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Hemos venido analizando los efectos de la inflación en cuanto al daño que produce en la economía y sobre todo entre quienes perciben salarios fijos, que nunca alcanzan a los incrementos de precios de bienes y servicios.
Del mismo modo, aquellos que completan ingresos o directamente sobreviven con la ayuda social, han recibido aumentos por parte del Estado, lo que ha generado que este año se repartirán 18,2 millones de planes sociales que costarán 157.209 millones de pesos, según el Presupuesto 2015.
La realidad es que estos planes no reducen la pobreza que, por el contrario ha aumentado en la Argentina inflación mediante; si bien han servido para evitar el aumento de la indigencia, perpetúan la condición de pobre. La base del progreso fue, es y será el trabajo. No hay ideología que altere esa premisa. Pero las fuentes laborales no aumentarán –sino todo lo contrario- en tanto el Gobierno además de asistir a los pobres, no atienda las necesidades del sector productivo, ya sea industrial como primario (campo) y los servicios. Son estas empresas las que pueden contribuir al real progreso y a la dignificación del ciudadano, al sacarlo de la condición de asistido.
Pero el Gobierno no sigue este curso natural o círculo virtuoso sino que lo saltea para llegar con su mano directamente, con el consabido rédito electoral que reportan estas políticas que al mismo tiempo abultan el gasto público, erosionado también por la inflación, que ha llevado a que en 24 meses se haya duplicado el gasto social directo. En 2013 el monto ascendía a 74.370 millones de pesos y pasó, en 2014, a 120.573 millones y, en 2015, a 157.209 millones. Todos datos que emergen de los presupuestos y las cuentas públicas.
El total de beneficios otorgados es hoy de 18.244.436, pero el número no incluye a quienes reciben la Asignación Universal por Hijo. Sí comprende, por ejemplo, a los planes Progresar, destinados a estudiantes y a jóvenes emprendedores, a microempresas y empresas familiares. Hay una exhorbitante gama de planes y subsidios directos que apuntan a distintos sectores: esos 18,2 millones de beneficios están distribuidos entre 60 programas sociales. La Anses tiene 18 planes, con 13,9 millones de beneficios y un presupuesto de 69.701 millones de pesos. La suba del plan Progresar de 600 a 900 determinó un aumento de 7.000 millones más.
En el Ministerio de Desarrollo Social se administran 13 programas con 3,6 millones de beneficios, que implican 64.797 millones de pesos.
Estos números sólo representan al Estado nacional, con independencia de los beneficios que se pueden recibir en los niveles provinciales y municipales, que más que planes son ayudas complementarias, bolsas de alimentos, leche maternizada, materiales de construcción, medicamentos, pasajes para personas derivadas a internarse en otras localidades.
El interrogante es: ¿hacen al progreso social o por el contrario perpetúan la condición? ¿Se ha cuántificado qué proporción de esta gran cantidad de beneficiarios mejoró su situación a partir de recibir la ayuda más allá de la supervivencia? ¿Alguien de hecho la dejó de recibir porque mejoró su condición?
Si bien no lo ha hecho el Gobierno, sí las universidades estudian el impacto de los planes, que no hablan de otra cosa más que de falta de cantidad de puestos de empleo o trabajo informal e insuficiente. Por ejemplo, según el Observatorio Social de la UCA, el 24,5 por ciento de los hogares urbanos de todo el país reciben algún tipo de transferencia social.
Sin dudas, este Gobierno es el que mayor transferencia social de fondos ha hecho. El tema es ¿con qué eficiencia? Y sobre todo, ¿con qué objetivo?
Por eso dijimos al principio que este tipo de ayuda no elimina la pobreza, que sólo la creación de empleo lograría, sólo evita que las familias caigan en la indigencia.
Lo que preocupa, y mucho, es que tras años de expansión económica el núcleo duro de la pobreza van apareciendo nuevas generaciones que nacen en las mismas condiciones que sus padres y sus abuelos. De eso se trata el núcleo duro del círculo vicioso de los más vulnerables.
Las condiciones sociales además han desmejorado, como el ritmo de la inflación viene marcando, de modo que ese enorme gasto cumplirá apenas el cometido para las familias que reciben. Pero la cifra que manejamos del presupuesto podría aumentar hasta diciembre. Ya que Cristina Kirchner, en sus apariciones por cadena nacional, anunció una suba de 10.000 millones en el gasto social y podría haber otro salto si se mantiene el espiral inflacionario y más en un año electoral.
Los expertos confirmaron que este aumento de presupuesto se contrapone con la falta de resultados. Beneficios más contundentes resultan un alivio para la gente pero no resuelve más que la cuestión momentánea.
El problema es que si el núcleo duro de estos sectores de la pobreza no encuentra el camino para salir de ese estado, más que con planes de ayuda momentáneos, su situación será igual para la generación siguiente como lo fue con sus antecesores.
Respecto del clientelismo en este tipo de programas, el Gobierno dio un salto cualitativo importante cuando distribuyó el beneficio Universal por Hijo, con inscripción en la Anses y cobro en bancos y cajeros automáticos. Se ha eliminado la intermediación “punteril” en estos planes. Cuando en otras gestiones se otorgaban los planes “trabajar” no sólo nadie que lo cobraba trabajaba, sino que el “puntero” se quedaba con una parte del plan. Una verdadera vergüenza la cantidad de denuncias que no se atendían al respecto.
Sin embargo, aun cuando se haya dado ese salto cualitativo no menor, subyace cierto clientelismo genérico porque hay votantes que temen perder esos beneficios si no apoyan al partido gobernante. De modo que en forma directa o indirecta hay un rédito político que en las elecciones se habrá de explotar.
Pero lo preocupante es que en los años de expansión de la Argentina, no se logró ese despegue de los niveles de pobreza hacia la actividad laboral plena. El único camino para que ese núcleo duro se rompa. ¿Será que no es conveniente en términos políticos?
