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Son Marta Rovira, de la izquierda republicana, y Marta Pascal, la coordinadora general del partido soberanista de centroderecha. Según se informó ayer por la tarde tuvieron que pagar una fianza de 60 mil euros cada una.
BARCELONA (TELAM) - El juez español a cargo de la causa contra los independentistas catalanes dejó ayer en libertad provisional con un plazo para pagar una fianza de 60.000 euros a la “número dos” de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Marta Rovira, y sin ninguna restricción a Marta Pascal, de la derecha nacionalista, a quienes interrogó por su papel en el frustrado plan de secesión catalán.
Rovira intentó desmarcarse de los actos ilegales relacionados con el fallido proceso de secesión al afirmar ante el juez que pidió a Carles Puigdemont que interrumpiera el referéndum del 1º de octubre, pero el expresidente se negó, según fuentes judiciales.
Por su parte, Marta Pascal, coordinadora general del Pdecat (Partido Demócrata Europeo Catalán), al que pertenece el expresidente regional Carles Puigdemont, declaró que no estaba de acuerdo con la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre y que era partidaria de convocar elecciones.
Rovira y Pascal son las dirigentes que actualmente llevan las riendas de ERC y el Pdecat, respectivamente, y en ambas están depositadas las esperanzas de que los independentistas mantengan una línea política alejada de la vía unilateral.
Las nuevas declaraciones de dirigentes independentistas ante el Tribunal Supremo se producen mientras Cataluña continúa sumida en la incertidumbre ante las dificultades para formar un nuevo gobierno desde que los secesionistas reeditaron su mayoría absoluta en las elecciones del pasado 21 de diciembre.
El expresidente Puigdemont, que se encuentra en Bélgica huido de la justicia, insiste en su pretensión de ser investido a distancia, pero el Tribunal Constitucional español lo prohibió y tanto ERC, como buena parte de su partido, con Pascal a la cabeza, no están dispuestos a asumir nuevamente el costo de desobedecer.
Ayer, la Fiscalía no tenía previsto, en principio, medidas cautelares contra Rovira y Pascal, al no apreciar riesgo de fuga ni de reiteración delictiva, pero cambió de posición en el caso de la diputada de ERC.
Tanto el fiscal como la Abogacía del Estado solicitaron prisión provisional con un plazo para pagar una fianza, mientras la acusación particular que ejerce el partido ultraderechista VOX pidió prisión sin fianza.
El juez acordó la libertad bajo una fianza de 60.000 euros a aportar en un “plazo razonable”, según fuentes del Tribunal Supremo.
La Asamblea Nacional Catalana (ANC), principal organización civil secesionista, ya anunció que asumirá el pago de la fianza de Rovira con su fondo solidario.
El juez Llarena incluyó a Rovira, Pascal y otros cuatro dirigentes independentistas en la investigación por rebelión, sedición y malversación, después de que la investigación situó a todos ellos en las reuniones claves que llevaron a la fallida declaración de secesión de octubre del año pasado.
Según el magistrado, los dirigentes formaban parte del “comité estratégico” que diseñó e implementó el plan de secesión, de acuerdo con el documento “Enfocats”, una especie de guía que fue incautada al considerado “cerebro” del referéndum del 1º de octubre, Josep María Jové.
Rovira, jefa de ERC desde el encarcelamiento de Oriol Junqueras, llegó a la sede del Tribunal Supremo de Madrid a primera hora de la mañana entre aplausos de decenas de diputados y senadores independentistas, que acudieron a brindarle su apoyo.
“Hemos defendido el derecho de votar y expresar sus opciones de los ciudadanos de Cataluña en un Estado democrático y de derecho”, dijo Rovira al salir del tribunal, en Madrid.
Durante su declaración, que duró dos horas, Marta Rovira respondió a preguntas de la Fiscalía y del juez, ante quien aseguró que intentó acudir a todas las reuniones a las que fue convocada por el expresidente Carles Puigdemont, según fuentes judiciales.
También admitió que en 2015 firmó la “hoja de ruta” del proceso de secesión. No obstante, negó que tuviese algún cargo de responsabilidad en la gestión del referéndum del 1º de octubre que había sido declarado ilegal por la Justicia.
Además, explicó que, aquel día, durante una reunión con el resto de fuerzas independentistas, propuso suspender la votación ante la “violencia” que se producía por parte de las fuerzas de seguridad, pero que Puigdemont se negó a hacerlo.
