Pergamino

Preocupación de profesionales de salud mental por posibles cambios en la ley


 Lucía Lascialanda Daiana Torti Fabiana Cañizares y Luciana Carn dialogaron con LA OPINION (LA OPINION)

'' Lucía Lascialanda, Daiana Torti, Fabiana Cañizares y Luciana Carná, dialogaron con LA OPINION. (LA OPINION)

Hace unos días tomó estado público que el Gobierno nacional estudia un proyecto de decreto reglamentario de la norma vigente. A juicio de muchos contradice aspectos fundamentales y representa un retroceso. Referentes de los distintos dispositivos que funcionan a nivel hospitalario dialogaron sobre esto con LA OPINION.


Desde distintos ámbitos profesionales y de asociaciones vinculadas a la cuestión de salud mental observan con preocupación las versiones que indican que existe un proyecto de decreto reglamentario de la Ley Nacional de Salud Mental que se estudia en el seno del Gobierno nacional y entienden generaría un retroceso significativo a los avances conseguidos desde la implementación de esta normativa que modificó un paradigma en el concepto de abordaje de la problemática que atraviesa a las personas con padecimiento mental.

En la edición de ayer, LA OPINION publicó los términos de un comunicado producido desde los distintos dispositivos de Salud Mental que funcionan bajo la órbita del Hospital Interzonal General de Agudos San José -Residencia de Psicología, Servicio de Salud Mental y  Hospital de Día- en el que señalan la marcada preocupación que generó la noticia de que se iban a reglamentar por decreto aspectos de la Ley de Salud Mental, contradiciendo bases sustanciales de ese marco normativo.

Para conocer más sobre los posibles alcances de esta modificación y profundizar en la inquietud que esto genera en quienes a diario trabajan en el campo de la salud mental dentro del sistema público de salud, LA OPINION entrevistó a las psicólogas Lucía Lascialanda, jefa de la Unidad de Residencia de Psicología; Daiana Torti, integrante del Servicio de Salud Mental; Fabiana Cañizares, residente de Psicología, y Luciana Carná, integrante del Servicio de Salud Mental.

-¿Qué información poseen sobre un proyecto de decreto reglamentario de la Ley de Salud Mental?

Torti: Hay un nuevo decreto que echa por tierra el del año 2013. Leyendo sus alcances, representa un retroceso grave en relación con lo que se ha logrado en todos estos años con la sanción e implementación de la  Ley de Salud Mental, por lo que nos genera una seria preocupación.

-¿En qué aspectos de lo que pueden observar del decreto detectan este retroceso?

Torti: Creemos que los avances de la ley tenían que ver con ubicar al sujeto con padecimiento en salud mental como un sujeto de derechos y muchos puntos del decreto  lo que hacen es volver a un sistema tutelar, desentendiendo que el padecimiento en salud mental tiene que ver con un montón de cuestiones sociales e históricas que no se curan con la medicación y que no son comprobables desde un modelo médico.

Lascialanda: Uno de los puntos fundamentales de la ley era tomar la problemática en salud mental como algo complejo que daba la posibilidad de la interdisciplina. En cambio, el decreto vuelve sobre parámetros hegemónicos que consideran el problema solo como algo psicológico o biológico.

Carná:   Fue fundamental para nosotros la implementación de la Ley de Salud Mental porque habilitó un montón de prácticas que veníamos sosteniendo. Brindó un marco legal que nos habilitó a pensar dispositivos e intervenciones con los efectos que eso tuvo con los pacientes. Fueron procesos sostenidos en el tiempo, con resultados visibles en relación a la eficacia de trabajar con un modelo en el que no existe una primacía del médico o el psiquiatra sino de un equipo. En este sentido, estamos bastante preocupados porque cambiaría el marco legal del trabajo en salud mental.

-¿Qué razones, entienden, han motivado a pensar en esta nueva reglamentación?

Lascialanda: Desconocemos cuáles han sido las motivaciones. Nuestra preocupación se enmarca en la misma que tienen organizaciones, profesionales y usuarios al tomar conocimiento sobre este proyecto de decreto. Ha llegado un comunicado del proyecto de reforma que plantea el decreto. Son cambios que se piensan implementar por decreto, es decir que no van a pasar por el Congreso, algo que alarma porque precisamente la Ley de Salud Mental fue una normativa que resultó del consenso y de la participación en su diseño de muchos actores.

Cañizares: Esta es una reforma planteada a puertas cerradas. No sabemos las razones, pero no hubo debate para armar este decreto.

Lascialanda: No sabemos a ciencia cierta las motivaciones, pero sabemos que la ley siempre tuvo y tiene resistencias en algunos sectores.

