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Editorial

Las noticias que no “tapan” noticias

El procesamiento de Cristina Kirchner y sus hijos por la causa Hotesur no parece en este caso una noticia destinada a tapar otra realidad, una acusación que el kirchnerismo ha utilizado a destajo cuando tenía que pararse ante el frente judicial.

Justo es decir que en el pasado reciente hubo algunos excesos judiciales que se prestaron a la sospecha, como la foto de Amado Boudou en pijama y esposado, o los despliegues mediáticos para registrar cuando un exfuncionario era aprehendido y le ponían el chaleco y el casco. Licencias indebidas que se tomó Comodoro Py con algunos medios de comunicación que estaban ansiosos de informar. Y si bien las causas están, las pruebas también y los expedientes avanzan, la bambolla mediática de cada paso judicial daba margen a pensar que todo se exacerbaba para marcar diferencias y, cuando no, tapar algún asunto de esta gestión.

Llámese madurez o que hemos naturalizado tristemente algunas cuestiones, pero la novedad es que, como decimos, avanzan los expedientes de funcionarios y amigos K, sin prisa pero sin pausa, y de un tiempo a esta parte sin manoseo mediático. Toda la información en su justa medida, con el enfoque puesto en lo que es: una causa judicial que debe seguir su curso en los tribunales y no en los medios ni repercutiendo en las acciones de gobierno.

Ayer, una noticia que en otro momento hubiese sido tapa, trascendió sin pena ni gloria por los matutinos. Y no está mal que así sea, cuando se trata de estos asuntos judicializados de la gestión anterior.

Cristina ocupa páginas internas alejadas de los diarios de mayor circulación y no figuran en el ranking de las más leídas. Porque el tema del día es el dólar y las Lebac y nada que suceda va a quitar estos asuntos del espacio central de la información. Algo lógico, lo que importa es lo de hoy.

Más bien, en este caso, daría toda la impresión que la causa ha seguido su derrotero lógico y se procesó a la exmandataria y sus hijos en el momento que se debía hacer, con prescindencia de que tuviera mayor o menor impacto público. Cristina Kirchner, por su parte, se mantiene hace un tiempo en un cauto silencio de radio respecto de la problemática financiera que atraviesa la Argentina, una actitud que suele darle mejor resultado que salir a viva voz a gritar contra el macrismo, aprovechándose del mal humor social generado por el alza del dólar. Después de tanta cadena nacional que agotó a los ciudadanos, la expresidenta parece haber comprendido que el silencio en muchas ocasiones le resulta más redituable. Y más cuando ya fue presidenta y ahora gobierna otro.

La noticia del procesamiento era esperable, tras la acumulación de pruebas contables de que la relación que unía a la familia con Lázaro Báez, con el objetivo de que parte de la fortuna que acumuló el banquero devenido en contructor al recibir millonarios contratos de obras públicas terminara en el bolsillo de Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia. Así lo cree el juez federal Julián Ercolini, que procesó a la expresidenta, a sus hijos, al contador Víctor Manzanares y al empresario Lázaro Báez , entre otros, por lavado de dinero.

Los acusados conformaron una estructura financiera que permitió que el dinero obtenido ilegalmente por Báez fuera volcado a la actividad hotelera de los Kirchner con objeto de que ellos pudieran disponer libremente de esos fondos, que ya estaban “blanqueados” y para esconder su origen ilícito. Así el juez tuvo por comprobado que Valle Mitre, la gerenciadora del Hotel Alto Calafate, recibió directa o indirectamente de la obra pública 73.053.584,80 pesos y que finalmente llegaron a manos de Cristina Kirchner, Máximo y Florencia Kirchner, por el alquiler del Hotel Alto Calafate, 26.514. 978 pesos. Y por la hostería Las Dunas recibieron al menos 6.909.708 pesos.

El juez Ercolini dispuso además el embargo de los bienes de los principales acusados y les mandó a hacer un informe socioambiental, como a cualquier procesado. Mientras los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques habían pedido la indagatoria de los acusados, que se concretó a fin del año pasado. Ahora, el juez dispuso sus procesamientos, los que serán apelados como es obvio informar.

Este expediente se vincula con aquel en que Cristina Kirchner y Lázaro Báez están procesados por asociación ilícita, porque el empresario recibió 15.000 millones de pesos en obras públicas que se realizaron en la provincia de Santa Cruz durante el kirchnerismo. En su resolución, el juez advirtió la desproporcionalidad entre el beneficio que obtuvo Báez y la plata lavada que terminó en el patrimonio de los Kirchner, pero dijo que hay que tener en cuenta que esta era solo una modalidad y que pudieron haber existido otras formas de retorno. Porque de lo que cobró Báez a lo que habría retornado, la cifra resulta pequeña y esto lo toma en cuenta el magistrado.

De lo que se trata es que el dinero llegó a los Kirchner a través de la simulación de alquileres de habitaciones del Hotel Alto Calafate, administrado por la firma Hotesur, de la familia presidencial, cuya concesión había sido otorgada a la firma Villa Mitre, de Lázaro Báez.

Los acusados, dice el magistrado, “realizaron diversas operaciones comerciales, con las que pretendieron otorgarles a las ganancias antes mencionadas apariencia de legítimas, mediante las cuales se canalizaron los fondos en forma regular de las empresas de Báez, adjudicatarias de dichas obras y sus vinculadas, a Valle Mitre”. La causa en la que se investigó una maniobra supuestamente realizada entre 2007 y 2015 se inició en noviembre de 2014 por una denuncia de la entonces diputada nacional Margarita Stolbizer, mientras que la expresidenta había sido indagada por estos hechos en noviembre del año pasado.

En el mismo expediente Florencia Kirchner fue procesada como coautora de lavado. Recibió de Hotesur cinco millones de pesos. Era accionista al igual que su hermano Máximo, también procesado por coautor de lavado. Porque, al fin, los hoteles son parte de una empresa familiar y esto terminó por incluir a sus hijos. La diferencia en el caso de Florencia es que tanto Cristina como su hermano tienen fueros parlamentarios con los que evitarían un supuesto pedido de prisión, mientras que en su caso ella está expuesta en la Justicia, aún siendo que frente a estas maniobras era casi una niña  cuando la asociaron a las empresas hoteleras.

La Justicia parece avanzar en esta causa a un ritmo que, si bien no deja de tener cierta lentitud, se muestra a paso firme.

Conocer la verdad es lo que necesitamos; el castigo que dispongan los jueces eventualmente puede resultar para la sociedad escaso, suficiente o exagerado, según el lado de la grieta que se lo mire. Lo cierto es que hablamos de gente que ya no puede transitar sola por la calle, movilizarse por donde guste, ni siquiera gastar sus millones, con lo que su vida ya es una prisión. Oficialmente, hay que esperar y acatar lo que diga la Justicia, no los medios. Lo bueno es que ya sea por madurez o porque la gente se ha curtido de tantos anuncios de este tipo y ya no dan rédito entre los lectores, la prensa ha logrado dar a cada noticia su magnitud y su respectivo espacio, priorizando los temas de importancia social en la agenda pública.

También Cristina parece ha encontrado su lugar: la prudencia que corresponde a una exmandataria sobre las gestiones sucesivas. Ni ella ni nadie de su entorno se han envalentonado con diatribas a Macri por el traspié financiero. ¿Será prudencia o conveniencia este silencio de radio?