Con el imperativo de la prudencia

El camino hacia el 27 de octubre se ha vuelto convulsionado en Argentina. En pocos días comienza formalmente la campaña electoral rumbo a las elecciones generales y el país está sumido en una profunda crisis política y económica que amerita que la prudencia impere y se imponga en el accionar de la totalidad del arco político. En un contexto sumamente complejo, esa será la clave para asegurar la institucionalidad y preservar a los argentinos de males mayores. El estado actual de cosas en Argentina no admite el discurso electoral virulento, descalificador ni subido de tono que suele reinar en las épocas preelectorales. La urgencia de la hora demanda de responsabilidad y mesura, calificativos que parecieran no estar en el ADN de la clase política.

No hay espacio para el modo en que suele darse el diálogo político en un país cuyos ciudadanos están amenazados por viejos fantasmas.

En los últimos días, algunas referencias a la necesidad de adelantar el calendario electoral y llamar a elecciones, apareció más como una intención de desestabilizar a un gobierno profundamente impactado por la desavenencia de sus propias acciones y por el resultado electoral adverso en las primarias, que como una alternativa para resguardar a la ciudadanía de males mayores en materia política. Detrás de esa apreciación se alienta la posibilidad de que Mauricio Macri no finalice su mandato, lo que acarrearía una nueva crisis institucional, ya conocida para los argentinos que tienen testimonio de esto en su historia reciente. La creencia de que solo los gobiernos peronistas son capaces de finalizar sus mandatos volvió a instalarse en la opinión pública, agitado por quienes alientan los fantasmas que ponen en riesgo la institucionalidad.

En la misma línea las voces de la oposición en relación a las medidas instrumentadas por el Gobierno en materia económica para contener el precio del dólar, trajeron aparejadas no pocas especulaciones y alentaron nuevos fantasmas como el de estar en la antesala de “un corralito”. Esto, lejos de formar parte de lo que podría ser el discurso electoral y la chicana para querer captar votos, tuvo impacto en los mercados y en los usuarios del sistema financiero que acudieron a retirar sus depósitos ante la amenaza del fantasma más temido. Hay una memoria viva que agobia en relación a este tema y frente a ella lo que resulta necesario es apelar a la responsabilidad de los dirigentes políticos en sus pretensiones de imponer su opinión.

Irresponsablemente y sin mesura se alimentaron versiones de todo tipo frente a una ciudadanía indefensa y desconfiada que alimenta en estos contextos sus temores a la hiperinflación y a las consecuencias conocidas de la restricción a la libre disponibilidad de los depósitos, dos realidades que fueron parte de la historia reciente del país y lesionaron profundamente la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

En un marco de incertidumbre, lo que se requiere es prudencia. El presidente debe ejercer el poder presidencial hasta el último día con la responsabilidad que implica ocupar el cargo más alto de representación sin anteponer sus pretensiones reeleccionistas.  El país necesita una autoridad presidencial fuerte en un contexto de tanta fragilidad. Solo esa autoridad garantizará que el tránsito hacia el 27 de octubre y luego hacia el 10 de diciembre pueda darse sin sobresaltos, solo acatando la voluntad popular. Porque definitivamente serán las urnas y el voto de la ciudadanía lo que confirme si se ratificará el rumbo y le tocará a él mismo asumir la presidencia durante un nuevo mandato o entregar el poder a quien resulte favorecido.

Pero no solo se requiere mesura en quienes administran los actos de Gobierno, el resto de la dirigencia debe estar a la altura de las circunstancia. Aunque nadie pretenda que en este escenario se planifiquen acciones de consenso parecidas a la de un co-gobierno, lo que sí resulta necesario es pactar que la responsabilidad será la protagonista del debate electoral.

A la oposición le cabe la prudencia como valor que deje de lado la mezquindad y asegure que el tiempo electoral pueda nutrirse de propuestas y no de descalificaciones que no hacen sino ensombrecer aún más un panorama que es lo suficientemente angustiante para una ciudadanía agobiada por la crisis.

Es imperativo de esta hora que quienes ejercen el servicio público y quienes lo ostentan dejen de echarse culpas mutuamente y entiendan que el problema no es solo del pasado ni solo del presente. Es la conjunción de historias repetidas tomadas por la misma dirigencia la que han puesto al país en este estado de cosas que será la ciudadanía la que deberá juzgar para en las urnas decidir qué rumbo toma sin otra especulación que la búsqueda del bienestar y la preservación de la democracia.