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El fiscal Pollicita pidió enviar a juicio a Cristóbal López y a Echegaray

De Sousa y López regresaron a prisión el pasado 27 de abril. (NA) De Sousa y López regresaron a prisión el pasado 27 de abril. (NA)

BUENOS AIRES (NA) - El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió que el empresario Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa, así como el extitular de la Afip Ricardo Echegaray, vayan a juicio oral y público por la falta de pago de impuestos de la firma Oil Combustibles por miles de millones de pesos.

La presentación, en la que el fiscal acusa a todos los imputados por el delito de defraudación agravada al Estado, fue hecha el pasado viernes ante el juez federal Julián Ercolini y se conoció ayer.

López y De Sousa regresaron a prisión el pasado 27 de abril luego de pasar seis semanas en libertad, a raíz de un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que ratificó las prisiones preventivas, al considerar el riesgo de fuga y el posible entorpecimiento de la investigación.

Además, el fiscal pidió en su dictamen que se afecte al embargo de 17.000 millones de pesos los bienes de los acusados, el secuestro de los mismos, el depósito y administración judicial de los bienes muebles y una tasación de su totalidad.

La acusación se sustenta en la falta de paso del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) de la firma Oil Combustibles, la cual fue declarada en quiebra el pasado viernes por el juez en lo comercial, Javier Cosentino.

De acuerdo a la acusación, López y De Sousa se dedicaron de manera sistemática y constante a “llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos” que utilizaban para financiar y ampliar su conglomerado empresarial.

Pero, además, Pollicita vinculó la maniobra con otras causas que se siguen contra la expresidenta Cristina Kirchner por sus “favores” a un “reducido número de empresarios amigos ligados personal y comercialmente” a su familia.

Advirtió, en este sentido, al “reciclaje de activos” y sostuvo que a través de estas maniobras se “retornó una porción de lo sustraído” al Estado, como es el caso de López con el alquiler de plazas hoteleras de la familia Kirchner y la adquisición de medios de comunicación “funcionales al Gobierno” kirchnerista.

De los 55 meses investigados, los dueños del Grupo Indalo solo pagaron el impuesto al combustible durante 7 meses y así se generó una deuda por unos 8 mil millones de pesos que algunos fijan ahora en más de 20 mil millones teniendo en cuenta su actualización.

Oil Combustibles fue una “estructura societaria para el fraude”, ya que primero se generó una “acumulación ilegítima de deuda” del impuesto al combustible y luego se benefició con el otorgamiento “irregular de planes de facilidades de pago” por parte de la Afip, indicó Pollicita.

A Echegaray, en tanto, se lo acusa por la falta de control sobre los empresarios en virtud de ser el titular del organismo recaudador del momento: “Deliberadamente no exigió a Oil el pago del impuesto”, sostuvo la Fiscalía.

López y De Sousa habían sido liberados el pasado 16 de marzo por la Sala I de la Cámara Federal con el voto de Eduardo Farah y Jorge Ballestero, quienes a raíz de ese fallo fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura por presunto cohecho y finalmente tomaron la decisión de alejarse de sus cargos.

Casación revirtió las excarcelaciones al considerar los peligros procesales de mantenerse López y De Sousa en libertad, esto es el posible entorpecimiento de la causa, al tiempo que restituyó la carátula a “defraudación contra la administración pública” en vez de “apropiación indebida de tributos”.

Si bien ambos delitos tienen la misma pena, de dos a seis años de prisión, el segundo abría la puerta a que se discutiera qué fuero era competente para investigar (el federal o el penal tributario), lo que podría haber dado lugar a una cancelación de la deuda a cambio de extinguirse la acción penal.

Casación siguió de esta forma el mismo criterio adoptado en primera instancia por el juez Ercolini, quien los había detenido de manera preventiva al considerar que los empresarios habían intentado desprenderse de activos mientras se tramitaba la investigación y burlar así la inhibición de bienes.