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El secretario general, Carlos Elizalde, y el subsecretario de Seguridad, Federico Beltrán, están acusados de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y malversación de fondos, por haber dispuesto apostar una patrulla en un establecimiento que mantiene un conflicto con la Comuna. El intendente habló de “judicialización de la política”.
DE LA REDACCION. El secretario general del Municipio, Carlos Elizalde, y el subsecretario de Seguridad, Federico Beltrán, fueron imputados en una causa judicial que tiene origen en un conflicto entre la Municipalidad y una empresa productora de huevos. Los funcionarios fueron denunciados porque en el marco de esa disputa legal que llegó hasta la inhabilitación de la planta, se instruyó a un móvil de la Patrulla Urbana a permanecer en el acceso al establecimiento de la empresa Sarape S.A., ubicado sobre el kilómetro 11 de la ruta Nº 178.
En las últimas horas, el fiscal Juan Andrés Gracia firmó la resolución por la cual cita a ambos funcionarios a prestar declaración en calidad de imputados de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y malversación de fondos.
La situación generó una rápida reacción del Municipio que, en la voz del intendente Omar Pacini, atribuyó el caso a la “judicialización” de la política. Si bien se mostró dispuesto a colaborar con la Justicia “para llegar al fondo de la cuestión”, no escondió su enojo porque “es un tema que bien se podría haber resuelto en otro ámbito, como estamos acostumbrados los pergaminenses, sin necesidad de llegar a los estrados judiciales”. Y fue más allá, tirando por elevación a algún sector político en particular: “Esto es típico del Conurbano”, dijo.
La causa
El conflicto entre el Municipio y la firma Sarape S.A. empezó en 2012 y los referentes de la firma alegaron oportunamente que tiene correlato con el emplazamiento de un emprendimiento inmobiliario en la misma zona en que está instalado el establecimiento productivo. Señalaron que la inversión inmobiliaria pertenece a la sociedad Marel Desarrollos Inmobiliarios S. A., cuyo titular es Martín Elustondo. Los titulares de la avícola argumentaron que hay una relación entre este empresario y autoridades municipales.
Cuando empezó el caso, el entonces intendente Héctor Gutiérrez dispuso la clausura parcial de la planta por considerar que no cumplía con ciertas pautas para su normal funcionamiento.
En abril de 2014, el intendente Omar Pacini ordenó el desalojo en el término de 10 días de las aves que estaban en uno de los galpones y dispuso la clausura de otros bajo apercibimiento de decomiso.
En noviembre de 2014, Pacini ordenó el decomiso de las aves existentes en el galpón Nº 1 de la empresa mencionada y en febrero de 2015, ordenó el decomiso de las aves existentes en los galpones 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Según determinó el fiscal, “con posterioridad a la medida ordenada por Elizalde de apostar una patrulla en el acceso al establecimiento, Pacini revocó la habilitación otorgada a Sarape S.A”.
A su vez, los damnificados solicitaron al Juzgado Contencioso Administrativo Departamental que disponga como medida cautelar, la suspensión del acto administrativo a lo que el juez Luciano Savignano, el 5 de febrero de 2015, resolvió, con carácter precautelar, que la Municipalidad de Pergamino se abstenga de poner en ejecución el acto administrativo impugnado, hasta tanto se dicte la medida cautelar disponiendo la celebración de una audiencia con todas las partes fijada para el día 15 de marzo de 2015. No obstante ello, el 9 de marzo de 2015, Savignano se excusó para seguir entendiendo en la causa, razón por la cual se encuentra actualmente radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Junín.
Por lo expuesto, para el fiscal Juan Andrés Gracia, “Elizalde dictó resoluciones contrarias a la ley, abusando de su función, al ordenar el apostamiento de móviles pertenecientes a la Patrulla Urbana municipal, para controlar la entrada y salida de camiones de la empresa Sarape S.A., violando de esta manera las resoluciones dictadas por el intendente municipal en los distintos expedientes administrativos, como así, el decreto que crea el servicio de Patrulla Urbana, cuya función específica es el patrullaje preventivo, de acuerdo al mapa del delito, como así también tareas relacionadas con el tránsito, inspecciones, procedimientos y controles, siendo conducido para estas operaciones con agentes municipales únicamente y todo en el marco de la prevención de delitos, circunstancia esta que no se da en el caso particular”.
En lo que respecta a Beltrán, en su carácter de subsecretario de Seguridad del Municipio, a cargo de las patrullas urbanas municipales, y en ejercicio de sus funciones, al disponer los móviles de la Patrulla Urbana para controlar la entrada y salida de camiones de la empresa en cuestión, según la Fiscalía “ violó la ley, incumplió con sus funciones y abusó del cargo, al darle un destino diferente para el que están dispuestas legalmente, e incluso con personal policial, circunstancia esta prohibida por el decreto de creación de las mismas”.
