Editorial

Aplaudiendo el fracaso y la degradación productiva


La Argentina parece hoy una tierra olvidada por la buena fortuna en la misma medida que se convierte en una especie de “aguantadero” de todos los males. Parafraseando a un otrora encumbrado dirigente político nacional, el país parece estar condenado al fracaso -y no al éxito- y a navegar en las turbias aguas de la corrupción, la pobreza, la indigencia, la desocupación o la existencia de trabajo mal pago, la inflación, la deuda eterna, tanto externa para un puñado de inversores corporativos como social para con millones de habitantes.

La clase política, interesada en garantizarse impunidad y enriquecimiento por todos los medios, busca construir relatos épicos que maquillan una realidad por momentos insoportable, un poco por un contexto signado por la pauperización de más de la mitad de la población pero tanto más por la falta de esperanza. ¿Hay todavía optimistas que creen que el país encontrará alguna vez la salida a un laberinto sobrecargado de problemas que se parece más a un infierno que a un paraíso con calidad de vida para sus habitantes? Dicen que la esperanza es lo último que se pierde, pero el desencanto y la desilusión generan hoy día una cosecha récord. 

En este contexto gris oscuro en el que deambula sin rumbo la Argentina, el mercado laboral devuelve una imagen pálida con notas de espeso pesimismo. En un análisis efectuado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), se concluye que durante 2020 se afectó sustancialmente la calidad del empleo. Al respecto, el Indec informó que la tasa de desocupación en el tercer trimestre de 2020 fue de 11,7 por ciento de la población laboralmente activa, lo que implica una reducción respecto de la del segundo trimestre cuando se ubicó en el 13,1 por ciento, momento en que el confinamiento fue más estricto. Si bien estos números parecerían indicar que la situación laboral estaría volviendo a la situación pre pandemia, hay que tener en cuenta que la baja en la tasa de desempleo en el tercer trimestre se explica porque mucha gente que perdió el empleo con el confinamiento declara no estar buscando otro empleo. Por esto, no se considera desocupada. Si esta gente que pasó a la inactividad (no trabaja ni busca trabajo) buscara empleo, el desempleo en el tercer trimestre no sería 11,7 sino de 20 por ciento, advierte la consultora.

Al indagar sobre la calidad de los empleos, se llega a un panorama más desolador aun. Según el Indec se observa que en el primer trimestre el empleo asalariado registrado caía un 2 por ciento y el empleo informal crecía un 3 por ciento interanual; que en el segundo trimestre el empleo asalariado registrado cayó un 5 por ciento mientras que el empleo informal cayó un 36 por ciento y finalmente que en el tercer trimestre el empleo asalariado registrado mantiene una caída de 4 por ciento mientras que el empleo informal sigue 17 por ciento abajo. Estos datos muestran que antes de la pandemia el empleo asalariado formal ya venía contrayéndose y el informal expandiéndose. Con la llegada del Covid-19 y el confinamiento estricto, la prohibición al despido más los subsidios al salario (ATP) y los acuerdos de reducción de costos laborales permitieron moderar la destrucción de empleos en el sector formal. Pero entre los trabajadores informales el ajuste fue brutal.

Pero lo peor es que esta tendencia a la contracción de los empleos formales y la expansión de los informales excede la pandemia. Desde 2012 hasta 2019, antes de la pandemia, el empleo asalariado registrado en empresas privadas permaneció estancado mientras que se crearon más de 1 millón de empleos informales (asalariados no registrados y cuentapropistas no profesionales). Esto no debe sorprender en un país que desalienta las inversiones productivas, que es indiferente a los malos resultados del sistema educativo y que penaliza con altos impuestos y una arcaica legislación laboral la contratación asalariada en empresas.

