Editorial

Con el pie en el freno


De pronto, y como parte de un realismo mágico que vivimos en la Argentina, tras tanto hablar de corrupción, de ver cómo se iban iniciando causas y hasta algunos protagonistas permanecen detenidos, algunos de rango como Julio de Vido y otros partenaires como Lázaro Báez, todo parece ralentizarse y hasta detenerse en la Justicia. No registramos expectativas, honestamente, en nuestra clase política, porque han mostrado una permanente resistencia a colaborar en temas de corrupción.

No es casual que en el Senado naufrague permanentemente la ley de extensión de dominio, aprobada en la Cámara de Diputados, que obligaría a los condenados a devolver lo robado. En realidad, en la Cámara alta hay muchos exmandatarios provinciales, exfuncionarios de altos cargos del Poder Ejecutivo y senadores claramente ligados a los actuales gobernadores. Y no hay voluntad en lo absoluto de aprobar esta norma que duerme el sueño del justo con su media sanción, a la espera del olvido de todos.  Es el mismo Senado donde el oficialismo agitó el pedido de diciembre pasado del juez federal Claudio Bonadio del de-safuero de Cristina Kirchner, políticos al fin, Cambiemos intentó moverlo cuando se lo acorraló con el tema tarifas pero se encontró con la cerrada negativa del PJ y hoy, no sabemos sobre la base de qué intercambio, acordaron postergar la discusión por el desafuero de la expresidenta, investigada por el supuesto encubrimiento del atentado a la Amia. La causa no es tampoco la más pesada que tiene la ahora senadora (a pesar de incluir el magnicidio de un fiscal), pero no hay voluntad de avanzar en un desafuero, tampoco si el pedido fuese por la ruta del dinero o la causa Los Sauces.

Afirman que el debate por los fueros de la expresidenta pasa a noviembre, aunque podría ser antes, pero lo más probable es que se venzan los plazos (este tipo de pedidos tiene vencimiento) que en este caso operará en agosto, sin resultado alguno. Y no es de extrañar, porque en el Senado, a Carlos Menem -condenado en todas las instancias y en una causa en revisión en la Corte Suprema de Justicia- jamás se le aceptó un desafuero habiendo pasado varias gestiones presidenciales, de distinto signo; en consecuencia, no albergamos la expectativa que ocurra de distinto modo con Cristina Kirchner. Al fin nuestra clase política parece diferenciarse en muchos asuntos, pero en lo que hace a cubrirse unos a otros, es todo prácticamente lo mismo, salvo honrosas excepciones.

De las pocas novedades judiciales que aparecen en estas épocas de Justicia silenciosa, el Tribunal Oral Federal Nº 3 llamó formalmente a juicio en la causa en la que Cristóbal López, Fabián de Sousa y Ricardo Echegaray están acusados de un fraude millonario contra la Afip. Mediante una breve resolución, el tribunal le dio intervención a las partes para que ofrezcan pruebas. Es una etapa previa a fijar la fecha del juicio oral. Echegaray es el último procesado y habiendo sido el más alto jefe de la Afip marcó un punto de inflexión sin dudas, para este tipo de funcionarios del área impositiva que siempre se consideraron intocables, en todos los gobiernos. Porque siempre existió el mito (o la realidad) de que como conocían todos los secretos de grandes empresas en algún punto evasoras, nadie quería tocarlos.

Hace apenas dos semanas, el juez Julián Ercolini había clausurado la instrucción en la causa en la que dos empresarios y el extitular del organismo recaudador enfrentan cargos por defraudación contra la administración pública debido a la evasión de más de 8.000 millones en impuesto a los combustibles líquidos. La operatoria consistía en no exigirle a la empresa Oil Combustibles el pago del ICL (que la petrolera cobraba a los consumidores cada vez que cargaban combustible), permitiendo que se acumulara una deuda millonaria, luego le concedía facilidades de pago tanto generales como particulares, lo que generó la enorme deuda. Respecto de Echegaray, el juez Julián Ercolini mencionó lo resuelto por la Cámara Federal en cuanto a que desde su rol de máxima autoridad de la Afip, por acción u omisión, habría beneficiado a los dueños de Oil Combustibles a través de la concesión irregular de planes de facilidades de pago del impuesto a los combustibles líquidos que no se transfirieron, en un mismo período de tiempo en que los empresarios hacían ingentes erogaciones de dinero para la compra de medios.

Otra de las novedades es que en un fallo dividido, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de la Capital Federal sobreseyó por prescripción al exvicepresidente Amado Boudou en la causa en la que estaba procesado por las irregularidades en los documentos vinculados a la venta de un vehículo marca Honda CRX.  Este es uno de los asuntos que hay que poner blanco sobre negro: una causa prescribe cuando el tiempo de la investigación termina siendo más extenso que el de la pena que le cabría al procesado. Y eso sucedió en este caso que, al fin, era una causa muy menor.

Donde está peleando en serio Boudou es con su defensa ante el Tribunal Oral Federal N° 4, donde se ventila el caso Ciccone. La defensa pidió que el exvicepresidente sea declarado inocente al considerar que no hay elementos para acusarlo por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. Además se planteó que en el caso de ser encontrado culpable por el tribunal, la prisión no debería hacerse efectiva en ese momento, como planteó la Unidad de Información Financiera (UIF), sino que debe quedar en suspenso a la espera de la confirmación de la Cámara de Casación sobre el fallo del tribunal. En el mismo juicio donde se ventilaron pruebas y la acusación solicita de cinco a seis años de prisión, espera la decisión de la Justicia respecto de su culpabilidad, en qué grado y qué pena le correspondería de ser declarado responsable de este caso.

Salvo estas pocas novedades, no vemos ningún avance en cuanto a los temas de corrupción que se han ventilado públicamente hasta el cansancio en los medios de comunicación. Y no le hacemos en este punto específico un cargo a la política, que debe estar bien alejada de los tribunales si queremos causas transparentes y serias; se lo hacemos a la Justicia, que parece apurar o desacelerar las causas judiciales en función de no sabemos qué expectativas. Pero en algunos casos termina con la prescripción de la causa como ya hemos visto. Seguramente el año que viene algunas causas se moverán, seguramente, en función de las necesidades de algunos magistrados para posicionarse en base a las necesidades del poder, lo que es mal consuelo para una lucha contra la corrupción que a estas horas pereciera que nadie está librando.


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23 de Marzo de 2024 - 05:00
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