Editorial

La política que invade la Justicia


Cuando hay conflicto entre los poderes del Estado, por tener los actores alto perfil y llegada a los medios, los pormenores y roces habituales de la gestión alcanzan puntos de ebullición que repercuten en el normal devenir de la sociedad. La política combinada con la prensa hace realidad el refrán popular: el pasto seco enseguida toma fuego.

La relación del gobierno de Cristina Kirchner con la Justicia ha pasado por diversos climas; por momentos parecían cercanos, como trabajando en tándem, mientras que en otros hubo duros enfrentamientos que siempre terminaron en alguna recusación o campaña de desprestigio. Pongamos algunos ejemplos: cuando se sobreseyó la causa por enriquecimiento de los Kirchner en breve lapso y casi sin investigar nada, eran épocas de idilio, pero cuando el fiscal José María Campagnoli instruyó la causa contra Lázaro Báez por lavado de dinero, le sobrevino el apartamiento del cargo y pedido de juicio por mal desempeño, que finalmente fue desestimado.

Del mismo modo, y como ya hemos planteado en otros comentarios editoriales, los jueces federales son más permeables, cuando los gobiernos están en sus apogeos, para hacerles favores y se ponen más duros cuando llegan los finales de mandato y pretenden quedar bien con el que lo reemplace.

Y en este juego de intereses estalló un nuevo conflicto en el corazón del Poder Judicial mismo. Un sector de los jueces y fiscales federales analiza por estas horas una estrategia judicial y política para contrarrestar las designaciones que realizó la procuradora Alejandra Gils Carbó de 16 fiscales federales en todo el país y dos nuevos fiscales de primera instancia suplentes en los tribunales de Comodoro Py. Así, en el último día del año y preparando el terreno judicial para la salida del poder de la presidenta, la procuradora se movió de manera urgida y sorteando todos los pasos obligados, estableció un ámbito más amigable al Gobierno, especialmente con los subrogantes introducidos en la Cámara Federal, que revisa los casos de corrupción. 

Las voces del derecho que se levantaron ante tan burda maniobra esgrimen que tales nombramientos son improcedentes por no contar con el acuerdo que debe prestar el Senado a los pliegos de antecedentes pero no ocultan el reproche porque la procedencia de todos es común -La Cámpora-, desnudando un sesgo político que prevalece como factotum de la elección.

Paralelamente desde la oposición también están escribiendo recursos judiciales y denuncias para enfrentar este avance. Por ejemplo un diputado de Sergio Massa presentó un recurso de amparo para suspender las designaciones. Se consiguió que la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal N° 3 Claudia Rodríguez Vidal lo admitiera, con anuencia del fiscal, y le diera traslado a Gils Carbó para que explique cuál es la intención de nombrar fiscales cuando la ley que creaba los cargos, es decir el nuevo Código Procesal, aún no está en vigor. 

Y ese apuro que evidentemente tiene su intencionalidad, es lo que se ha puesto sobre la mesa.

Como corresponde, el lunes pedirá que se habilite la feria judicial para que el amparo avance durante las vacaciones de verano ahora que Gils Carbó nombró fiscales subrogantes. Porque si no debería esperar hasta febrero por la tramitación de la medida.

La realidad es que hay una suerte de batalla ya comenzada entre los fiscales y jueces que no responden al Gobierno y el sector judicial cercano al kirchnerismo. Este último estaría encarnado en la procuradora, y por eso miran mucho su accionar y nombramientos.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional analiza presentarse ante la Justicia para cuestionar las designaciones, también y no se han privado de criticar a la jefa de los fiscales en cuánta oportunidad le han dado los medios a estas horas.

Lo que enojó a la Asociación es que la procuradora aprovechó el último día hábil del año para lanzar todos los nombramientos. Y los magistrados y funcionarios se pronunciaron con un comunicado en el que alertaban que las designaciones pretenden frustrar investigaciones de corrupción y consagrar la impunidad.

Para entender mejor la cuestión, vamos al corazón del asunto: si bien Gils Carbó nombró a fiscales designados como tales, según la Constitución Nacional, los colocó como subrogantes en otros lugares y no en los cargos para los que el Senado les dio acuerdo. Por eso, jueces y fiscales piensan presentar un amparo para frenar la asunción de los fiscales nombrados. Ya que consideran que se les cambió el destino para dar otra dirección a algunas causas que tiene el Gobierno.

El problema es que no habiliten la feria para este amparo, con lo cual la acción podría llegar pero recién cuando se reanude la actividad en Tribunales, ya con los nuevos fiscales –amigos- en sus cargos. 

La otra expectativa es que, a partir de la presión social y mediática, Gils Carbó dé marcha atrás con sus designaciones. Claro que esa decisión es muy probable que no sea de ella sino de la presidenta; será entonces el termómetro de Cristina el que evalúe la conveniencia de avanzar o retrotraer.

Mauricio Macri está en tema y analiza qué jugada harán en la feria judicial. Sergio Massa está interesando en el asunto y encomendó a dos de sus alfiles en temas de Justicia, Adrián Pérez y Graciela Camaño, trabajar en el asunto. Especialmente por tratarse de un año electoral, nadie va a perder el paso cuando se plantea un conflicto. Porque de todas las situaciones se puede sacar un rédito político o perderlo, pero el peor precio en término de votos es no estar.  

Así las cosas, ya no hay dudas de que el Judicial dejó de ser el “distinto” de los tres poderes del Estado. También en él la política hace su juego sucio en procura de mayor poder, llevándose puesta la más importante garantía que podemos tener los ciudadanos: la Justicia.


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23 de Marzo de 2024 - 05:00
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