Editorial

Venezuela sin destino, el mundo callado


Maduro no cede en su afán de conservar el poder pese al deterioro de la situación.

El asesinato de un joven el jueves pasado durante una protesta contra Nicolás Maduro, cuyas imágenes han sido ampliamente difundidas, muestra sin paños calientes cuál es la actitud del régimen venezolano ante la crisis institucional que atraviesa el país. Mientras un agente de la Guardia Nacional Bolivariana disparaba prácticamente a quemarropa contra David Valenilla, de 22 años, causándole la muerte, el mandatario aseguraba cínicamente a la prensa internacional que su policía apenas utiliza contra los manifestantes “agua y gasecito lacrimógeno” porque las armas mortales “están prohibidas”. La cifra de muertos desde que se iniciaron las protestas se eleva ya al menos a 76 y aumenta prácticamente a diario.

Lamentablemente, Maduro parece cómodamente instalado en esta especie de guerra de baja intensidad contra los manifestantes a la espera de que la población se amedrente, o se canse, de una protesta que no lo ha hecho variar un milímetro de sus planes para aferrarse al poder. Por ello, sigue adelante con su convocatoria de elecciones a una Asamblea Constituyente para el próximo 30 de julio, comicios desprestigiados en el interior y en el exterior de Venezuela por cuanto suponen un burdo truco para no acatar la legalidad vigente.

Maduro y la presidenta de Consejo Nacional Electoral -un órgano títere controlado por el chavismo- en ocasión de la aprobación de la convocatoria, no logró ocultar la finalidad de la iniciativa ni la naturaleza dictatorial de su régimen : “O Constituyente o violencia; o balas o votos” fue el resumen que el propio Maduro hizo de su estrategia. Es decir que, según sus propias palabras, la alternativa a su proyecto manifiestamente inconstitucional, arbitrario y golpista no es el permitir que el pueblo venezolano elija libremente a su Gobierno, la liberación de los presos políticos y el reconocimiento de la legitimidad democrática de la Asamblea Nacional, sino ahogar a los venezolanos en una represión feroz y en un desabastecimiento sin límites. Incluso para aquellos que todavía sostienen a Maduro, su intento de acabar con la Asamblea debería ser una línea roja inaceptable.

Resulta absolutamente desgraciado e inaceptable que un país como Venezuela se esté convirtiendo en un paria internacional. El que la Organización de Estados Americanos (OEA) no haya sacado adelante una condena al régimen de Maduro no debe llevar a engaño. Basta con comparar la lista de países que han votado en contra o se han abstenido -entre ellos San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas o Granada- con la de quienes pedían una condena -Brasil, Argentina, México, Colombia, Chile, entre otros- para demostrar la soledad de un Nicolás Maduro empeñado en una sangrienta carrera hacia ninguna parte.

En lugar de liberar a los presos políticos, convocar elecciones presidenciales y dar así una salida democrática a la crisis institucional que vive Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha decidido dinamitar el orden constitucional de su país. Fracasado su empeño en despojar de sus poderes a la Asamblea Nacional, Maduro quiere ahora dotarse de una legalidad a su medida en la que no quepa ninguna oposición a su régimen.

Con su amenaza de ruptura definitiva con el orden constitucional vigente, Maduro coloca a Venezuela ante la disyuntiva más dramática de las últimas décadas. Usando su habitual lenguaje incendiario, el mandatario venezolano plantea a los ciudadanos que la alternativa a sus planes es la confrontación. Su apelación -criticada incluso desde el chavismo- a entes sin fundamento jurídico alguno como “los poderes originarios” y la delirante definición de un proyecto constituyente en el que participarían 540 “representantes de la comunidad” que nadie sabe cómo se elegirían (aunque sí a quién servirían) dibujan a un presidente decidido a convertir a su país en una dictadura con él al frente.

La soberanía popular de Venezuela está representada de forma legítima por la Asamblea Nacional, elegida democráticamente en diciembre de 2015 y en la que la oposición tiene una mayoría incontestable. Maduro ha tratado por todos los medios -legales e ilegales- de privarla de su derecho y obligación de legislar. Su mandato no puede ser anulado con el pretexto de convocar un proceso constituyente. Y la Constitución venezolana -impulsada por el propio Hugo Chávez- no puede ser anulada por la mera voluntad de un gobernante acorralado, incapaz de lidiar con la crisis económica y sin ningún diálogo con la oposición.

Durante más de un año, Maduro ha dejado escapar oportunidades que no solo hubieran supuesto una buena solución para Venezuela sino que incluso le hubieran permitido salir airoso de la situación. Ha despreciado los llamamientos, intermediaciones y buenos oficios de personalidades, organizaciones y Estados que se han ofrecido a colaborar en la consecución de un acuerdo con esa mayoría de venezolanos a los que él pretende dejar al margen de la ley. Incluso ha despreciado e ignorado la tremenda penuria de su pueblo mediante el recurso a inconsistentes promesas imposibles de cumplir.

Ni la comunidad latinoamericana ni la europea pueden consentir que Maduro y sus colaboradores acaben con la Constitución, la Asamblea y, por tanto, con la democracia y las libertades de los venezolanos. Tanto la OEA como la Unión Europea deberían advertir al régimen venezolano de las serias consecuencias (incluyendo la posibilidad de imponer sanciones, como la prohibición de viajar y la congelación de activos en el extranjero) a las que se exponen sus dirigentes si deciden seguir por ese camino. 

La convocatoria para elegir (no se sabe aún de qué modo) a 540 representantes para que elaboren una nueva Constitución es otro capítulo más en la fantochada representada por el chavismo con tal de no aceptar las reglas del juego democrático y permitir el -merecido y ya demorado por demasiado tiempo- retorno de Venezuela al grupo de naciones que viven en libertad. La medida del mandatario no resiste el menor análisis legal. Maduro se propone instaurar un parlamento paralelo ignorando completamente la legitimidad y soberanía de la Asamblea Nacional. 

 

Además de impropio es inconducente. Porque, ¿de qué modo con esta propuesta podría mejorar la situación en Venezuela, de su gente? Es una huida de Maduro a ninguna parte. De lo que no hay dudas es el beneficio que le importaría, entre otras cosas porque dicha institución sería elegida con un sistema propio y a medida, tanto de elección como de designación de candidatos, por lo que en la práctica supondrá la desaparición de la oposición. La que, recordado sea de paso, hoy es mayoría en la Asamblea y así y todo no puede ponerles un freno a las actitudes dictatoriales y asesinas del presidente. 


Otros de esta sección...

Cuidarse del dengue

23 de Marzo de 2024 - 05:00
BuscaLo Clasificados de Pergamino y su región
Buscar en Archivo
Tapa del día
00:00
15:42
Errores:  0
Pistas:  38

Tu mejor tiempo:
12:07
Registrate o Ingresá para poder guardar tus mejores tiempos.

Nueva Partida
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Editorial
Funebres
Perfiles Pergaminenses
Lejos del pago
Farmacias de turno

LO MÁS LEÍDO