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Ya rige la obligatoriedad del uso de tarjetas de débito como forma de pago en comercios y como siempre sucede en la Argentina la medida tiene cultores y detractores, quienes consideran que es una medida positiva para provocar un mayor blanqueo de la enorme economía informal que aun tenemos, mientras que otros aducen que todas son cargas para los comerciantes y ningún aliciente y que en medio de la recesión que padecen, pierden rentabilidad por los abusos que cometen los bancos que cobran por este servicio.
Cierto es que con esta obligatoriedad, muchos comercios que están hiper controlados, como todas las cadenas de supermercados, indumentaria o gastronomía creen verse beneficiados porque sus competencias más informales (esas que hacen ticket a un cliente y a otro no, o que directamente no facturan) se verán obligados a plantear al mercado precios reales, esos que incluyen toda la carga impositiva, y de este modo el juego de la oferta sería más leal. Pero en los hechos, quienes operan en negro es probable que sigan haciéndolo si es que la medida no viene acompañada de rigurosos controles in situ.
Los quejosos ya pidieron reuniones con el Gobierno e incluso hablan de una posible convocatoria a una marcha, con esa tendencia que tenemos en nuestro país a salir y tomar la calle como respuesta a las medidas que nos parecen inconvenientes. Los que se sienten perjudicados son los supermercados chicos, almacenes y quioscos, a los cuales las comisiones que deben abonar por esas operaciones los dejan, en algunos casos, sin ganancias o directamente con pérdidas cuando se trata de productos de escaso margen. A modo de ejemplo: los cigarrillos, un sachet de leche o la carga de la tarjeta Sube, son las que encabezan las quejas de los comerciantes, porque son los casos en los cuales pierden rentabilidad en algunos casos o hasta pierden dinero en otros.
Los kiosqueros, nucleados en su cámara afirman que “esta medida beneficia a los grandes supermercados y bancos” y los afecta a ellos directamente. Lo mismo que a carniceros, verduleros, almaceneros. Y es probable que tengan razón: los comercios de grandes superficies están acostumbrados al dinero plástico y por la cantidad de venta que registran compensan claramente los gastos del sistema y los bancos en la Argentina hace décadas que siempre son los ganadores de todos los modelos. Las entidades bancarias cobran un 1,5 por ciento entre la comisión del 1,1 por tener el sistema y gastos administrativos, y el cobro con débito recién lo pagan en 48 horas. No es difícil imaginar lo que toda esa masa de dinero genera en un banco esos dos días. En fin que para los banqueros es todo ganancias en lo que hace a esta medida.
Las reuniones que piden estos sectores para con el Gobierno son para conseguir tiempo a fin de negociar con los bancos y que haya ciertos productos de margen de rentabilidad muy bajo que estén eximidos de pagarse con débito (por ejemplo la tarjeta Sube donde el kiosco logra un 1 por ciento de rentabilidad y deberá pagar 1,5 por ciento al banco).
Y como sucede con tantas cosas en la Argentina, la comisión por el uso de la tarjeta de crédito es del 2,35 por ciento que se lleva el banco emisor y es el costo más alto registrado en la región por este servicio. Atendiendo a esta cuestión, el Gobierno debiera acompañar a los comerciantes en su reclamo ante los bancos, porque se cometen abusos y ya bastante tienen los comerciantes con la pesada carga impositiva que llevan sobre los hombros.
Pero otro lado, la Asociación de Supermercados Unidos y la Cámara Argentina de Comercio celebraron la medida porque creen que ayudará a reducir la informalidad. Son los comercios de grandes superficies a quienes no perjudica la nueva modalidad por el volumen de ventas que tienen. Es claro que el uso excesivo de efectivo es una de las vías del comercio ilegal y ellos consideran que si hay menos venta en negro se podría pensar en un futuro no tan lejano en bajar la carga impositiva tan pesada que soportan.
Sin embargo, la problemática de la venta informal en la Argentina, no ya la que se genera por Internet solamente sino y sobre todo aquellos que compran a vendedores que van a sus domicilios, que viajan y traen prendas, calzado o incluso productos sueltos alimenticios y de limpieza para el hogar, son quienes generan una competencia desleal porque en definitiva pueden vender mucho más barato, al no abonar ningún impuesto ni pagar alquileres ni servicios en un local. Toda la Argentina está llena de esta suerte de “manteros a domicilios” y la gente acepta esta modalidad por la sencilla razón de que el mismo producto es mucho más barato y los asalariados están pasando las suyas también para atravesar esta crisis. Y los que venden de este modo tampoco quizá eligieron la informalidad sino que cayeron en ella para sostener el hogar.
Son los eternos problemas de las frazadas cortas, que hacen que todos tengan una excusa para mantenerse en la informalidad, el que compra y el que vende. Por eso es fundamental que el Gobierno recree un clima de negocios más sano en la Argentina, no esta economía viciada donde hay sectores que abusan como los bancos, otros que abusan porque tienen posiciones dominantes y tantos otros se ven perjudicados, obligando después a un gran blanqueo general que coloque a todos en plano de igualdad.
Es importante que el país se encamine a una economía totalmente blanqueada porque es de suponer que con una mayor masa de aportantes, se reduzcan los coeficientes de los tributos, especialmente el IVA. Pero eso no se logrará poniendo más piedras en las mochilas de los cumplidores de siempre sino “a la antigua”: inspeccionando in situ, con “sabuesos” en las calles y navegando en las redes, para poner en línea a quien no lo está.
