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El gobierno de Daniel Scioli busca plata para afrontar el decisivo 2015 y la fórmula no es otra que la vieja y conocida de aumentar las contribuciones.
La gente nunca está de acuerdo con pagar mayores costos, y más descontenta se pone cuando el porcentaje es elevado. En este caso la suba será del 30 por ciento del Impuesto Inmobilario y también del Rural. De más está decir que a gran parte de los ciudadanos urbanos no les simpatiza el aumento y en muchos casos no están dispuestos a afrontarlo o directamente se ven imposibilitados, mientras que en el campo la cuestión se suma al malestar que los chacareros tienen por la política agropecuaria que aplica tanto la administración nacional como la provincial. Y es en este punto donde vamos a posar la mirada en esta oportunidad.
El campo enfrenta hoy un escenario de costos en alza por efecto de las distorsiones y la restricción cambiaria, a lo que se le agregaron la perspectiva de caída de precios de los granos. También en varios sectores de la provincia se padecen verdaderos desastres producto de las inundaciones. Pero para esos casos se contempla una prórroga en el pago de los impuestos.
Pero no es un dato menor el hecho de que miles de hectáreas estén inundadas: los productores se quejan de haber pagado sistemáticamente impuestos, tanto por el valor inmobiliario como la producción (retención, ganancias, etcétera) y argumentan que ese aporte realizado no se condijo con las inversiones de infraestructura que necesita la provincia para no padecer inundaciones y que, en cambio, fue para gastos corrientes para sostener otras cuestiones, entre ellas la política. Es decir que se quejan de que nunca se cuidó a la producción y que siempre que se necesita recaudar más se apunta a aumentar los impuestos.
En este punto hay un dato concreto: la recaudación anual del impuesto inmobiliario rural en Buenos Aires pasó de 580 millones en 2010 a 1768 millones en 2013, es decir que en tres años aumentó un 205 por ciento. Y ese dinero extra no se refleja en obras viales. Los productores siguen esperando la construcción de los 4.400 kilómetros de rutas que el Gobierno bonaerense había anunciado y no concretó.
Un nuevo aumento del inmobiliario rural “no es aceptable”, para el campo, que se manifiesta a través de las entidades que conforman la Mesa de Enlace bonaerense. Los productores tienen en la actual coyuntura costos extraordinarios y una crisis de rentabilidad de los cultivos que los lleva a no saber cómo van a encarar la próxima campaña, y hacen enormes esfuerzos para pagar la actual presión impositiva que, según los ruralistas, “es récord en la historia”.
Así, advirtieron que no se quedarán de brazos cruzados y ya anunciaron que los productores volverán a las protestas con tractorazos y panfleteadas en rutas del interior bonaerense.
En tanto, desde la Gobernación aseguran que hace más de dos años y medio que la provincia de Buenos Aires no actualiza valores del Inmobiliario Rural y que no hay variable de la economía que haya estado congelada durante ese lapso.
Pero los ruralistas no aceptan más cargas impositivas y contraatacan con que el aumento previsto se suma al revalúo injustificado que impusiera mediante un decreto el gobernador Scioli poco tiempo atrás (a mediados de 2012) y que llevará a una insostenible triple imposición de la tierra, desconociendo su valor productivo.
Y remarcan la queja sobre que poco y nada vuelve al campo, poniendo como ejemplo evidente la falta de obras que hicieron que miles de hectáreas en muchos distritos estén bajo el agua.
El Gobierno, en este caso provincial, debe entender que el campo (en especial cuando se trata de pequeños y medianos productores), dentro de la rueda productiva es el sector que históricamente mayores ingresos le reportó y le sigue reportando al país y a la provincia, con el aditamento de que sus productores son desde siempre los más fieles empresarios, que más allá de las adversidades y de ciertas cuestiones coyunturales nunca sacaron sus capitales más allá de las fronteras, a contra mano de lo que hicieron muchos industriales y empresarios de otras ramas que se llevaron las divisas al exterior al anteponer sus avaricias personales por sobre el genuino sentido de la producción.
Tampoco hay que perder de vista la inversión que los productores agropecuarios han realizado durante los últimos años en sus campos, fundamentalmente en tecnología para ir superando en cada campaña el volumen de producción, al punto de superarse holgadamente los 100 millones de toneladas de granos por cosecha.
Hay un proceso inflacionario en marcha en el país que no tiene techo a la vista y ese fenómeno, además del bolsillo de cada asalariado, cuentapropista, comerciante o jubilado, afecta también a la administración pública, que debe hacer frente a inversiones, insumos y sueldos, cuyos aumentos van de la mano con la expectativa inflacionaria. De ahí que se hace necesaria una mayor recaudación y un achicamiento o eliminación del gasto en las cuestiones superfluas de toda administración, siendo que esto último parece no figurar en los planes de un gobernador que quiere ser presidente. Porque lo que subyace en todo este entuerto es que Scioli pretende cerrar un ciclo exitoso como mandatario bonaerense que lo posicione para la presidencia, para lo cual necesita un presupuesto óptimo. Y el campo, además de advertir desde lo objetivo que no puede pagar más que lo que está pagando, desde lo político no quiere ser aportante de esa movida.
Por eso, y como cada parte tiene sus razones para adoptar una posición, todo debe darse en un marco de consensos, para lo cual es necesaria la mesa de negociaciones, ese espacio que brilló por su ausencia desde 2008 cuando irrumpió el conflicto de la Resolución Nº 125, y que se habilitó en cuentagotas en la provincia de Buenos Aires, porque desde la Casa Rosada siempre se monitoreó el acercamiento del sciolismo con los productores del campo con el fin de desactivar cualquier acuerdo importante que sentara un precedente. Porque al fin, el problema del Gobierno (al cual el gobernador adhiere y es probable que sea su candidato a presidente) con el sector agropecuario es ideológico, y es ahí donde se interpone la primera barrera que en seis años no se ha podido sortear.