-¿Cuál es la resistencia mayor que tiene la ley?

Lascialanda: Hay resistencias surgidas de intereses privados y económicos. De sectores que entienden que hay que darle prioridad al médico, cuando eso tiene que ver con un viejo modelo tutelar y de hegemonía médica. En el decreto de hecho aparece un artículo de una ley que se sancionó en la dictadura en el que se señala que los servicios deben estar dirigidos por un médico. Cuando la Ley de Salud Mental habilitaba en esta tarea a otros profesionales.

-¿Está establecido qué pasaría con los dispositivos intermedios que surgieron a partir de la ley como el Hospital de Día?

Carná: Creo que eso no está explicitado en el decreto.

Cañizares: La ley vino a habilitar prácticas que ya se venían haciendo, vino a regularlas y reforzarlas. Por eso se piensa que el decreto es un retroceso, porque se plantea el regreso a prácticas antiguas que, se sabe, que no funcionan. 

Carná: Es volver a pensar en el encierro como una forma de control social, esconder lo que molesta, tapar lo que no se quiere mirar o no se quiere saber. Eso contradice claramente los términos de la Ley de Salud Mental.

Lascialanda: La ley vino a devolver soberanía a los pacientes y el decreto vuelva a ubicar algo de la gravedad o de la peligrosidad, conceptos hasta  discriminatorios que ya habían quedado de lado.

Torti: Nombra a los pacientes como personas con trastornos mentales y del comportamiento, sacando el foco de que siempre hay un padecimiento y sufrimiento del sujeto. Eso es ciertamente preocupante.

Lascialanda: También preocupa que los abordajes sean desde categorías estancas y no desde el lugar que proponía la ley, un lugar histórico, cultural, que atiende a cada persona en su singularidad.

A la firma del presidente

-¿En qué instancia está este proyecto?

Torti: Tenemos idea de que le falta solo la firma del presidente y por eso  en todos los  puntos del país las organizaciones de trabajadores y de usuarios están armando una movida para dar a conocer a la comunidad los alcances de esta reforma para ver si  se puede frenar. Hoy aquí somos psicólogas, pero esta preocupación alcanza a todos los profesionales que intervienen en el campo de la salud mental, trabajadores sociales, psiquiatras, musicoterapeutas. Todos en el país estamos luchando por esto.

-¿Consideran que es una cuestión ideológica la que está atravesando este cambio?

Lascialanda: Sí. Significa un cambio de paradigma.

-¿Desde los dispositivos hospitalarios tienen alguna acción prevista?

Torti: En principio darlo a conocer a la comunidad y ver en base a lo que vayan haciendo otras instituciones. La idea es resistir. 

Carñizares: La ley es relativamente nueva, todavía está en  un proceso de adaptación y difusión y esto representa un retroceso.

Una mirada realista

La defensa que hicieron las profesionales respecto de la Ley de Salud Mental fue sustentada desde una mirada realista sobre su implementación y alcances. El testimonio de todas ellas estuvo desprovisto de idealismos en relación con el trabajo en la práctica cotidiana. Por el contrario, a la par de defender el marco normativo, admitieron dificultades en las jornadas laborales diarias. “Venimos trabajando con dificultades, no es que vamos bien. De hecho los eventos que se han hecho desde Salud Mental han tenido un poco que ver con mostrar los problemas que tenemos en el funcionamiento de los dispositivos; pero eso no desconoce el paradigma que nos plantea la ley y sus beneficios en el abordaje de la problemática”, refirieron.

Consultadas sobre los principales problemas que atraviesa el trabajo en Salud Mental en el ámbito público admitieron ciertas dificultades para lograr que los otros servicios puedan incluir a los pacientes con padecimientos subjetivos sin rotularlos bajo la etiqueta de “psiquiátricos”.  

“También tenemos dificultades debido a que hay trabajadores que están desempeñando sus funciones ad honorem en dispositivos como los de Hospital de Día, que en la actualidad representa la mejor oferta en salud mental en Pergamino”, enfatizaron.

En relación a si estos obstáculos obedecen al hecho de no terminar de jerarquizar el lugar que ocupa la salud mental dentro de la estructura sanitaria o si responde a cuestiones presupuestarias, consideraron que ambos factores influyen. “La cuestión presupuestaria es el punto de inicio para que algo se pueda habilitar, pero también hay resistencia a aceptar que hay otro tipo de prácticas que tienen que ver con reconocer el padecimiento mental como algo que no es solo médico”.

“Lo que se le critica a la Ley de Salud Mental es que no ha sido acompañada de políticas públicas”, resaltaron, pero insistieron en que “la ley plantea un paradigma para que algo de esto pueda transformarse”.


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