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El juez está de licencia y quien lo reemplace tendrá que resolver primero si decide darle curso a esta denuncia en pleno receso judicial: para ello deberá argumentar los motivos, puesto que en este período sólo se tratan cuestiones urgentes o bien con detenidos.
Buenos Aires, (NA) - El juez federal Sebastián Casanello quedó ayer a cargo de la acusación del fiscal Guillermo Marijuan contra la expresidenta Cristina Kirchner por presunto abuso de autoridad y falsa denuncia a raíz de escuchas telefónicas en donde refiere al “armado” de causas contra el exespía Horacio Antonio Stiuso.
Fuentes judiciales informaron que, tras el sorteo realizado por la Cámara Federal, la denuncia recaló en poder del juez Casanello, que interviene junto al fiscal Franco Picardi y que ya lleva adelante el expediente contra el empresario Lázaro Báez por presuntas maniobras de lavado de dinero con fondos públicos durante el gobierno kirchnerista.
Casanello actualmente está de licencia y quien lo reemplace al menos hasta febrero tendrá que resolver primero si decide darle curso a esta denuncia en pleno receso judicial: para ello deberá argumentar los motivos, puesto que en la feria sólo se tratan cuestiones urgentes o bien con detenidos.
El fiscal Picardi también se encuentra de licencia hasta febrero y, por lo pronto, es reemplazado por su par Jorge Di Lello: el rol del representante del Ministerio Público es clave puesto que tendrá que decidir si impulsa una investigación formal a raíz de los audios que se dieron a conocer en las últimas horas.
Todo se originó a partir de que fuera intervenido el teléfono celular del exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli, en el marco de una investigación en su contra por su presunta inacción en la detención del prófugo Ibar Pérez Corradi, acusado de ser el actor intelectual del triple crimen de General Rodríguez.
Así se captó una conversación telefónica que mantuvo el 11 de julio de 2016 con Cristina Kirchner, cuando ambos ya habían dejado el Gobierno, a partir de una entrevista periodística que había concedido Stiuso, exjefe de Operaciones de la exSide, desplazado por la expresidenta luego de más de 30 años de servicio en el organismo.
“Empezá a buscar todas las causas que le armamos (a Antonio Stiuso). No que le armamos, que le denunciamos”, señaló en un tramo de la conversación Cristina Kirchner y luego preguntó “¿a quién le armamos carpetazos nosotros?” a lo que Parrilli responde “a nadie”.
El caso fue denunciado por el fiscal Marijuan por los delitos de “abuso de autoridad”, “violación de deberes de funcionario público” y “falsa denuncia” y el juez Lijo extrajo los testimonios de las escuchas, y ahora se verificará si hubo o no delito.
La Corte Suprema negó responsabilidades
La Corte Suprema de Justicia negó anoche que haya habido “entrega, filtración o divulgación” de las escuchas telefónicas entre la expresidenta Cristina Kirchner y el exfuncionario Oscar Parrilli por parte de dependencias que están bajo competencia del máximo tribunal.
La aclaración corrió por cuenta de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación, creada por la Corte Suprema y a cargo de los camaristas federales Javier Leal de Ibarra y Martín Irurzun.
“No ha habido entrega, filtración o divulgación de material alguno por parte de esa dependencia fuera de los reglamentos de actuación y protocolos de cadena de custodia establecidos para garantizar el resguardo de la información”, indicó el comunicado difundido por el Centro de Información Judicial.
Dentro de este organismo funciona la oficina de Captación de Comunicaciones, con las funciones que fueran transferidas por un decreto del presidente Mauricio Macri a poco de asumir.
Originariamente, esa tarea de interceptación era realizada por la Oficina de Observaciones Judiciales -conocida como Ojota- de la exSecretaría de Inteligencia, pero en 2014 la expresidenta Cristina Kirchner la transfirió desde ese ámbito y se la entregó a la Procuración General, encabezada por Alejandra Gils Carbó.
El 29 de diciembre de 2015, el presidente Macri, mediante un decreto, entregó las escuchas telefónicas, que siempre se realizan con orden judicial, a la órbita de la Corte, que creó la nueva Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial.
