Nuestro WhatsApp:+54 9 2477 65-4706
La corrupción en la Argentina ha permitido crecer patrimonialmente, en forma vertiginosa, a secretarios de funcionarios encumbrados, exchoferes y exempleados bancarios, que se han convertido en los nuevos ricos del país. Así, los corruptos se han multiplicado en medio de un sistema que, lamentablemente, les garantiza en gran medida impunidad con una Justicia que está lejos de cumplir con las expectativas y demandas de los ciudadanos y de una democracia que necesariamente necesita de jueces capaces, honestos y eficientes.
Y podemos afirmar lo antes dicho sobre la base de una verdad inapelable: a una familia argentina laburante, cuyo jefe inicia del mismo modo su camino (chofer, empleado bancario, secretario le cuesta toda una vida tener su propia casa. En cambio, el recientemente asesinado, previo a ser torturado, Fabián Gutiérrez, demostró una gran capacidad de ahorro y mejor gestión de sus salarios como secretario de Cristina Fernández de Kirchner al transformarse en dueño de 36 viviendas, decenas de autos de alta gama e incluso tres embarcaciones. Un verdadero mago de los negocios o un corrupto, en otras palabras un ladrón de los bienes de todos. Que los dineros públicos se desvíen ilegalmente a bolsillos privados significa que haya menos recursos para invertir en salud pública, educación, seguridad, justicia o infraestructura.
En una publicación reciente, el diario La Nación concluyó que muy pocas causas ligadas a la corrupción terminan en una condena. Aunque no hace falta leerlo para advertirlo, el artículo da cuenta que en los Tribunales Federales de Comodoro Py, en la Ciudad de Buenos Aires, se investigan cientos de causas por corrupción, como parte de la llamada “politización” de la Justicia. Pero sobreseimientos, faltas de mérito, archivos y prescripciones reducen las posibilidades para que un proceso llegue a la instancia de un juicio oral. Y agrega que en el caso de condenas, podría decirse que hace falta, todavía, superar varios filtros, como los recursos y las revisiones. Hay que aclarar que muchos condenados no van presos por el artilugio de que la sentencia de primera instancia no está firme por la seguidilla de apelaciones de tipo procesales (es decir de forma, no de fondo) que interponen los abogados a los tribunales de alzada.
En el caso de la corrupción argentina debería darse una suerte de Manos Limpias o “Mani Pulite”, un proceso judicial que se llevó a cabo en Italia en 1992 en el que un equipo de magistrados descubrió una extensa red de corrupción que implicaba a los principales grupos políticos del momento y a diversos grupos empresariales e industriales. La investigación derivó en un escándalo que causó gran conmoción en la opinión pública, conociéndose la causa como la “Tangentopoli” (pues tangente significa soborno en italiano), en la cual debieron declarar aproximadamente 4.000 empresarios y políticos de diversos partidos. Dos jueces murieron asesinados durante los meses de investigación, a la vez que los investigadores fueron sometidos a grandes presiones por los partidos políticos para desacreditar el proceso. Sin embargo, un gran respaldo de los italianos a los magistrados permitió continuar descubriendo la trama de corrupción. Mani Pulite marcó una ruptura en la vida política e institucional de Italia.
Existe cierta similitud entre ese proceso y el de los “Cuadernos de la Corrupción en la Argentina”. Lamentablemente no se percibe en la Justicia argentina ni en sus jueces la misma voluntad que la demostrada por sus colegas italianos en 1992. En nuestro país, solo el 2 por ciento de los investigados por delitos vinculados a la corrupción llega a juicio oral, según una auditoría del Consejo de la Magistratura. En tanto, las condenas con prisión efectiva muestran que apenas uno de cada tres acusados es sentenciado culpable, una cifra atenuada, además, porque una buena parte ya acumula años de prisión preventiva. En definitiva, menos de un 1 por ciento de los investigados por corrupción es condenado, afirma el artículo de La Nación.
En la búsqueda de explicaciones a esta situación que irrita a los argentinos, o al menos a una gran parte de ellos, la nota cita a Mariano Borinsky, juez de la Cámara de Casación Penal, que advierte que el Código Penal actualmente en vigencia se aprobó hace un siglo. ¿Cómo los diputados y senadores nacionales nunca se han preocupado ni ocupado en consensuar su actualización? Quizás no le interesa mejorar un sistema que los puede tener, el día de mañana, entre los acusados. También se rescata el testimonio del juez Daniel Rafecas, quien afirmó que es muy difícil avanzar con un modelo procesal del Siglo XIX, lento, inquisitivo, escrito y plagado de recursos que dilatan los tiempos; hoy en día, las defensas pueden recurrir casi todo lo que decide un juez instructor, primero ante la Cámara, luego a la Casación y a veces hasta en la Corte Suprema.
Por ahora, hay un proyecto sobre un nuevo Código Procesal bajo el modelo acusatorio que les entrega mayores facultades a los fiscales. Aunque no existe estadística oficial sobre los plazos promedio de las investigaciones por corrupción, la auditoría del Consejo -que analizó 20 años de los Tribunales de Comodoro Py- detectó una docena de causas complejas que llevaban más de 15 años en trámite.
“Hecha la ley, hecha la trampa”, dice el saber popular. Y vaya si es aplicable a la corrupción del poder político (incluyendo en ella a los empresarios prebendarios): con este sistema procesal obsoleto, del Siglo XIX, quienes corrompen tiene garantía de impunidad y quienes tienen la potestad de revertirlo son –en términos de clase- los mismos.
Está claro entonces que en Argentina el círculo de la impunidad comienza y termina en la política. Por ello, esperar un Mani Pulite es como rezar por un milagro.
