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El debate para regular el uso de agroquímicos, en tiempos en que estos productos avanzaron con una fuerza implacable, principalmente en nuestra zona que es el corazón de la agricultura nacional, siempre va a ser oportuno. Todo lo que se instale y amenace con romper el orden de una comunidad, sea del foro que fuere, no sólo merece sino que es obligación que se discuta, para que se llegue a conclusiones que, aunque nunca van a dejar conformes a todos, se acerquen al meridiano de justicia.
Esto es lo que parece estar sucediendo en Pergamino, donde se puso en discusión un asunto del que nadie es ajeno, como tampoco lo son la inseguridad, la inflación, el tránsito, la educación o la salud, por ejemplo.
La aplicación de productos fitosanitarios es una práctica que se observa desde hace años con la finalidad de que las producciones agrarias alcancen su óptimo potencial, a partir de minimizar o evitar la aparición de pestes en los cultivos. La irrupción de la soja potenció todo a un extremo inimaginable, con la consecuente aparición de cada vez más químicos para fumigar los sembradíos, ya sea por tierra como por aire. Los rindes comenzaron a ser cada vez mayores y el alto precio que comenzó a tener la soja hizo que no se tuvieran contemplaciones a la hora de ponerle productos a los campos.
Si bien centramos esta discusión en lo que pasa en Pergamino y su región, este no es un tema exclusivo de la zona, y por tal motivo ya debería existir una legislación nacional, o en su defecto provincial, porque el asunto es de tal magnitud que excede lo que pueda relevar un municipio, en este caso el de Pergamino. En otras palabras, para regular una ordenanza sensata, hacen falta más datos certeros, estudios científicos que avalen decisiones concretas y difíciles de refutar. Los organismos nacionales deben tomar cartas en el asunto y legislar en consecuencia para todo el país, porque la soja no sólo se produce en Pergamino, y además en el país no sólo se utilizan fitosanitarios para la soja sino que a nadie escapa que, por ejemplo, en Mendoza los productores vitivinícolas utilizan productos químicos para los viñedos o en el Alto Valle los productores de frutas hacen lo propio en los manzanares o perales. O como decían los horticultores locales en una entrevista con LA OPINION: a ellos no les permitirán fertilizar, lo que irá en detrimento de su producción. Y mientras tanto: ¿quién controlará las condiciones en que fueron cultivadas frutas y verduras que ingresan a Pergamino procedentes del mercado de Rosario?
Al abrirse la discusión en Pergamino no se hizo otra cosa que poner en aprietos al intendente, que se decidió por tomar una decisión salomónica para no quedar mal con nadie, pero eso suele tener un resultado absolutamente contrario al pretendido: el de no conformar a ninguna de las partes.
A todas luces faltan datos para determinar si la zona de exclusión debe ser de 100 metros, 50 ó 500. Nadie puede asegurarlo por el simple hecho de que le parezca tal o cual distancia. Naturalmente que cuando más lejos de las poblaciones se apliquen los productos, menos posibilidades de contaminación a las personas van a existir.
Pero en el caso que nos ocupa en Pergamino, por lo visto y oído en las sucesivas declaraciones de quienes defienden una u otra posición, se advierte, por un lado un excesivo ambientalismo y por otro una solapada defensa de intereses económicos.
Así no se podrá avanzar demasiado, máxime que el intendente se vio obligado por las circunstancias a tomar una decisión tibia, por no tener demasiados datos científicos, los cuales están en vías de desarrollo a través de un trabajo que inició la Universidad de Buenos Aires el año pasado.
Tal vez las conclusiones de ese trabajo, que incluye un amplio muestreo de análisis a voluntarios pergaminenses, puedan aportar luz sobre este asunto.
Tampoco hay referencias valederas a nivel nacional ya que sólo unas pocas ciudades del país, que se cuentan con los dedos de una mano, han reglamentado en este sentido y en todos los casos la zona de exclusión difiere. Es decir, que nadie sabe a ciencia cierta cómo proceder.
Por ahora no hay mucho más para decir, más allá de que hay quienes pretenden que los agroquímicos estén bien lejos de los centros urbanos y también los que aseguran que con las buenas prácticas agrícolas son posibles las aplicaciones sin que exista contaminación. Dos posiciones bien enfrentadas y en el medio un Concejo Deliberante que cortó por el lado más fácil y le pasó el hierro caliente al intendente que, repetimos, aplicó el mitad y mitad que no deja conforme a nadie. Será precisamente porque nadie tiene argumentos irrefutables.
El asunto volvió al Concejo y el viernes a la noche fue rechazado el veto, con lo que la ordenanza quedará validada y comenzará a regir, con los 100 metros de zona de exclusión. En términos políticos alguien puede atribuirse un triunfo y consecuentemente una derrota para otros, pero lo que no hay que perder de vista es si verdaderamente con esta regulación se morigera el impacto de los agrotóxicos en el Partido de Pergamino. ¿Alguien puede asegurar que por excluir 100 metros todo va a mejorar en términos de salud para las poblaciones más vulnerables a la intoxicación? Y si el resultado hubiera sido otro y se hubiera impuesto la posición de Agrolimpio que promueve las buenas prácticas agrícolas ¿quién iba a asegurar el control real y efectivo de las aplicaciones?
Ahora queda la sensación de que, en este segmento de discusión, triunfó la postura ambientalista. Pero el debate debe continuar y cualquier decisión que se tome al respecto debe estar sustentada en estudios científicos creíbles y, por lógica, debería existir antes una normativa nacional (o al menos provincial) que encarne y legalice ese criterio. Como sucedió oportunamente con la graduación alcohólica para conducir: 0,50 en todo el país. Algunos dirán que es poco, otros que es mucho, pero lo cierto se unificó un criterio para estipular la cifra y todos lo argentinos vivimos con la misma condición. De igual modo, todos los productores debieran poder trabajar en pie de igualdad para que a la hora de los resultados nadie se vea desaventajado por una normativa local.
Definitivamente para ponerse de acuerdo no hay que pelearse sino debatir, poniendo sobre la mesa datos, antecedentes, análisis científicos y estimación de consecuencias. Pero por encima de todo, discutir de manera desprejuiciada, sin suponer de antemano y con disposición a escuchar argumentos. Eso es velar por el bienestar general, es pelear desde el verdadero interés comunitario y no desde una posición intransigente y presupuesta.
