Violencia, apriete y bloqueo

Por un reclamo gremial, la planta de distribución de la firma láctea Cotar, en Villa Tesei, está bloqueada desde el jueves pasado y el corte desde ayer se llevaba hasta su sede central, en Rosario. Un método de apriete sindical que resulta violento y en algún punto roza el comportamiento mafioso, un término que en estos tiempos ha corrido mucho, toda vez que el Gobierno dice estar decidido a terminar con estos comportamientos que, so pretexto de defender a los trabajadores, terminan bordeando el delito. 

Como es natural, este bloqueo genera que la producción de leche esté frenada. En función de no poder procesar el producto, la empresa tuvo que suspender a 167 de sus trabajadores ya que no tienen materia prima para trabajar porque la protesta no les deja ingresar los insumos. En síntesis, como modo de exigir el reencuadre gremial de unos 20 operarios de distribución y algunas otras cuestiones traídas de los pelos, el gremio Camioneros afecta directamente la fuente laboral de 167 obreros que verán reducidos sus ingresos; no porque ellos no quieran trabajar, no porque la patronal no les quiera pagar, sino porque una patota gremial que dice estar del lado de los trabajadores se lleva puestos sus derechos, rompiendo de camino con la ley de libre circulación, en este caso de un bien esencial y perecedero como es la leche y sus derivados.

Y hablamos de mafia y de patota para referirnos a la medida gremial, porque también este episodio incluye amenazas de alto tenor, las cuales fueron denunciadas penalmente: Cristian Daniel Duarte, gerente de logística de Cotar, acusó a Adrián Alfonso, secretario de la rama lácteos del Sindicato de Choferes de Camiones. Aportó como prueba dos audios de WhatsApp donde el sindicalista lo amenaza con parar otras plantas de la misma firma.
“Tenemos la planta bloqueada y no nos dejan cargar los camiones. Nos revisan hasta los vehículos particulares. Nos exigen que incorporemos personal que se quedó afuera de SanCor y que contratemos a la empresa de transporte que nos imponen ellos, que es de un tal Pablo Gerardo Muñoz”, denunció Claudio Rafaniello, gerente de distribución de Cotar en la provincia de Buenos Aires.

El conflicto, que ahora ha ido escalando, comenzó hace unos seis meses entre Cotar y los camioneros, por el encuadre sindical de unos 20 trabajadores que se desempeñan en tareas de logística y que están agrupados bajo el convenio del Sindicato de Empleados de Comercio. Ahora, la situación se agudizó por otros motivos y un gerente de la empresa denunció un gremialista por amenazas.

Antes de avanzar con la temática de Cotar, y para poner en contexto el tema, es de advertir que esta misma mecánica la utilizó infinidad de veces Hugo Moyano para lograr el encuadre sindical de muchos empleados de comercio que, a la sazón, transportaban cualquier mercancía, así fuese de un local de una empresa a otro. A partir de esa circunstancia eran considerados “camioneros” y pedían el encuadramiento de los empleados que cumplieran esas funciones. La situación los llevó a más de un enfrentamiento con el gremio de los empleados de comercio que veían mermar su gremio (aunque es uno de los más populosos del país) a manos del sindicato de Moyano. Al final, todo es cuestión de “caja”: a mayor cantidad de afiliados, mayor recaudación.

Incluso si procediese un reencuadre sindical, este tiene pasos administrativos y en última instancia judiciales para resolverse, pero siempre se utilizó el sistema de bloqueo con apriete. Como esta ilegalidad fue siempre tolerada y casi siempre Camioneros se salió con la suya, llegamos a la actualidad y con total naturalidad dejan una planta láctea sin poder trabajar por el tiempo que se les ocurra o hasta que los empresarios cedan a todas las presiones.

Desde el punto de vista judicial, dados los derechos avasallados y las leyes quebrantadas, corresponde que se intervenga. El tema es que repeler por la fuerza una protesta, aunque sea ilegal, en este país parece que es mala palabra. Nadie quiere hacerse cargo de esa decisión. Y así es como, muchos años después, nos “sorprendemos” con lo hecho por personajes como el “Pata” Medina. Hicieron lo que hicieron porque los dejaron hacer y con los Moyano siempre ha sucedido lo mismo. 

Desde el punto de vista político, este tema hace peligrar una suerte de tregua entre la Casa Rosada y Hugo Moyano porque cualquiera sabe que aunque sea su hijo Pablo quien figure ahora al frente del sindicato, el jefe de jefes sigue siendo su padre. La cuestión que pende entre la familia Moyano y el Gobierno es el conflicto aún no cerrado de encontrar una salida viable para los 7.000 camioneros que se desempeñan en la empresa postal privada OCA. En este caso con el drama adicional, que el Gobierno no ignora, que es muy complicado dejar tantas familias en la calle en épocas cuando el trabajo más bien escasea. El problema en este caso es que la Afip le reclama 400 millones de pesos por evasión impositiva. Y cierto es que mientras se pone en caja al sindicalismo que pueda cometer ilegalidades, del mismo modo sucede con las empresas que evaden, que es también un acto reñido con la legalidad.

Por el bien de los sindicatos y sindicalistas que sí ejercen con honestidad su labor de defensa de los derechos de los trabajadores, y por el bien de toda la sociedad que necesita alguna vez confiar en sus dirigentes, este conflicto en Cotar debe ser zanjado de inmediato y haciendo cumplir la ley. Del mismo modo que la Justicia fue, tarde, con todos los cañones a la seccional de Uocra del “Pata” Medina, tiene que proceder con respecto a Pablo Moyano y sus habituales aprietes que, además de ilegales, perjudican seriamente a los propios trabajadores. Cueste lo que cueste. Si no, pierde credibilidad el discurso oficial de ir con todo por la erradicación de las mafias. Unas sí, otras no es lo peor que nos puede pasar.

Nadie dijo que sería fácil que la Argentina se transforme en un país normal, como vemos el sindicalismo pretende hacer su juego con aprietes, las empresas que han evadido se encuentran en jaque. Porque en definitiva han sido décadas y décadas de desorden en el plano institucional, gremial y económico. Lo importante es seguir en el rumbo de anteponer la legalidad para todos por igual. Ya con lograr eso habremos dado un paso adelante gigante.