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La resolución del Poder Ejecutivo de no convocar a “extraordinarias” el mes próximo retrasó el tratamiento en el Congreso de estos proyectos. Así, el oficialismo impulsará temas que considera fundamentales para la gestión a partir del 1º de marzo.
Buenos Aires, (Télam) Diego Guglielmone - La decisión del Poder Ejecutivo de no convocar a sesiones extraordinarias en febrero motivó que proyectos como los de reforma laboral y de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, así como una nueva normativa política y electoral, pasen a formar parte de los temas que podrían ser abordados en el período ordinario de sesiones del Congreso Nacional.
Ayer a la mañana el jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo que la meta ahora “es trabajar a partir del mensaje del presidente del 1º de marzo en un calendario legislativo regular, para poder dar todos los ámbitos de debate y desarrollo normal de la vida parlamentaria”. Durante la reunión del Gabinete el presidente dialogó sobre sus proyectos para 2018 con todos sus ministros y la única ausente fue la vicepresidenta Gabriela Michetti, de gira en el exterior.
La reunión se realizó entre las 8:30 y 9:35 en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada. Macri estuvo flanqueado, a su izquierda, por el ministro de Finanzas, Luis Caputo, y el canciller Jorge Faurie, a su derecha. La novedad fue que volvieron -con una barba de color claro- el ministro de Defensa, Oscar Aguad, y su par de Energía, Juan José Aranguren, quienes fueron objeto de bromas por parte de sus pares por el cambio.
De ese modo, el oficialismo impulsará temas que considera fundamentales para la gestión de gobierno a partir de la inauguración del período ordinario de sesiones del Congreso. Entre otros, podrá ser abordada recién desde marzo la discusión de la ley de reforma laboral, empantanada en la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores. Tanto el oficialismo como la oposición reconocen que ese tema que, por ejemplo, impulsa un blanqueo laboral, solo será discutido si cuenta con la anuencia de las centrales obreras.
Otra cuestión que también se encuentra en la Cámara alta, pero que aún no pasó por ninguna comisión, es el proyecto de ley de reforma del mercado de capitales, conocido como de Financiamiento Productivo, que ya fue aprobada por Diputados. La ley de extinción de dominio, en cambio, cuenta con dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, pero aún no llegó al recinto porque tanto el peronismo como Cambiemos pretenden un compromiso de Diputados para que la norma no sea modificada cuando llegue a la Cámara baja. También permanecen en el Senado, con sanción de Diputados, la nueva Ley de Defensa de la Competencia y la Ley de Compre Argentino.
Por otro lado, la reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, que recorta poderes del procurador y elimina fiscalías especializadas, aún sigue sin obtener dictamen de comisión. La norma fue impulsada por el Poder Ejecutivo, pero redactada por el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, y por el jefe del bloque Justicialista, Miguel Angel Pichetto, para limitar la discrecionalidad de la exprocuradora y fundadora de la agrupación Justicia Legítima, Alejandra Gils Carbó, quien renunció a su cargo a fines de 2017.
También quedará para las sesiones ordinarias, que se abrirán el 1º de marzo y se cierran el 30 de noviembre, la reforma política, que se frenó en el Senado en noviembre de 2016, luego de que los gobernadores peronistas le transmitieran a sus representantes en la Cámara alta que no había unanimidad en el apoyo a la medida del Gobierno. El proyecto había sido debatido en varios plenarios de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda y Justicia y Asuntos Penales, y también se la había consensuado entre los representantes de los ejecutivos provinciales y el Poder Ejecutivo Nacional. Sin embargo, durante una reunión a puertas cerradas en el que fuera el bloque del Frente para la Victoria-PJ, los desacuerdos llevaron a que las iniciativas fueran archivadas.
