Venta informal, la que todos vemos, usamos y permitimos crecer

El comercio ilegal corre por carriles paralelos, convive y compite deslealmente con el esfuerzo que realizan miles de pequeños y medianos comerciantes que pagan sus obligaciones tributarias, tasas y cargas sociales. LA OPINION habló con comerciantes que se sienten perjudicados por nuevas modalidades que afianzan la clandestinidad.

La comercialización ilegal en la Argentina es un problema de difícil solución. Se reacomoda en diferentes formatos pero no cede. Cuanto más rigor se impone en la normativa, más evasión aparece. Y son finalmente los que siempre estuvieron a derecho los que, por estar dentro del sistema, terminan soportando el peso de la ley. La tecnología ha traído nuevos perjuicios a la actividad: a los vendedores ambulantes y a los comúnmente llamados manteros, se suman ahora, las ventas online, ferias y los famosos showrooms que se valen de las redes para llegar a los consumidores, incluso con venta a domicilio, eludiendo toda fiscalización. 

El negocio ilegal corre por carriles paralelos, pero sobre todo compite deslealmente con el esfuerzo que realizan miles de pequeños y medianos comerciantes que pagan sus obligaciones tributarias. Todas estas cargas que son parte de la actividad “en blanco” hacen al costo final de la mercadería. Es allí donde está la deslealtad, al llegar al mercado un mismo producto con un precio diferencial que proviene de la evasión. O la otra variante: mismo precio al consumidor, con mayor margen para el vendedor.  

No todo el comercio “a la calle” cumple con las exigencias impositivas y no todo lo que se ofrece a la venta a través de redes es “en negro”; al fin, poner o no un local es una decisión. Lo que no debiera ser una opción es eludir las obligaciones de la actividad, por el canal que sea. 

El comercio tradicional se ha encontrado con nuevos competidores virtuales. Los referentes consultados por LA OPINION no reniegan de las nuevas modalidades y sostienen que “el sol sale para todos” pero reclaman que “el cumplimiento de las obligaciones sean también para todos por igual”.  Y en este punto es que se encuentran con  la falta de controles y la competencia desleal que ello genera.

Competencia desleal

Mientras las empresas formales pagan los impuestos y cargas sociales, dándoles a sus empleados los beneficios que por ley les corresponde, la contraparte informal evita dejar rastros de trazabilidad de la mercadería vendida ilegalmente evitando los tributos y cargas sociales antes señalados. Como ambas ofertas luego se vuelcan al mismo mercado de consumo, es lógico entender que se compite deslealmente, porque un mismo producto se ofrece a valor inferior a fuerza de la evasión. Sucede que los emprendedores ilegales se hacen cada vez más poderosos al quedarse como renta propia una parte importante de los impuestos evadidos. Por otro lado este mercado que se las arregla para sobrevivir y convivir con el combate a la evasión de los organismos recaudadores, es cada vez más grande y vigoroso, desplazando una parte importante de la demanda de bajos y medios ingresos a su mercado, en detrimento de pequeñas empresas formales, que sostienen el sistema de todos con sus tributos. Esos que una vez trasladados al producto, los hacen subir de precios y los ciudadanos descartamos para comprar la versión “más barata”, convirtiéndonos también evasores. 

Problemática compleja

Para tener una visión amplificada de la problemática, LA OPINION consultó a distintos actores que se sienten perjudicados por estas nuevas modalidades que generan un reñido debate entre los actores del ámbito comercial regulado, entre quienes forman parte de una cadena formal que paga impuestos, cargas sociales, que apuesta con inversiones a generar mejoras para mantenerse competitiva.

La venta informal, concretada o convocada desde las redes sociales, se ha convertido en un amplificador de un mercado negro que acecha a nuestra ciudad y que pareciera no tener un techo.

Los comerciantes de modalidad tradicional, con locales a la calle, que fueron consultados por el Diario son claros en sus reclamos: más y efectivos controles, y un plan de regularización del mercado informal que los obligue a demostrar la trazabilidad de la mercadería comercializada, y el correspondiente pago de todos los tributos y tasas correspondientes.