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El decreto fue renovado por 60 días en medio de diarias manifestaciones opositoras, que deja además cientos de heridos y detenidos desde el 1º de abril y que solo entre el lunes y ayer se cobró cuatro vidas, elevando a 42 la cifra de fallecidos.
CARACAS, (AFP) - El presidente venezolano, Nicolás Maduro, prorrogó un decreto de estado excepción vigente desde enero de 2016, que restringe garantías legales, en medio de una oleada de protestas opositoras que deja 42 muertos.
Extendida por séptima vez, la ordenanza permite al gobernante socialista restringir “garantías” constitucionales y tomar medidas especiales de “orden social, económico, político y jurídico”, según la gaceta oficial difundida ayer.
Así, Maduro puede “diseñar y ejecutar planes especiales de seguridad pública que hagan frente a las acciones desestabilizadoras que atenten contra la paz de la nación, la seguridad personal y el resguardo de las instalaciones y bienes públicos y privados”.
El decreto fue renovado por 60 días en plena avalancha de manifestaciones opositoras, que deja además cientos de heridos y detenidos desde el 1º de abril y que solo entre el lunes y ayer se cobró cuatro vidas, elevando a 42 la cifra de fallecidos.
Un joven de 17 años falleció en la madrugada de ayer en un hospital tras recibir el lunes un disparo en la cabeza cuando un grupo armado atacó una protesta en el municipio de Pedraza (estado occidental de Barinas), según la Fiscalía.
Otro manifestante, de 31 años, murió ayer también herido de bala, en el tórax, durante disturbios en San Antonio de Los Altos, en la periferia oeste de Caracas.
El lunes, según el Ministerio Público, otro hombre de 33 murió por impacto de bala “durante una manifestación” en Capacho, por lo cual fue “detenido” un “policía regional”, mientras un joven de 18 años perdió la vida en Palmira, ambas localidades ubicadas en Táchira (frontera oeste con Colombia).
Los adversarios de Maduro exigen elecciones generales para anticipar su salida del poder y rechazan una Asamblea Constituyente convocada por él.
Por su parte, el jefe de Estado acusa a la oposición de querer “incendiar” el país para asestarle un golpe de Estado y propiciar una intervención de Estados Unidos, al que acusa de financiar las protestas.
Maduro gobierna bajo estado de excepción, pese al rechazo del Parlamento, único poder controlado por la oposición e institución a la que corresponde por ley su aval.
Cada una de las prórrogas ha sido validada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que líderes opositores tildan como “el brazo jurídico” del chavismo.
El decreto de emergencia económica, además, ha facultado a Maduro para establecer “mecanismos excepcionales” a fin de fiscalizar, con apoyo de los militares, la producción, distribución y comercialización de alimentos básicos, artículos de higiene personal y medicamentos.
