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Mauricio Macri consideró que se trata de un acuerdo “valioso e importante” que permitirá iniciar una nueva etapa en la Argentina y señaló que “un gran punto fue darle fin a la litigiosidad dentro de la política y que las cosas se arreglen entre aquellos a quienes la gente vota para ordenar, arreglar los problemas y construir futuro”.
Buenos Aires, (NA) - El Gobierno nacional logró ayer, luego de intensas negociaciones, firmar con los gobernadores un Pacto Fiscal, destinado a bajar la presión tributaria sobre la actividad económica, el compromiso de desistir de juicios por deudas entre jurisdicciones y que prevé una solución al Fondo del Conurbano.
El convenio prevé también la remisión al Congreso de un paquete de leyes y constituye el punto de inicio de la elaboración de una nueva ley de coparticipación federal.
El presidente Mauricio Macri no participó directamente de las duras negociaciones con los mandatarios provinciales, pero sí encabezó el acto de firma cuando el entendimiento ya había sido alcanzado y valoró “muchísimo el esfuerzo que han hecho”.
El acuerdo fue rubricado por 23 provincias, ya que San Luis no aceptó las condiciones planteadas por el Ejecutivo nacional, puntualmente en lo que hace a la condición de dejar de lado los juicios, aunque continuará negociando con el ministro del Interior.
Durante la reunión realizada ayer en la Casa Rosada, el mandatario consideró que se trata de un acuerdo “valioso e importante” que permitirá iniciar una nueva etapa en la Argentina y señaló que “un gran punto fue darle fin a la litigiosidad dentro de la política y que las cosas se arreglen entre aquellos a quienes la gente vota para ordenar, arreglar los problemas y construir futuro”.
“Pasaron unas cuantas semanas vertiginosas, pero todos estamos convencidos de estar dando un gran paso adelante. No es fácil un acuerdo de este tipo con puntos de partida tan distintos”, sostuvo el jefe de Estado.
Luego de que el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, llevara adelante negociaciones individuales y participara de la reunión de gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), la Casa Rosada logró la firma del segundo acuerdo en pos de los “consensos básicos” que había planteado Macri tras las elecciones legislativas.
“Sé que ha habido incomodidades, pero todos sabemos que tenemos una responsabilidad enorme y no podemos esperar porque hay cuestiones de pobreza y empleo que debemos resolver”, remarcó el mandatario.
Respecto a la eliminación o reducción de algunos impuestos, lamentó que muchos de los gravámenes se crearon “en forma defensiva por mal funcionamiento de la política y han distorsionado la capacidad de recibir inversiones, de desarrollar al sector privado y de crecer”.
Responsabilidad fiscal
En una conferencia de prensa, Frigerio destacó el entendimiento, pero reconoció que por falta de tiempo quedaron algunos temas por negociar en las próximas semanas. Entre esas problemáticas se encuentra el tema municipal, para que las comunas tengan una regla de responsabilidad fiscal y trabajar en una reforma tributaria a ese nivel por las tasas locales.
“También queda generar un mecanismo de compensación de créditos y débitos que hay entre el Gobierno Nacional y muchas jurisdicciones”, indicó el funcionario nacional, que consideró que el acuerdo es “un puntapié muy importante para discutir una reforma de la Ley de Coparticipación Federal”.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, destacó el compromiso de los mandatarios provinciales para reducir progresivamente las alícuotas de Ingresos Brutos y Sellos para darle competitividad a la actividad económica.
“Esto viene a complementar el esfuerzo que estamos haciendo en la reforma tributaria nacional, que se empalma con la provincial”, subrayó el funcionario.
El acuerdo implica el compromiso de las provincias para bajar “impuestos distorsivos”, como Ingresos Brutos y Sellos, por 1,5% del PBI en los próximos cinco años, entre otros puntos.
En tanto, la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, celebró la firma del acuerdo y afirmó que “es la primera vez que en un pacto fiscal no se resigna el federalismo”.
Su par jujeño, Gerardo Morales, definió a la firma del entendimiento como un hecho “histórico” y destacó la “disposición” del Gobierno para “hacer cambios”, a la vez que se refirió a la decisión de las provincias de desistir de las demandas judiciales en contra del Estado: “Resolver la litigiosidad es muy importante”.
Los únicos mandatarios ausentes fueron los de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; y de Santiago del Estero, Claudia Ledesma Abdala: fueron representados por los vicegobernadores, Carlos Ponce, Pablo González y José Neder, respectivamente.
Un bono para compensar
El Gobierno emitirá un bono de 80.000 millones de pesos a favor de las provincias que, como compromiso firmado en el Pacto Fiscal, desistan de los juicios por coparticipación que tienen radicados contra la Nación en la Justicia. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, realizó el anuncio tras la firma del acuerdo con las provincias sobre cuentas fiscales y modificaciones al sistema previsional.
Dujovne explicó que el bono tendrá una tasa de 6%, con amortización anual a 10 años de plazo y que se le entregará a cada provincia de acuerdo con “su coeficiente de participación en la coparticipación”.
Quedan exceptuadas de esta percepción la provincia de Buenos Aires, que renunció a reclamarle al Estado su deuda por el Fondo del Conurbano a cambio de una compensación y la Ciudad de Buenos Aires.
Tal como se había acordado, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal retirará la demanda ante la Corte y recibirá a cambio 40 mil millones de pesos en 2018 y 65 mil millones en 2019.
El ministro dijo que la compensación alcanzará a las provincias con juicios con sentencia firme, como Santa Fe y a San Luis, si firma el pacto, ya que la provincia cuyana todavía no acordó con la Nación.
Según el acuerdo fiscal, el gobierno también emitirá un bono para todas las gobernaciones y la Ciudad de Buenos Aires (Caba), excluyendo a la provincia de Buenos Aires, a 11 años, que genere servicios por cinco mil millones de pesos en 2018, y doce mil millones de pesos, por año a partir de 2019, según el inciso “C” del acta del pacto fiscal.
Esos bonos serán distribuidos entre las jurisdicciones que aprueben el Consenso en función de los coeficientes efectivos de distribución resultantes del régimen general de Coparticipación Federal de Impuestos.
La provincia de San Luis no firmó el pacto fiscal y tiene un juicio a favor de la Corte Suprema por fondos descontados de manera irregular durante más de nueve años y que a valores actualizados rondan los 13 mil millones de pesos.