Vivimos en una enorme contradicción: los emprendimientos más productivos, que son los que generan empleos de calidad, son desalentados con gravosos impuestos, prohibiciones y regulaciones altamente distorsivas. Los emprendimientos menos productivos, que generan empleos de baja calidad, son incentivados con exenciones, subsidios y la liberación de regulaciones. Esta última variante es presentada como la exitosa “economía social”, que aunque parezca tener buenas intenciones no es más que un acto de resignación frente al estancamiento y la degradación productiva.

Siguiendo con los relatos épicos que buscan poner una “pátina” de éxito a aquello que más bien es indicativo de fracaso, un paliativo a la problemática laboral es presentado como una gran estrategia de gestión: Anses informó que a lo largo de 2020 más de 28 millones de personas recibieron alguna cobertura de ese organismo. Para ese fin, el organismo ejecutó más del 13 por ciento del PBI: es decir 3,5 billones de pesos. La gran deuda de la política argentina, más allá de los que están a un lado u otro de la grieta, es no haber generado un modelo de crecimiento sustentable e inclusivo que derrame los beneficios entre todos los argentinos en términos de igualdad y evite salir a apagar incendios sociales con políticas de apuro de la Anses.

Si tan solo un cuarto de esa inversión se hubiera destinado a los generadores de empleo genuino, no uno sino varios problemas de este país estarían hoy en vías de solucionarse. Porque, como ya hemos planteado en otras oportunidades, el dinero de la asistencia social es “pan para hoy y hambre para mañana”. En cambio, si ese dinero se entrega a un empresario Pyme o industrial a condición de aumentar su producción y su nómina, el desempleado en lugar de recibir un IFE pasaría a tener un sueldo mensual, con sus correspondientes aportes a la seguridad social y al sistema de salud, y volvería al Estado una parte por el IVA de sus consumos, ayudando a equilibrar la balanza fiscal por ambos lados (menor gasto y mayores ingresos).

Eso sí sería para aplaudir y presentar como logro, el sacar a un ciudadano de la asistencia para incluirlo en el circuito productivo. En cambio en este país somos invitados a aplaudir las cada vez mayores erogaciones en concepto de seguridad social. Eso es igual a estar cada vez peor, no mejor.

Si la gestión de Cambiemos había trazado como una de sus prioridades reducir la pobreza, está claro que falló en todo sentido. El actual gobierno se fijó como meta reducir la desigualdad y en esa dirección apenas asumió puso en ejecución el Plan Argentina contra el Hambre con el cual se busca garantizar el acceso a la Canasta Básica Alimentaria. Luego, en el marco de la pandemia, hubo una masiva distribución de otras ayudas asistenciales como las tarjetas alimentarias y la creación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

La pregunta que cabe hacerse es por qué aumenta la desigualdad con semejante despliegue de ayudas asistenciales. Según el Indec se observa que los hogares indigentes están integrados en promedio por 4,7 miembros. Antes de la crisis, por cada indigente que trabajaba, había 2,6 que no trabajaban y ahora por cada uno que trabaja hay 4,5 que no generan ingresos laborales. Antes de la crisis, por cada persona indigente con ayuda social había 1,7 que no recibía ayuda; ahora, por cada persona asistida, hay 1,9 que no recibe ayuda social.

Estos datos muestran que las ayudas asistenciales están lejos de reemplazar la pérdida de empleos y que el deterioro del mercado laboral de una sociedad se hace evidente  es en su índice de pobreza.

En Argentina la pobreza sigue incrementando su porcentaje como consecuencia de una política que desde hace muchos años posterga, de manera sistemática, a los más necesarios: los pequeños y medianos empresarios.

Si ellos no pueden dar trabajo para que los ciudadanos progresen, aporten y consuman, ¿lo hará el Estado? Lo que hoy hace al poner el dinero directamente en mano de los desempleados, volvemos a decir que es, literalmente, “pan para hoy y hambre para mañana”.

Para que esa ayuda sea realmente el comienzo de algo viable para este país, esos fondos que deben ser parte de un plan que involucre a las Pymes, las reales generadoras de empleo en cualquier país. 


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