Editorial

La Justicia cada vez menos comprometida con la gente


El tribunal entrerriano que le había otorgado las salidas transitorias al hijo de Miguel Angel “Mameluco” Villalba, Iván, detenido por el crimen de un empleado municipal en el partido bonaerense de San Martín, impactó en la opinión pública. No porque sea el único caso, sino por la reiteración de estos asuntos, donde violadores salen anticipadamente y violan y matan; asesinos que son liberados antes de cumplir la pena y salen y matan. 

Para poner algo de sentido común a este caso, “Mameluco” armó una especie de cartel de venta de drogas en el que trabaja toda su familia, ¿las salidas transitorias del hijo para qué cree la Justicia que las necesita? Y es tan de lógica lo que planteamos, que apenas comenzó a salir, anticipadamente, mató a un muchacho de treinta y pico de años, trabajador municipal, con hijos. 

Da pena, si no daría risa, que el abogado defensor del joven diga que no regresó al penal porque había sido secuestrado en el camino. En fin, el profesional hace su trabajo, acá los que no están haciendo el suyo son los representantes de la Justicia, claramente. Ahora le revocan las salidas transitorias y enfrentará cargos por un nuevo crimen. Pero ya mató y ¿quién se hace cargo de haberlo dejado salir en forma anticipada siendo tan peligroso?

Y siguen los “éxitos” judiciales: el camarista de Trelew Alejandro Defranco calificó de “prensa barata” a los medios que difundieron el fallo de la Cámara Penal que integra y que benefició a un abusador de menores con una pena de 30 horas de trabajo comunitario.

Al conocerse el tema y generarse un escándalo, el Ministerio Público Fiscal de Trelew presentó un recurso de impugnación ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Chubut para que se revea la decisión de la Cámara y el acusado finalmente sea sometido a un juicio oral.

Se trata, en este caso de un hombre de 66 años que abusó de las nietas de su pareja, de 10 y 11 años durante un tiempo prolongado. La Cámara rechazó el pedido del juez Sergio Pineda de elevar la causa a juicio y lo benefició con una probation: 30 horas de trabajo comunitario en el lapso de 1 año y medio. ¿Les arruinó para siempre la vida a dos menores indefensas y le dan una pena como si hubiese cometido una infracción de tránsito? Una vergüenza desde donde se mire.

Lamentablemente si la Justicia no contribuye a un proceso para mejorar seguridad, los delitos seguirán escalando hasta que ya no podamos vivir nunca tranquilos. Y no hablamos solo de robos, hablamos de robos con violencia, de crímenes graves, de violaciones, de asesinatos. Y la pregunta cae por su propio peso ¿por qué nadie cumple las penas en la Argentina?

Hay diversas respuestas a esta pregunta, hay una corriente de opinión que acusa al exministro de la Corte Eugenio Zaffaroni de haber formado una generación de ultra garantistas, porque el criminólogo argentino conocido en todo el mundo, dicho sea de paso, tiene su particular teoría de la pena. Y las universidades públicas de derecho hace años estudian por sus manuales. Sus detractores lo acusan de ser abolicionista penal, una teoría que plantea como premisa básica el fracaso de la cárcel y cada una de las herramientas del sistema penal a la hora de resolver o regular exitosamente los conflictos sociales. Para el abolicionismo el sistema penal nunca resolvió una controversia, su puesta en marcha no genera ninguna consecuencia positiva, y por el contrario genera muchísimas negativas. 

Es probable que sus críticos tengan razón respecto a que muchos que hoy pululan por el Poder Judicial se han formado en base al garantismo, pero hay tantos otros magistrados que por la franja etaria que ocupan no tienen edad para haber estudiado por sus manuales y sin embargo toman medidas reñidas con la lógica social. De modo que tendremos que pensar que en un país donde la corrupción está tan extendida, exista también en bolsones de las justicias provinciales, la ordinaria, la que se ocupa de asesinos, ladrones y violadores. Porque en realidad decisiones de magistrados como las que estamos viendo no siempre parecen explicarse por la lógica de la teoría del derecho. Y esta cuestión no es menor porque el único modo de generar una Justicia comprometida con la realidad es por la vía del juicio político, un instituto que debería utilizarse en aquellos casos en que las decisiones judiciales fuerzan las normas para ofrecer penas absurdas a delincuentes peligrosos.

No es menos preocupante la Justicia Federal de Comodoro Py, que trata los asuntos relativos al poder y que vive trabajando en función de quienes sean los ocupantes de la Casa Rosada. De este modo se compromete la lucha contra la corrupción porque los juicios avanzan o son cajoneados según la conveniencia de los magistrados. Así mientras se está en el poder, las denuncias a funcionarios no avanzan, se sobresee sin investigar o se cajonea; pero cuando se ha dejado el poder se puede ir detenido incluso antes de que se reúna toda la prueba. Y esta suerte de obsecuencia, obviamente no es gratis, se termina pagando con favores políticos a magistrados o a familiares o, en otros casos, con jueces que no pueden explicar su patrimonio.

 

Este tema no es menor porque en una república, el último refugio de un ciudadano, de cualquier condición social, es recurrir a la Justicia cuando sus derechos son vulnerados. De lo contrario la democracia se vacía de contenido, por más que se vote cada dos años. No es el sufragio lo que garantiza al sistema sino el respeto a los derechos de los ciudadanos en su conjunto.


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