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Los expertos en derechos humanos advirtieron que el sistema penal es “selectivo” porque quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad, como los niños, el colectivo Lgbti, los pueblos indígenas y los migrantes tienen mayor probabilidad de ser detenidos.
Buenos Aires, (NA) - El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria expresó ayer su “preocupación” por la “selectividad del sistema de justicia penal” argentino, al tiempo que advirtió sobre “el uso en exceso de la prisión preventiva” y “las amplias facultades de la Policía para privar a una persona de su libertad”.
Los expertos en derechos humanos Elina Steinerte (Letonia) y Sètondji Roland Adjovi (Benín), que encabezaron una misión de diez días en el país, dieron a conocer las conclusiones “preliminares” del trabajo y coincidieron en que las personas “humildes, en condiciones de vulnerabilidad” y que participan de “protestas sociales” tienen más posibilidades de quedar detenidas.
“Aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, como los niños, el colectivo Lgbti, los pueblos indígenas y los migrantes tienen mayor probabilidad de ser detenidos por la Policía por la sospecha de haber cometido un delito o demorados para verificar su identidad”, alertó la delegación del Grupo que ayer finalizó su visita oficial.
Pedido por Milagro Sala
En conferencia de prensa en la sede de Naciones Unidas en el país, en Junín 1940, los integrantes del grupo de trabajo reiteraron que la visita no tuvo que ver directamente con la detención de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, a quien visitaron la semana pasada en el penal de Alto Comedero, en Jujuy.
Sin embargo, ratificaron su postura sobre que la detención de la dirigente social es “arbitraria” y remarcaron que el reclamo por su liberación “sigue vigente”.
“La visita al país no se trata de un revisión (del caso de Sala). Si no se cumple (con su liberación), esto se va a ver reflejado en nuestro informe anual”, subrayó Roland Adjovi.
Para el grupo, en la Argentina existen “amplias facultades de la policía para privar a una persona de su libertad ante una sospecha” de un delito o también “demorarla” en una comisaría para averiguar su identidad.
Si bien los representantes de la ONU señalaron que las fuerzas afirmaron que “demorar” ni significa “detener”, evaluaron que “si una persona no puede dejar un lugar por su propia voluntad, es una privación de la libertad”.
Además, pusieron énfasis en el “uso en exceso de la prisión preventiva” y advirtieron que pese a que debe darse en casos “excepcionales”, actualmente el “60 por ciento” de los presos del país no tiene condena.
“El plazo de 2 años, que ya de por sí es un período largo, se extiende y hay presos con 4, 6 y hasta 10 años con prisión preventiva”, enfatizó Steinerte y destacó que la mayoría de los detenidos en esa condición no están separados de los condenados, por lo que se constituye “una pena de facto y es una violación de los derechos internacionales.
Los expertos también alertaron sobre la situación de las comisarías, que albergan a presos por “meses y años”, pese a no estar equipadas.
