Editorial

Récord de homicidios en la ciudad de Santa Fe: inseguridad potenciada por el narcotráfico


Este año el Gran Santa Fe tendrá récord de asesinatos. Cuando todavía faltan dos meses y medio para concluir 2014, con 117 homicidios ya se superó el registro de 2013, que fue de 106 muertos, y el de 2007, con 116 víctimas, la mayor cifra en toda la historia policial de la capital litoraleña.

Una de las causas es que la mayor presión ejercida sobre las bandas de narcotraficantes en Rosario que fue virtualmente militarizada por la Gendarmería, hizo mutar hacia la ciudad de Santa Fe a las mafias que operaron en los últimos años en la Cuna de la Bandera. Rosario, como se sabe, también tiene récord de asesinatos en los últimos años, la mayoría de ellos vinculados a los ajustes de cuentas entre narcos. Tropas de Gendarmería y de Prefectura fueron movilizadas por el Gobierno nacional a Rosario en abril último luego de que se llegara a la friolera cifra de 264 crímenes en 2013.

Las autoridades admiten que, al haber desaparecido en Rosario los búnkeres donde se comercializaba la droga, todas las personas de mal vivir que protegían esos puestos clandestinos se vieron obligadas a introducirse en el delito común, la mayoría con la utilización de armas de fuego, lo que constituye un total peligro para las víctimas de los atracos. Pero hay bandas que se instalaron en Santa Fe y allí tomaron nueva “mano de obra” para formar una especie de  pequeños ejércitos para proteger a bandos que pugnan por el manejo del negocio y, naturalmente, se producen enfrentamientos en los que mueren tanto los malvivientes como inocentes, porque se han registrado casos de haber asesinado a personas por error, o bien por quedar en medio de un tiroteo.

Lo cierto es que vivir o transitar por ciertos lugares de Santa Fe resulta extremadamente peligroso por estos días, como lo sigue siendo Rosario, ciudad que pertenece a la misma provincia y que por cercanía geográfica tiene vinculación directa con Pergamino.

El negocio de las drogas ilegales tiene efectos devastadores tanto para quienes caen en la desgracia de consumirlas como para la sociedad en su conjunto. Porque el flagelo de la inseguridad que tanto preocupa a la comunidad de todo el país, en gran medida está emparentado con el narcotráfico. Hay otras causas, como la exclusión social, por ejemplo, o los genes de esa porción de la sociedad que nació para delinquir. Pero donde se instalan los narcos, todo es para peor.

Ahora, y desde hace bastante tiempo, Argentina es más que un país de tránsito de las drogas ya que no sólo circulan estupefacientes, sino que hay estructuras de producción, fraccionamiento y distribución que están escondidas en la ilegalidad y que fecundan gracias a la deficiencia de los controles.

Mientras tanto, la opinión pública advierte que detrás de las drogas, siempre hay fuerzas poderosas y organizadas. Complicidades contra las cuales es muy difícil arremeter.

Se necesita mucho coraje para dar batalla y una base ética de concepción del poder que no incline la balanza a favor de lo millonario del negocio.

Los hechos relacionados con el tráfico de drogas que se conocen prácticamente a diario confirman que Argentina es un país atravesado por la problemática del narcotráfico, ya no como un país de tránsito. Y alerta sobre la vulnerabilidad de los controles.

Se necesita la anuencia de autoridades y una mirada ciega de las fuerzas de seguridad para eludir barreras de control. 

Por eso es imperativo comenzar a dar una batalla seria y sostenida contra el narcotráfico, un flagelo que carcome la fibra más íntima y sensible de la sociedad. 

En cuanto al delito común (robos, hurtos, asaltos, secuestros) desde hace un tiempo es moneda corriente prácticamente en todo el país. Los gobiernos locales y provinciales, empujados por sus comunidades, vienen luchando desde que el problema se convirtió en flagelo, y lo hacen con resultados no siempre satisfactorios, pues se trata de una lucha desigual, en la que confluyen muchos factores, entre los que se cuentan aquellos que no son potestad de un intendente o un gobernador, como lo es, por ejemplo, la administración de Justicia.

Recién un par de años atrás, después de una serie de hechos graves y de asesinatos a varios policías, el Gobierno nacional puso en su agenda el asunto de la inseguridad. De hecho la presidenta implementó cambios en su Gabinete, con énfasis en el área de Seguridad.

Esa movida que admitió tamaño problema, fue tomada como el puntapié inicial para enfrentar la situación. La continuidad no fue muy efectiva, pues siempre se parece estar corriendo detrás del problema y nunca plantado enfrente para frenarlo.

Hace años que la situación pasó largamente la advertencia de las luces amarillas, con mayor crudeza en las grandes urbes y localidades puntuales, pero con coletazos en cada una de las comunidades del país, entre ellas la de Pergamino.

Hoy todas las miradas están puestas en la ciudad de Santa Fe, como ayer fue en Rosario. En la capital santafesina la tasa de homicidios, en proyección será a final de este año de 27 por cada 100.000 habitantes. Es como si en Pergamino mataran a casi 30 personas por año. Da escozor de solo pensarlo, pero esto está pasando en Santa Fe, bastante cerca de aquí y donde la gran mayoría de sus habitantes quiere vivir en paz. Como la amplísima mayoría de los argentinos.


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