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La presentación había sido realizada por el senador “Pino” Solanas y el abogado Enrique Viale, y alcanza también a la titular de la OA, Laura Alonso, a quien acusan de no haber informado el supuesto conflicto de intereses en que habría incurrido Jorge Marcolini.
Buenos Aires, (NA) - La fiscal federal Paloma Ochoa imputó ayer al ministro de Energía, Juan José Aranguren, y al subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Jorge Marcolini, en una causa por supuesto “conflicto de intereses e impacto ambiental”, en la construcción de las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner, en Santa Cruz.
La denuncia había sido realizada por el senador Fernando “Pino” Solanas y el abogado Enrique Viale, y alcanza también a la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, otra de las imputadas por la Fiscalía por no investigar el supuesto conflicto de intereses en que habría incurrido Marcolini.
En su presentación ante el juez Sebastián Ramos, la Fiscalía pidió investigar los supuestos delitos de abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública y violación de deberes de funcionario público.
Según la denuncia, Marcolini, como subsecretario de Energía, es el encargado de recibir y aprobar un nuevo estudio de impacto ambiental de las represas, realizado por Ebisa, una empresa de capital estatal, de la cual el funcionario en cuestión figura como director, lo cual es incompatible.
“Resulta objeto de esta investigación la ´incompatibilidad´ en la que habría incurrido Marcolini al intervenir en función de su cargo en la ejecución del proyecto ´Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz´”, sostuvo la Fiscalía.
Además, recordó que el subsecretario ejerció el cargo de jefe del departamento de Ingeniería Sanitaria en la empresa Iatasa, que produjo un informe ambientan favorable a la construcción de las represas.
El 10 de diciembre de 2015 Marcolini asumió como subsecretario de Energía Hidroeléctrica, y en enero de 2016 fue designado director titular de Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. (Ebisa), empresa encargada de presentar el nuevo estudio de impacto ambiental.
Para los denunciantes, el conflicto de intereses recae en que “el director de Ebisa, que es Marcolini, hará entrega de la evaluación al subsecretario de Energía Hidroeléctrica, él mismo, para ser revisada por éste”.
