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Amado Boudou fue el eje de la disputa en un principio pero la tensión se intensificó con otros actores y ante la indefinición de varias causas, se espera que este año, el último de Cristina Kirchner en la presidencia, la pulseada se intensifique. El juez Bonadio destronó a su par Norberto Oyarbide del protagonismo que extrapoló las paredes de los tribunales.
Buenos Aires, (NA) - La disputa entre un sector del Poder Judicial y el Gobierno nacional seguirá siendo central en la agenda política de 2015, ante la posibilidad de que continúe la secuencia de fallos adversos al kirchnerismo, y por la interna en los tribunales dividida entre oficialistas y opositores.
Amado Boudou fue el eje de la disputa en un principio pero la tensión se intensificó con otros actores y ante la indefinición de varias causas, se espera que este año, el último de Cristina Kirchner en la presidencia, la pulseada se intensifique.
No sólo 2014 fue el año en que el kirchnerismo se mostró más enfrentado con el poder Judicial, sino que las posiciones del Ejecutivo tuvieron eco en un sector de la Justicia, concretamente en la agrupación “Justicia legítima”, y las decisiones de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
Una figura inesperada contribuyó a subir el voltaje político de la pelea: se trata de la electa presidenta del Consejo de la Magistratura, la jueza Gabriela Vázquez, que al haber votado en sintonía con el oficialismo en decisiones claves recibió fuertes cuestionamientos de sectores enfrentados al Gobierno.
Investigaciones
El 2014 será recordado como el año en que la Justicia acorraló al vicepresidente Boudou en distintas causas: fue procesado por haber presentado documentación falsa al inscribir vehículo que compró, pero está pendiente de definición para 2015 su situación en el caso Ciccone y en la causa por enriquecimiento ilícito.
La Sala I de la Cámara Federal deberá resolver si confirma o no su procesamiento por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho por la compra de la exCiccone Calcográfica.
Sin dudas seguirá generando cruces la causa por la cual el juez federal Claudio Bonadio, enfrentado al Gobierno, investiga a la presidenta Cristina Kirchner, por documentación faltante de su empresa Hotesur ante la Inspección General de Justicia (IGJ) y ante sospechas de actividades de lavado de dinero.
El año pasado fue el juez Bonadio quien destronó a su par Norberto Oyarbide del protagonismo que extrapoló las paredes de los tribunales, pues el magistrado decidió jugar fuerte en contra del Gobierno pero también en el seno del Poder Judicial.
Bonadio no sólo citó a indagatoria y pidió el desafuero de Carlos Gonella, titular de la Procuraduría Contra la Criminalidad Económica (Procelac) y del círculo íntimo de Gils Carbó, sino también que sorprendió el anteúltimo día hábil del año mediante una “carta abierta” a la presidenta del Consejo, Vázquez, reprochándole haber votado junto con el kirchnerismo la imposición de una multa en su contra en dos causas por mal desempeño en sus funciones.
El otro frente abierto a fin de año fue la citación a indagatoria del ministro de Justicia, Julio Alak, a raíz de su gestión al frente de Aerolíneas Argentinas, fijada para diciembre pero el juez Marcelo Martínez Di Giorgi, que finalmente la postergó para marzo próximo.
Otras causas sensibles desde lo político podrían tener un desenlace, como las que tramita la jueza María Servini de Cubría por fondos bajo sospecha del Fútbol Para Todos y la presunta falta de control en la importación de efedrina, sustancia desviada a laboratorios para la producción de drogas sintéticas.
También habrá desenlace en el juicio por la tragedia ferroviaria de Once: 29 acusados conocerán el veredicto, entre ellos el tantas veces investigado exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, a quien la suma de otra condena podría dejarlo al borde de quedar detenido.
Las designaciones en varias fiscalías federales dispuestas por la Procuradora Alejandra Gils Carbó abrió varios frentes de disputa: en Comodoro Py habilitó cargos que preveía la reciente sanción del Código Procesal Penal y a su vez desplazó a dos de los considerados no alineados a su gestión, Guillermo Marijuan y Eduardo Taiano, al frente de la Unidad que investiga los delitos en el Pami y la fiscalía federal 5, respectivamente.
Muchas de las designaciones se harán efectivas recién en febrero y ese será el primer tema de controversia que alimente la interna judicial.