Por consiguiente, para el fiscal “existen elementos suficientes e indicios vehementes para sostener que la conducta desplegada por Carlos Elizalde y Federico Beltrán, importa ‘prima facie’ la comisión de los delitos” que se les endilgan.
Por eso los citó para que presten declaración el 8 de junio a Elizalde y dos días después a Beltrán.
Cabe señalar que estos pasos judiciales que se detallan corresponden a la causa que se instruye en torno a la afectación indebida de la patrulla municipal. Por otro lado cursa la cuestión de la viabilidad ambiental y la revocación de la habilitación de la firma Sarape, que opera en ese lugar desde hace más de 30 años.
Malestar
La noticia sobre la imputación a Elizalde y Beltrán apareció en la mañana del viernes en el portal digital Diario Pergamino. Esa misma mañana, el fiscal que atiende la causa, aseguró a Radio Uno que esa especie no era real, pero horas después firmó la resolución y notificó a los imputados.
En el Municipio cayó muy mal esa situación y el intendente se quejó de una “grave filtración de información”, porque los medios manejaban el dato antes de que lo firme el fiscal y que se anoticien los propios acusados.
Para Pacini hay una “judicialización de la política”
LA OPINION buscó la palabra de Elizalde y Beltrán, quienes decidieron por el momento no hacer declaraciones periodísticas. Pero el que habló sobre el tema es el intendente Omar Pacini.
“Sabemos que están citados a prestar declaración, que se va a hacer casi llamativamente el mismo día en que se cierran las posibilidades de establecer alianzas en términos políticos. Desde el Departamento Ejecutivo no vamos a hacer absolutamente nada como para obstruir lo que sea la intervención judicial, pero vamos a remarcar enfáticamente que no estamos de acuerdo y además resulta sospechoso y tristemente demostrativo de la situación que estamos viviendo, que es la filtración de este tipo de noticias. Porque con ese criterio (que se publique en los medios antes de que se enteren los imputados), si se tratara de un hecho delictivo extremadamente grave, quien hubiera estado imputado podría hasta irse del país. Esto lo digo porque esta noticia apareció en un medio varias horas antes de que llegara cualquier notificación a los denunciados, e incluso tengo entendido que antes de que el propio fiscal firmase la resolución, y esto es tan grave como triste, porque esto surge como consecuencia de la intencionalidad política trasladada a judicialización de la política”, dijo Pacini.
-¿Por qué habla de judicialización de la política?
Esto arranca hace cuatro años con la irresponsabilidad de un empresario que no quiso aceptar sugerencias, al que se le clausuró, que tenía una orden de decomiso sobre la planta y que después encuentra eco en un bloque de concejales en el cual, llamativamente también, participa un concejal que está vinculado al estudio jurídico que es defensor de la empresa en cuestión. Esa es nuestra preocupación.
-¿Qué hacía una patrulla en ese lugar?
La patrulla actúa como un control y ahora se hace una acusación de abuso de autoridad. El Partido de Pergamino es uno de los más extensos en la provincia de Buenos Aires y por eso hemos incorporado al sistema operativo de seguridad nuestras propias patrullas que están en distintos lugares de la ciudad y de los pueblos.
Pero eso de última lo tendrá que resolver la Justicia. A mi me preocupan las filtraciones de datos, la conexión dudosa entre una cosa y otra, la falta de valores y algunos aspectos que agreden a los valores que debe tener la política en serio. Percibo que se están trasladando a nuestro ámbito costumbres de lugares que no nos son propios, nos están trayendo inventos que tienen más que ver con el Conurbano de Buenos Aires que con lo que es la idiosincrasia de los políticos y de los ciudadanos de Pergamino.
-De todas maneras la versión periodística resultó válida…
-No me parece mal que se publique, pero me parece pésimo que se anticipe a través de los medios lo que no saben los propios involucrados en el tema. Eso es gravísimo, porque salió en un medio una decisión judicial que aún no estaba firmada.
De todos modos insisto en que hay una judicialización de la política, dañina, mezquina, que tiene un correlato con lo que dije cuando abrimos las sesiones del Concejo Deliberante y también en otras ocasiones: se está jugando con elementos propios de otros lugares, y no estoy dispuesto a tolerar esta situación. Por eso voy a asumir la defensa de mis funcionarios hasta donde llegue mi responsabilidad, pero estos golpes bajos, si bien no me asustan, no los voy a dejar pasar así nomás.
Estamos en un tiempo político tan complejo que cuando alguien te dice buen día tenés que mirar hacia donde sale el sol.
