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En el país no hay causa que no aparezca atravesada por la grieta, y en ese ir y venir de un extremo al otro del posicionamiento ideológico, terminan colándose en la discusión estéril temas que deberían estar exentos de cualquier especulación. Uno de ellos es el trabajo que lleva adelante el equipo nacional de Antropología Forense para la identificación de hijos de desaparecidos durante la última dictadura militar. Hace unos días, a la identificación del nieto Nº 130 le sucedió en las redes sociales un mar de especulaciones respecto de la veracidad de la noticia, de la historia de vida y la búsqueda de la familia de origen que había conservado desde entonces la misma línea de teléfono a la espera del llamado de ese familiar que esperaban. Hay quienes, politizando la cuestión, lanzaron una campaña orientada a que un equipo de técnicos independientes revise los análisis genéticos de los nietos recuperados. Esa pretensión es llevar al barro una política de Estado que se ha sustentado en la acción de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, pero también poner bajo un manto de sospecha el riguroso trabajo científico que realizan los profesionales que llevan adelante las pruebas de reconocimiento. Existe un banco genético que funciona desde hace muchos años y que ha conseguido, a través de una muestra de sangre, determinar la huella de abuelidad, y de esta manera permitir la recuperación de identidad de expropiados durante la dictadura militar. Así hasta el momento 130 personas lograron recuperar su identidad.
Este comentario no pretende defender a la organización Abuelas de Plaza de Mayo, cuyas integrantes sí han tomado un posicionamiento político partidario determinado y algunas de sus referentes más emblemáticas defienden posturas radicalizadas, obteniendo beneficios del Estado por esa pertenencia. Ese es tema de otra discusión. Lo que se intenta aquí es poner en el centro de la mirada la tarea científica de genetistas, antropólogos y técnicos rigurosamente formados que constituyen un equipo que es referente en el mundo para este tipo de trabajo. Y en materia de derechos humanos es también legitimar la tarea de acopio de datos genéticos para la recuperación de identidad, un menester que ha demandado años y que es valorado por su eficiencia.
Es la labor científica y no la política lo que permite el reconocimiento de nietos desaparecidos y de este modo recuperar parte de su historia personal. A las familias, en tanto, la resultante de esta tarea les permite reparar años de búsqueda. Sin embargo, con el modo que gran parte de la sociedad ha adoptado para pensar sus cuestiones, todo queda bajo la lupa de la sospecha sin construir una alternativa frente a ello.
Atravesado por el tiempo de la hora, detrás de este tema lo que subyace es el trabajo de científicos que han elegido investigar y desplegar sus conocimientos y ponerlos al servicio del país y de causas tan nobles como necesarias para una sociedad que tiene que sanar sus heridas históricas.
En tiempos en los que se cuestiona severamente al Gobierno los recortes en materia de ciencia y tecnología, que haya equipos dispuestos a seguir apostando a la ciencia debiera ser una cuestión cuidada y valorada, no tomada para teñir de otros intereses. El trabajo que se realiza para identificar a hijos de desaparecidos es una política de Estado. De eso se habla cuando se piensa en una política de derechos humanos que seguramente debe fortalecerse y siempre implementarse lejos de cualquier bandera. El uso político que luego se hace de estas causas y de estas historias, es tema de otra discusión, también necesaria.
