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En esta Argentina de la eterna frazada corta, nuevos despidos se han generado en el Estado, en este caso en el Ministerio de Agroindustria. Según el propio ministro Luis Miguel Etchevehere, las desvinculaciones alcanzarían, en esta etapa, a aproximadamente 330 trabajadores y obedecen al ajuste presupuestario aprobado por el Congreso, así como al “plan de dotaciones óptimas” del Ministerio de Modernización.
En el trazo grueso entre noviembre y enero de este año se registraron unos tres mil despidos, que se realizaron, entre otros lugares, en el Inti, el Senasa, el Hospital Posadas y la Anses. En esta última dependencia, que encabeza Emilio Basavilbaso, hubo unos 80 despidos, con la particularidad de que no se fueron solo trabajadores contratados con la modalidad de monotributo sino que también se echó a agentes de planta permanente.
La poda, impulsada por ministerios y organismos en apenas poco más de un mes, acumula no menos de 3.000 puestos laborales y, como es de prever, semejante recorte ya originó la primera medida de fuerza de envergadura de parte de los gremios estatales.
Como siempre sucede en estos casos se despide por cuestiones económicas, es la realidad, de modo que se terminan yendo eficientes, ñoquis, buenos y malos empleados, necesarios e innecesarios, porque el problema es que hay que achicar los presupuestos destinados a empleados y es así como más de una vez en el recorte pagan justos por pecadores. Es que el Gobierno, en este caso, está ante una opción de hierro: debe achicar el gasto público porque la Argentina tiene un déficit fiscal de porte, pero dejar empleados en la calle también les genera un problema que por el momento no tiene solución.
Aunque resulte doloroso, los despidos en una estructura de Estado elefanteásica son necesarios en pos de alcanzar un punto de eficiencia en el uso de los recursos que, al fin, son nuestros. Cada gestión, ni bien arribada, se ha preocupado por dar trabajo a los suyos, familiares, colaboradores de campaña, militantes, y así el Estado fue acumulando excedentes de personal onerosos, porque cada uno es su sueldo más un 50 por ciento más de cargas sociales y con la característica de la estabilidad del empleo público, por la que haga bien o haga mal su trabajo, o sea necesario o no, queda en planta por los siglos de los siglos. Hay que tener en cuenta que así como la tecnología trajo mayor automatización y optimización del tiempo en nuestras vidas particulares, el Estado también la ha incorporado por lo que muchas tareas manuales desaparecieron y los empleados quedaron, haciendo la nada misma o, cuando no, reubicados en puestos inventados.
Con esta premisa de achicamiento y optimización, para cumplir con el Pacto Fiscal, no se termina de entender el acuerdo que, paralelamente, está haciendo con la cadena francesa de supermercados Carrefour a la que en medio de un proceso de crisis, le han ofrecido beneficios que, al fin, terminaremos pagando todos los ciudadanos.
Obviamente que esta decisión generó la inmediata presión que están ejerciendo otras empresas del sector que pretenden el mismo trato que la cadena de supermercados europea. Porque, al fin, se trata de empresas privadas lo que implica que el riesgo está implícito en el negocio.
En estos días, el Gobierno bendijo el acuerdo final entre la cadena de supermercados Carrefour y el sindicato de Comercio por el Proceso Preventivo de Crisis presentado por la empresa, que finalmente no contemplará despidos de trabajadores, pero sí retiros voluntarios y otros cambios. El pacto fue sellado en la Quinta de Olivos con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, como testigo.
Las negociaciones incluyeron la no eliminación del extra salarial de hasta 20 por ciento por encima del aumento paritario anual que perciben miles de empleados de Carrefour a pedido del sindicato de comercio. Este beneficio lo perciben los trabajadores de mayor antigüedad, que se incorporaron, por ejemplo, tras la adquisición de la cadena de súper Norte. El acuerdo también incluirá el ofrecimiento de retiros voluntarios al 150 por ciento (el 50 por ciento lo pagará el Estado) para los trabajadores de mayor trayectoria y beneficios adicionales para trabajadoras embarazadas y empleados próximos a retirarse. La cadena francesa pretendía despedir a todos los que tuviesen más de 30 años de antigüedad, algo que finalmente fue descartado. Todos estos “beneficios” están apoyados en que el acuerdo marca la exención impositiva en las cargas patronales y otras compensaciones a la empresa para que no despida empleados. En tanto, también quedó incluido en el acuerdo el cierre de locales no propios a medida que venzan los alquileres.
La realidad es que el Gobierno se interesa por ayudar a Carrefour porque hoy posee 18.000 activos frente a los 20.600 empleados que declaró en diciembre de 2015 y no quieren despidos en el sector privado en un momento en que están dejando sin trabajo a los estatales. En este último caso, el leit motiv es el achicamiento del gasto público, además de la cancelación de contratos irregulares o, lo que es igual, metidos por favor político. Ahora, en el caso de Carrefour, ¿cuál vendría a ser la necesidad de intervención del Estado? ¿Preservar el trabajo de la porción de empleados que eventualmente serían despedidos? ¿Con plata del resto de la sociedad, incluidas las Pymes -generadoras del 80 por ciento de los puestos laborales-, que hacen malabares para sostener a sus empleados sin ayuda alguna del Estado?
El problema en la Argentina es cuando no se siguen patrones lógicos en la economía, nunca hemos tenido un Gobierno liberal ni uno populista en términos puros, siempre han sido sistemas mixtos con un ojo en la cuestión técnica y otro en la política y así nos ha ido. En el caso que nos ocupa, para ver en un ejemplo el problema: se despide desde el Estado siguiendo un patrón liberal y se “ayuda” a una multinacional como si fuesen de corte populistas. No puede salir bien.
Porque esta mezcla ha sido peligrosa como hemos podido comprobar en otras etapas de nuestra historia en los cuales, al fin, no hemos visto los beneficios de uno u otro sistema económico, sencillamente porque siempre los hemos aplicado a medias y mezclando ortodoxia con heterodoxia y esperando a ver qué sale del batido. Así nos hemos ido acostumbrando al fracaso económico casi como un designio.
El Gobierno, si ha elegido un camino, debiera tratar de recorrerlo de la forma más seria posible, porque la “ayuda” a Carrefour habilita a que, con razón, desde las Pymes hasta las grandes empresas pretendan los mismos beneficios, porque todas la vienen pasando mal. Y es así como ya comenzaron las presiones respecto de este tema de parte de otras empresas. Mientras los gremios estatales protestan un día y al otro también por el despido de empleados en distintos ministerios. Que se den ambas cuestiones al mismo tiempo, como un trabajo de pinzas, indica que algo están haciendo mal en el Gobierno.
