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Ya en el segundo año de gestión de Mauricio Macri, las condiciones económicas recesivas y las paritarias a la baja van modificando su relación con los gremios, los que anuncian que la paciencia está llegando a su fin y que movilizaciones y paros serán el prolegómeno en el inicio del año electoral.
Más allá de las especulaciones que rodean a gremialistas, siempre prestos a sacar ventajas de cada circunstancia, cierto es que el malestar que se venía incoando en las bases de cada sindicato se hacía sentir. Los incrementos de los servicios y del costo generalizado de la vida sin un correlato en los incrementos salariales fueron arrinconando a la propia dirigencia gremial la que estaba bastante remolona una vez que comenzaron a devolverle los fondos de las obras sociales, que el kirchnerismo se negó a dejarles manejar.
Es así como la conducción de la CGT anunció una movilización al Ministerio de Producción para el próximo 7 de marzo “en defensa del trabajo y la producción, de paritarias libres” y “en contra de la flexibilización y el aumento indiscriminado de tarifas”. Todos temas que a esta hora queman. Como saben que la sola protesta no les ha generado el efecto esperado el año pasado, se anunció el primer paro nacional al macrismo, para la segunda quincena de marzo.
Los jefes cegetistas Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña, decidió además abandonar la mesa de diálogo que hasta ahora mantuvo con el Gobierno nacional y los empresarios porque aducen que los compromisos asumidos en ese marco no se han cumplido; los despidos se han incrementado y no pagaron el bono de fin de año, temas que formaban parte del acta firmada con los sindicatos. Además piden a Macri y su equipo que cambien su enfoque económico.
“Movilización en defensa del trabajo y la producción, de paritarias libres, de los convenios colectivos de trabajo, del sistema previsional y la salud, de la seguridad social, de la educación, y en contra de la flexibilización y el aumento indiscriminado de tarifas”, es la consigna detrás de las medidas de fuerza.
Como es de advertir, no solo se trata de paritarias sino también de frenar los avances previstos para flexibilizar las relaciones laborales y, además, contra los tarifazos de los servicios.
Los conflictos por sector también se generan. Un plenario de secretarios generales de la Asociación Bancaria le pondrá fecha a un paro general nacional de 24 horas. También como venció la conciliación obligatoria por los 250 despedidos en la empresa tecnológica Bangho, la UOM marcha desde el Ministerio de Trabajo al de Producción para pedir su reincorporación.
Y como si no bastara, la Confederación General Empresaria de la República Argentina se suma a la movilización del 7 de marzo. Este sector cercano al kirchnerismo viene, desde 2016, manteniendo reuniones con la Central obrera para consensuar en reclamos. Por ejemplo, la idea de avanzar en una ley de defensa de la producción y el trabajo argentino, promovida por sectores empresarios Pyme y los trabajadores. Afirman que las pymes sufrieron el año pasado una caída en las ventas del orden de un 30 por ciento promedio; un aumento de las importaciones, de entre un 15 y un 25 por ciento; el alza de los costos de los insumos y una suba en las tarifas de los servicios públicos. El panorama en el sector industrial, en tanto, da cuenta -según los números de la UOM- que en 2016 hubo 9.000 despidos y 14.000 suspensiones en el sector metalúrgico. Esta cifra incluye a los rubros de calzado, gráficos, ceramistas, panaderos, carne, cuero y textiles.
El panorama no estaría completo si no nos adentramos en el conflicto docente que se está nacionalizando y que en la provincia de Buenos Aires amenaza con no iniciar las clases. El Gobierno bonaerense oferta 18 por ciento pero le demandan 35 de suba salarial. Además, el jueves se conformó un Frente Gremial Docente, integrado por los cinco gremiales nacionales, para exigir la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente que fija el piso de negociación, algo que el gobierno de Macri resiste y los gobernadores ven con buenos ojos porque, al fin, son quienes manejan su presupuesto y saben cuánto pueden pagar, sin que el Estado nacional que no tiene escuelas les ponga pisos o techos de incrementos.
En el caso de los docentes, a tres semanas del inicio de las clases, las discusiones paritarias bonaerenses están en punto muerto y esta semana se desarrollan asambleas docentes para ver el clima que existe para iniciar un plan de lucha, después del rechazo de los gremios docentes a la propuesta de aumento salarial que presentó María Eugenia Vidal –18 por ciento en cuatro pagos y una cláusula de ajuste por inflación. La oferta es más que austera, como es visible, pero la mandataria afirma que al haber cláusula por inflación, si los incrementos de precios superan este porcentaje, lo que es bastante posible, se reabrirán paritarias.
Esta pelea tiene un costado político no poco importante en el año electoral, Vidal necesita comenzar las clases en la fecha fijada, como demostración de aptitud de gestión y los gremios también presionan con esta cuestión. La mandataria amenaza con utilizar todos los instrumentos legales desde la conciliación obligatoria hasta el descuento de los días de paro para evitar la medida de fuerza. Pero además, el resultado de esta puja salarial tendrá alto impacto en las finanzas de la Provincia. Cada punto de aumento para los docentes, son más de 320 mil estatales y casi 60 mil privados que tienen diferentes grados de subvención, representan miles de millones de pesos por mes que debe erogar el fisco provincial.
Iniciamos así un año que será conflictivo desde el plano sindical. Hay una cuestión central en la que no hay acuerdo, que es la estimación de la inflación. Una parte, el Gobierno, se sienta a negociar sobre la base de una cifra que no goza de credibilidad en la otra parte. Es que, la verdad sea dicha, aceptar esos números no es más que extender un voto de confianza. No hay un respaldo científico ni los antecedentes recientes actúan como un aliciente. Así que el Gobierno deberá encontrar otras estrategias que las que ha utilizado hasta ahora porque, al fin, la mesa del diálogo con gremios y empresarios terminó naufragando y con ella se fueron la tolerancia y la fe ciega.
