a los puesteros de las garras de las mafias que operan y los extorsionan. No faltará quien rechace el ofrecimiento y prefiera la clandestinidad. 

Pero lo que nunca se puede hacer ni decir, ni siquiera pensar, cuando cae un mafioso de este tipo es que el perjuicio puede ser grande debido a que se “cae” su negocio.

Con ese criterio, como en las villas muchas familias viven de la venta de droga, habrá que ser “contemplativos” con los narcos. 

Castillo se ha cansado de salir en televisión abierta defendiendo que en La Salada se vende barato porque “no se abusa” de los clientes. Mientras la Came (donde se nuclean las Pymes) dicen que los costos los abaratan al no pagar impuestos ni cargas laborales. 

Las diferencias de precios con los comercios legales son enormes, del 40 por ciento o más. Es que los puestos –incluso los legales que pagan a Castillo 5.000 pesos por día– compran sus mercaderías en talleres textiles clandestinos, donde trabajan inmigrantes en condiciones de esclavitud, o lo ingresan desde países limítrofes eludiendo la Aduana. Además, al no pagar cargas sociales, ni Ingresos Brutos ni ningún tipo de derecho sobre las marcas que estampan, los precios resultan más bajos.

Esta es la realidad, la competencia desleal para con el comercio legal, que debe pagar impuestos y no puede bajar los precios a los valores de “las saladitas”.

Y para dejar de mirar al costado como se hizo por más de 20 años con La Salada, los ciudadanos, al mismo tiempo que aplaudimos el operativo tenemos que hacer nuestro mea culpa porque somos los que alimentamos este tipo de comercio. Lo hacemos cuando compramos más barato a sabiendas de los motivos de ese bajo precio, cuando vendemos o compramos mercadería nueva a través de las redes sociales, evadiendo todo tiempo de control y tributación, cuando lo hacemos puerta a puerta.  

Como siempre sucede en estos casos, si el Gobierno busca cortarles el negocio, deja a la gente sin trabajo, a los puesteros en Buenos Aires, a las chicas que viajan a comprar para luego vender en sus ciudades, por ejemplo. Y si les permite seguir con esta venta en negro, perjudican a otros vecinos que tienen comercios legales y que también son vecinos de nuestra ciudad y nuestra provincia, que son los que con sus aportes sostienen la escuela, la salud, las jubilaciones, los subsidios, que luego disfrutamos todos.

Lamentablemente en la Argentina todo es así, desestructurado, mal armado desde la génesis y en la medida que se va intentando regularizar estos grandes agujeros negros, los problemas se multiplican. 

 

La Argentina ilegal se resiste y todos de algún modo somos cómplices en esta cuestión.


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