Armas de fuego y violencia de género

El uso de armas de fuego tiene una incidencia directa en los casos denunciados de violencias de género y el Estado tiene una gran responsabilidad en su prevención. Así lo advierte un análisis realizado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) que puso bajo la lupa la problemática de las armas de fuego revisando los datos disponibles desde una perspectiva de género.

Según este estudio, que contó con el apoyo de la embajada de Canadá en la Argentina, los casos analizados confirman que el secuestro de las armas disminuye el número de femicidios, como se denomina a la manifestación más extrema del abuso y la violencia de los hombres contra las mujeres. De acuerdo al documento mencionado, en uno de cada cuatro crímenes de este tipo la muerte de la víctima fue provocada por el disparo de un arma de fuego. Pero eso no es todo: en el 16 por ciento de los casos existía una denuncia previa, y en por lo menos una de cada diez de estas situaciones extremas había una orden de restricción de acercamiento del victimario hacia la víctima. Por esa razón, los autores del estudio advierten que el Estado fue incapaz de evitar que el agresor siguiera disponiendo libremente del arma que fue utilizada para matar a una mujer.

Cabe acotar que se denomina “perspectiva de género” a la mirada que contempla la situación particular de la mujer en su condición de tal y la implicancia de las relaciones de poder asimétricas entre los géneros en todos los ámbitos sociales. El documento elaborado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales se titula “Cuando el macho dispara” y en él se plantea además que, si bien en los últimos años han existido avances en las políticas públicas de prevención de estas problemáticas, los desafíos pendientes siguen siendo numerosos, especialmente en las políticas orientadas a prevenir las violencias de género ejercida con armas de fuego. “Las experiencias comparadas muestran que hay muchas medidas efectivas y realizables que podrían establecerse en nuestro país. No es la falta de recursos, sino la voluntad política la que determinará la suerte de esas respuestas estatales aún pendientes”, advierten los autores de este novedoso trabajo de investigación que debe ser de lectura obligatoria para quienes, desde el Estado, tienen responsabilidades en estos asuntos.

Otro dato contundente que brinda el documento es el que revela que de cada 100 usuarios de armas de fuego en nuestro país, 99 son hombres, lo que confirma que, como bien señalan los autores de este trabajo, las mujeres no son las usuarias ni las compradoras de las armas de fuego, pero sí sufren sus consecuencias. Frente a estas cifras, los investigadores del Inecip observan que las armas “son un vector que transmite violencia y es un deber del Estado regular la circulación de esos instrumentos fabricados para matar‘.

El estudio, que analiza casos de femicidios cometidos en el país durante los años 2013 y 2018, hace notar por otra parte que, si bien las violencias de género se ejercen de distintas formas y a través de diferentes mecanismos, las armas de fuego representan un riesgo mayor porque tienen altas probabilidades de producir consecuencias mortales y, al mismo tiempo, exigen menos esfuerzo por parte del agresor.

Más adelante recuerda que Argentina, a diferencia de muchos países de la región, cuenta con un organismo nacional responsable de la política de armas de fuego, que tiene por ley entre sus objetivos, el desarrollo de acciones tendientes a prevenir las violencias de género con armas de fuego. El documento se refiere a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), anteriormente denominado Registro Nacional de Armas de la República Argentina (Renar), que es el organismo encargado de registrar, fiscalizar y controlar las armas de fuego, pero que según los autores del estudio- no ha hecho mucho para evitar que varones denunciados por violentos conserven la tenencia de pistolas, revólveres o escopetas.

Frente a la contundencia de los datos que aporta este estudio se impone la necesidad de exigir al Estado que adopte medidas para garantizar la prevención, el control y la intervención ante casos de violencia de género. Debe coincidirse con los autores de esta investigación cuando advierten que una agresión con un arma de fuego tiene altas probabilidades de producir consecuencias mortales, un dato que no es menor y que remarca la obligación que tiene el Estado en el control de armas y la prevención de sus consecuencias.