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Entre los acusados hay cinco funcionarios de la empresa Litoral Gas a quienes se les imputa el delito de estrago culposo agravado; dos gasistas y el ayudante de uno de estos y tres integrantes de la administración del edificio. El juicio todavía no tiene fecha.
DE LA REDACCION. A poco más de dos años de la trágica explosión causada por un escape de gas en un edificio de Rosario, donde murieron 22 personas, entre ellas el joven pergaminense Santiago Laguía, la causa judicial fue elevada a juicio con 11 procesados.
La jueza de instrucción Irma Patricia Bilotta, a cargo de la investigación, remitió las actuaciones, que están compuestas por unas 6.000 fojas, al Juzgado de Sentencia de la sexta nominación.
Entre los procesados se encuentran los inspectores de la empresa Litoral Gas Gerardo Bolaños, Guillermo Oller y Luis Curaba; el jefe de esa sección, Claudio Tonucci, y la gerenta técnica Viviana Leegstra. Todos ellos están procesados por el delito de estrago culposo agravado.
Completan la lista de procesados el gasista Carlos García y su ayudante, Pablo Miño; otro gasista que trabajó doce días antes de la tragedia, José Allala; y los tres integrantes de la administración del edificio siniestrado, Mariela Calvillo, Norma Bauer de Calvillo y Carlos Repupilli.
Tras la elevación a juicio, se conoció ayer que el juez Ismael Manfrín, a cargo del Juzgado de Sentencia Nº 1, será el encargado de dictar sentencia. Hasta el momento, el juicio no tiene fecha de inicio, pero se estima que dará comienzo a la brevedad.
El juicio se realizará por el sistema escrito con las presentaciones de los defensores, las pruebas y posteriormente las conclusiones, mientras que la sentencia se dictaría durante el próximo año.
Responsabilidades
La titular del Ministerio Público desmenuza el rol de cada uno de los 11 procesados y elabora una teoría del caso que se basó en la trágica cadena de negligencias, hipótesis con la que coincidió la querella que representa a familiares de víctimas y damnificados.
Así, acredita que fue el gasista Carlos Osvaldo García quien segundos antes de la explosión realizó el cambio del regulador de gas el 6 de agosto de 2013, entre las 9:00 y las 9:38, acompañado por su ayudante Pablo Miño.
En lo que durante todo el proceso se describió como una cadena de negligencias, Argüelles también le atribuyó un rol sustancial a la empresa Litoral Gas, en cabeza de tres inspectores y dos gerentes que tuvieron directa incidencia con tareas previas de supervisión de la instalación del condominio.
Se trata de los empleados Gerardo Bolaño, Guillermo Sebastián Oller y Luis Alberto Curaba, quienes participaron en el control del gabinete y su posterior reconexión entre el 25 y 26 de julio de 2013, y en una última inspección el 2 de agosto de 2013.
En esos días omitieron realizar informes pormenorizados de las irregularidades de las instalaciones (constatadas en las pericias), sin dar un adecuado tratamiento a los reclamos e informar en qué accesorios del gabinete de gas se localizó la pérdida que motivó la interrupción del suministro.
En tanto, a sus superiores, Claudio Dante Tonucci (jefe del mantenimiento de redes de Litoral Gas) y Viviana Beatriz Leegstra (gerente técnica de la distribuidora), se los acusa de no haber exigido un reporte a los reclamistas bajo su esfera.
Tampoco es menor el rol que se les asigna a los administradores del edificio: Mariela Calvillo, Norma Bernarda Bauer y Carlos Oscar Repuppilli. Directamente se le achaca haber contratado a García, pero apartándose de los protocolos y reglamentos.
