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Hoy se cumplen 25 años del atentado que destruyó, en la Ciudad de Buenos Aires, la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia), dejando un saldo de 85 muertos y más de 300 heridos. A pesar del tiempo transcurrido y de tratarse del ataque terrorista más violento de la historia del país, aún no ha sido totalmente esclarecido y por eso se impone la necesidad de renovar el reclamo de justicia y castigo a los culpables.
La causa judicial señala que fue un coche bomba el que estalló frente al edificio de la mutual judía en la mañana del 18 de julio de 1994. Cabe recordar, además, que del expediente judicial abierto por el atentado se desprende que el mismo fue planeado por la organización fundamentalista Hezbollah. Por eso, el Gobierno nacional decidió emitir un decreto para incluir en el registro de entidades terroristas a las organizaciones “con presunciones concretas” de haber realizado atentados en el país, como el caso de Hezbollah. Seguramente no ha sido una decisión fácil la del presidente Macri, pero desde luego que había que tomarla porque era necesaria, para colocar a la Argentina definitivamente lejos de los países atravesados por el terrorismo internacional.
Ese anuncio se realiza en el marco de una agenda política marcada por la conmemoración del atentado, y que incluye, entre otras actividades la realización de la Segunda Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo, que tendrá lugar mañana en la sede ceremonial de la Cancillería, y que contará con la participación del secretario de Estado de los Estados Unidos y exdirector de la CIA, Mike Pompeo. La visita al país del alto funcionario norteamericano, que también tiene previsto asistir al acto recordatorio del atentado a la Amia, reafirma el posicionamiento de la política exterior de la administración Macri que, con el nuevo decreto para habilitar un registro de organizaciones fundamentalistas y poner en primer lugar a Hezbollah, se propone avanzar con una medida similar adoptada ya en Estados Unidos por el presidente Donald Trump.
Por otra parte, el Papa Francisco envió una carta desde Roma dirigida al presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia), Jorge Knoblovits, en la que expresó su apoyo a las familias de las víctimas del ataque y repudió los actos de terrorismo cometidos en nombre de la religión.
El atentado a la Amia sigue representando una herida abierta para el conjunto de la sociedad argentina. Por eso, ojalá que esa herida cicatrice no solo por el paso del tiempo sino también por la actuación firme y comprometida de los distintos actores del sistema judicial argentino que, vale recordar, están llamados a resguardar los valores supremos en su tarea de juzgar y castigar a los culpables de estos delitos.
Es necesario que la comunidad mantenga vivo el recuerdo de las víctimas, para que en el futuro no se repitan hechos de esta naturaleza en nuestro país. Se impone, además, conocer la verdad de lo sucedido y que se castigue con todo el peso de la ley a los responsables. La sociedad argentina no puede permitirse tener instituciones que se muestren frágiles ante crímenes tan graves.
Hoy se cumplen 25 años de aquel salvaje atentado. Es demasiado tiempo para que este crimen siga impune; y por eso se deben realizar esfuerzos para evitar que la falta de penalización de la conducta criminal de los autores materiales e intelectuales lleve, de alguna manera, a fortalecer la idea de impunidad, un término que tiene una especial significación y una enorme sensibilidad en una sociedad como la argentina que en su historia reciente sufrió graves violaciones a los derechos humanos.
Sería muy riesgoso para el futuro institucional del país que la ley se muestre débil ante crímenes de esta naturaleza que en su momento pudieron leerse como una cuestión aislada, pero que luego, con la sucesión de hechos nefastos como la caída de las Torres Gemelas como paradigma, hicieron poner al caso de la Amia en un contexto mucho más amplio.
Por eso es fundamental que el sistema de justicia brinde señales claras en lo que debe ser una firme lucha contra la impunidad, agotando todas las instancias dentro del derecho para juzgar y castigar a los culpables. No se trata, por cierto, de un mero afán punitivo sino por la necesidad que se impone en la Argentina de hoy de construir un país más justo sobre la base del respeto a las leyes y a la vida.
