Editorial

Las escuchas son parte del fango en el que estamos envueltos


En una Argentina de denuncias cruzadas, de sospechas y certezas de corrupción, el “carpetazo” se va naturalizando peligrosamente. Entendido como el destape de secretos mal guardados que terminan saliendo a la luz, muchas veces maliciosamente. Y no siempre buscando justicia, sino más bien el impacto público, el daño a la imagen. Todo lo que termina por ser asfixiante para una sociedad que ya no sabe dónde poner su confianza.

La nueva modalidad de esta suerte de “escraches” públicos de discutible valor judicial, es la difusión de escuchas que, en principio, fueron grabadas legalmente, pero que vieron la luz ilegalmente. Situaciones que en cualquier país del mundo el escándalo sería tan grande como para hacer caer un presidente (recuérdese en Estados Unidos el caso Watergate), aquí termina siendo un paso más de la comedia dramática que vivimos.

Hemos criticado desde esta misma página la difusión de las escuchas entre Cristina Kirchner y Oscar Parrilli, que no tenían sentido alguno desde el punto de vista judicial y solo servían para mostrar que, en nuestro país, las escuchas no son seguras, que pueden filtrarse en cualquier momento. Y lo que es peor, que se han generado causas al solo efecto de poder intervenir legamente teléfonos.

A este caso se le suma la difusión de las conversaciones de Daniel Angelici -el presidente de Boca, amigo de Mauricio Macri y supuesto operador judicial, según las denuncias de la diputada de Cambiemos Elisa Carrió- con dirigentes del fútbol en las que trata de conseguir ventajas para su equipo sin despeinarse ni antes ni ahora. Ya que ofreció una conferencia de prensa afirmando que siempre lo van a escuchar defendiendo a su club. Esta escucha es de 2015, no actual y se la grabó cuando se abrió una causa por supuestas relaciones de la dirigencia de Boca con la barra brava. La causa quedó en la nada, pero las horas de grabación están disponibles para cuando haga falta hacer alguna “operación”.

La verdad es que en la Argentina se graba a dirigentes políticos, del fútbol, de organizaciones de la comunidad y empresarios. Y cierto es que el propio Macri fue procesado cuando era intendente de la Ciudad de Buenos Aires en lo que fue la causa de las llamadas “escuchas ilegales”.

Todos los gobiernos, en realidad, han caído en la tentación de oír lo que se habla en privado, la novedad es que antes se utilizaba para mantener a raya a un dirigente, con algún secreto deshonroso o para anticipar jugadas opositoras. Era una vergüenza institucional pero ahora ya se difunden sin que nadie se haga responsable de estas filtraciones.

Vamos a bucear en quiénes tienen las escuchas ahora y quiénes las tuvieron antes, como para intentar llegar a lo que está sucediendo.

En marzo de 2015, luego de una purga en la exSide, la expresidenta Cristina Kirchner decidió modificar la Ley de Inteligencia y le entregó al Ministerio Público Fiscal la oficina encargada de realizar las escuchas telefónicas, conocida como Ojota (Observaciones Judiciales). Hasta ese día, todas las pinchaduras estaban en manos de la inteligencia a la que la expresidenta ya no le confiaba más. Tres meses atrás, había desplazado de su cargo al entonces director de Operaciones, Antonio “Jaime” Stiuso, al secretario de Inteligencia, Héctor Icazuriaga y a su número dos Francisco “Paco” Larcher, por considerar que no le respondían al Gobierno de ese momento.

Con el cambio de mano de las escuchas, la expresidenta buscaba garantizar cierto control de las pinchaduras. A partir de ese momento, quedaban bajo el mando de la procuradora general Alejandra Gils Carbó. La integrante de Justicia Legítima recibió en el traspaso 3.621 líneas intervenidas por orden de la Justicia.

Con la llegada de Mauricio Macri al Gobierno, el presidente intentando restarle poder a Gils Carbó, volvió a cambiar de mano las “pinchaduras” y le transfirió las intervenciones telefónicas a la Corte Suprema que creó la Oficina de Captación de Comunicaciones que encabeza Juan Tomás Rodríguez Ponte, exsecretario del juez Ariel Lijo, quien ordenó las intercepciones legales a Parrilli que ahora se difundieron.

Con ninguna de estas acciones se logró el objetivo que es un mayor resguardo en las escuchas. 

Y cierto es que como sucede siempre en la Argentina, todos los que tuvieron acceso a las horas de grabación que se conocen niegan las filtraciones. El juez Lijo, la Corte Suprema, el fiscal Guillermo Marijuan, los agentes de la AFI que escucharon las conversaciones pero queda claro que alguno miente porque las escuchas efectivamente se están filtrando y estas fueron las manos por las que pasaron.

Esta situación quita toda seriedad no solo a las escuchas como método judicial para detectar delitos, sino que además pone en jaque toda la institucionalidad en nuestro país, desde la inteligencia pasando por el Gobierno y la Justicia. Por eso creemos que los responsables deberían salir a la luz, pero ¿quién podrá investigar a la Corte Suprema que es donde reside la jurisdicción de estas grabaciones actualmente? ¿Por cuántas manos han pasado las escuchas antes de llegar al Máximo Tribunal? Todos estos interrogantes deben ser respondidos si pretendemos salir seriamente del enorme fango en el que ahora estamos.

Muy preocupante.

 

 

 


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