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BUENOS AIRES, (NA) - La CGT repudió ayer los allanamientos realizados en varias sedes del Sindicato de Camioneros y responsabilizó al Gobierno “por el accionar de las fuerzas de seguridad”, al tiempo que pidió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, “que brinde una disculpa pública”.
El consejo directivo de la central gremial expresó su repudio a los allanamientos del viernes y sostuvo que “la irrupción violenta por parte de las fuerzas de seguridad en la sede de Camioneros, en San José 1781, es una verdadera puesta en escena con el solo fin de obtener una repercusión mediática.
“Responsabilizamos al Gobierno Nacional por el accionar de las fuerzas de seguridad en el operativo e instamos a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que brinde una disculpa pública por el ataque a trabajadores”, señaló la organización sindical a través de un comunicado.
Según indicaron los dirigentes de la central gremial, se persiste “en la idea de demonizar a los dirigentes sindicales y, especialmente, a las organizaciones de los trabajadores”.
La CGT remarcó que sus dirigentes son “respetuosos del normal funcionamiento de la Justicia, pero resultan muy llamativas las embestidas judiciales a las organizaciones gremiales casualmente en momentos donde se han realizado fuertes críticas al Poder Ejecutivo y en vísperas de un nuevo intento de reforma laboral.
“Estos actos represivos no tienen otra finalidad que la de amedrentar a las organizaciones sindicales que plantean disidencias con las políticas públicas que lleva adelante el Gobierno actual”, advirtió.
El respaldo se dio a pesar de las tensiones que existen entre la cúpula de la CGT y los líderes del Sindicato de Camioneros, Hugo y Pablo Moyano, por la actitud adoptada frente a la política económica del Gobierno.
De hecho, en uno de los párrafos del comunicado la central agrega: “Queremos expresar fraternalmente nuestra solidaridad con los dirigentes y trabajadores que han vivido momentos angustiantes impropios de una sociedad civilizada.
“Estamos convencidos que este tipo de episodios no deben repetirse en nuestra querida Argentina. El Estado, en todos sus poderes, tiene la irrenunciable obligación de tutelar los derechos constitucionales y bregar por la tan ansiada paz social”, concluyó la CGT.
