Un Macri inesperado vuelve sobre la expropiación de La Rural

Como nuestra sociedad mira todo a través del prisma de la política, amanecimos con una noticia que nos “hizo ruido”, por impensada de parte de quien viene. Mauricio Macri evalúa la expropiación del predio de la Sociedad Rural Argentina. Esta intención no es nueva, habida cuenta que hace cuatro años, cuando Cristina Kirchner avanzó sobre ese tema, el entonces jefe de Gobierno porteño la apoyó.

Se trata de una revisión sobre las condiciones de ocupación  del predio que la entidad tiene en Palermo desde hace 139 años. Hay documentos que certifican que la venta formal por parte del Estado, que se hizo en tiempos de Carlos Menem, fue a un “precio vil”.

La intención quedó plasmada en una contestación de demanda que la Procuración del Tesoro envió el año pasado al juez que tramita la expropiación. La causa para la expropiación había sido suspendida en 2013 por un recurso de amparo que después confirmó la Corte Suprema.

La realidad es que estamos ante una discusión claramente jurídica y, según esta lógica, la continuidad del Estado, que es el principio según el cual un gobierno no puede repudiar obligaciones suscriptas por su antecesor. Pero en los hechos, muchas veces la letra ha quedado a un lado y se han tomado decisiones sobre la base de posiciones, y no de intereses nacionales, como debe ser. Tantas veces hemos presenciado esta conducta que ya hemos incorporado la cultura de leer entrelíneas y adivinar intenciones. Somos lo que somos porque así nos han hecho. Por eso, cuando Cristina se manifestó sobre este tema, se lo analizó como una nueva afrenta del entonces gobierno contra su enemigo del momento, el campo. Y del mismo modo, nadie esperaba que Macri diera continuidad a esa iniciativa, siendo el presidente que siempre se mostró del lado del sector, desde la primera hora de su gestión con la modificación del sistema de retenciones. 

Sin embargo, lo que subyace es la posibilidad de comisión de una grave irregularidad y en esto la ley es una sola. Solo que no estamos acostumbrados a que se cumpla a rajatabla sino en la medida de las conveniencias particulares.

La cuestión que determina el proceso judicial es la diferencia entre el precio en que se hizo la transacción -30 millones de dólares, frente a 131,8 millones que estimó un peritaje de la etapa de instrucción de una causa penal paralela sobre el mismo tema- y el plazo de los pagos, incluida una renegociación que se hizo en 2001 y que dejó pendiente cumplir con tres cuotas que suman seis millones.

Macri, desprovisto de ideologías (o no, según algunos interpretan), consideró que la causa tiene asidero y decidió seguirla, con total prescindencia que la haya iniciado su antecesora. La verdad es que siempre debió ser así, el Estado, más allá de quién lo gobierne, debe apegarse a la ley, sin pensar los temas siempre en clave política. En el caso que nos ocupa, muy probablemente el Estado se haya perjudicado con este negocio que hizo Carlos Menem con La Rural y el asunto debe ser reparado por quien lleve las riendas.

En 2012 el tema se vio por el prisma político y no pudo avanzar, merced al lobby de los ruralistas. Además, especialmente respecto del campo, todo en aquel tiempo era enmarcado en la relación de los Kirchner con el sector.  Los argentinos tenemos (porque nos lo han enseñado con hechos) la mala costumbre de buscar siempre la excusa por la cual un gobierno o sector acciona, sin tener en cuenta el asidero legalidad, la justeza o no, de lo que efectúa. 

Como ejemplo: citábamos que en este caso, cuando Cristina Kirchner inició esta causa judicial fue leída por la mayoría como “una vendetta” de la expresidenta contra el sector ruralista. Y ahora que, en las antípodas ideológicas, Mauricio Macri  sigue con esta causa se lee como que trata de sacarse de encima el karma de que solo gobierna para los ricos y el campo. 

De acuerdo con lo que sabemos, este predio fue casi regalado por Carlos Menem, perjudicando las arcas del Estado. Por eso el tema está en la Justicia y en buena hora que un gobierno lo comience y otro lo siga. Es lo que debe pasar, aunque a los argentinos nos suene rara la normalidad y, sobre todo, descreamos de actitudes que deben hacerse porque lo marcan las normas sin encontrar, siempre, intereses políticos subalternos.

Obviamente que para la Sociedad Rural Argentina, fundada en 1866, ocupa el terreno de Palermo desde 1878 por un acuerdo con el Estado. Ese será también un aspecto que la Justicia considerará para su resolución.  Luego el Estado se lo vendió en 1991, durante la presidencia de Carlos Menem, es decir, cuando ya llevaba más de un siglo en el lugar. No obstante, defendiendo los intereses nacionales, la contestación de demanda que presentó la Procuración de la era Macri, que tiene fecha del 21 de abril del año coincide con Cristina Kirchner en la “invalidez” del decreto de Menem (el Nº 2699). “Este decreto es nulo de nulidad absoluta e insanable, es decir, un acto irregular”, afirma el documento, y enumera entre los vicios que no se haya calculado el valor del terreno a través del Tribunal de Tasaciones de la Nación, como exigía la Ley Nº 21.626, sino mediante una estimación de los bancos Hipotecario y Ciudad y de un consorcio de inmobiliarias”. Y en otro tramo enfatiza: “El precio de la venta fue vil, considerando el valor del Predio Ferial de Palermo”.

Otra de las objeciones de la Procuración es que para el traspaso se haya utilizado el sistema de contratación directa, un mecanismo que define como excepcional, sin justificar para eso “circunstancias técnicas, sociales, económicas o de interés general” que lo ameritaran, tampoco se explicó el “diferimiento del pago”. No olvidemos que el predio se ha utilizado con fines comerciales, lo que no se tuvo en cuenta y se actuó como si La Rural fuera una sociedad de beneficencia. Pero la realidad es que los actores de la operación sabían que utilizando una sociedad anónima que conformaron el mismo día de la venta destinarían el bien a una finalidad comercial.

En otro de los apartados, la Procuración afirma que es válido el decreto de Cristina Kirchner (el Nº 2552). La entonces presidenta lo firmó el 19 de diciembre de 2012 con el objetivo de recuperar el terreno. La Rural apeló el pedido de expropiación y logró que la Cámara Federal Civil y Comercial suspendiera el decreto. El 21 de agosto de ese año la Corte Suprema de Justicia confirmó la medida cautelar de la Cámara, con cinco votos a favor de la entidad del campo y cuatro en contra. Y ahora el gobierno de Macri sostiene ahora que aquella determinación de la expresidenta fue correcta. Así lo consigna la nota que la Procuración le envió al juez. La administración de Mauricio Macri contestó la demanda, y decidió así seguir con los pasos procesales hasta que no se defina la cuestión de fondo, que no es otra que el precio vil en que se entregó este enorme predio.

¿No es lógico acaso que Macri apele la decisión si considera que el decreto de Kirchner está ajustado a derecho? Claro que es lo que debe hacer, porque la Justicia de un acto debe primar por sobre los intereses políticos y este es el caso y así debería leerse. 

Ahora veremos qué hace la Justicia con este caso.