Editorial

Condena ejemplar para compensar lo que no se hizo oportunamente


Hay un caso policial que hemos seguido especialmente, porque se trataba de un triple crimen, registrado en Rosario, con el narcotráfico como telón de fondo. Y lo que más hemos esperado era la reacción de a Justicia respecto de las penas de los imputados, que actuaron con conducta de sicarios. Entendemos que la sentencia debía ser ejemplificadora en una provincia donde el dinero de la droga ha perforado altos estamentos institucionales. No olvidemos que el jefe de la Policía santafesina era el “padrino” de las bandas vendedoras de estupefacientes involucradas, y de otras más.

Finalmente todos fueron condenados. Sergio el “Quemado” Rodríguez, a 32 años de prisión; Brian “Pescadito” Sprio, a 33; Daniel “Teletubi” Delgado, a 30, y Mauricio “Chapulín” Palavecino, a 26. Protegidos con chalecos antibalas y con sus rostros cubiertos con pasamontañas, escucharon a los jueces en silencio. La protección, es de advertir, no es para hacerles un favor a los asesinos, por si tratan de matarlos, sino porque en el cautiverio, es probable que hablen con otros presos, se comuniquen con sus contactos externos y se pueda ir desatando una madeja mayor.

Los tres son los autores de la “masacre de la canchita”, en el barrio Villa Moreno, el 1º de enero de 2012, en la que acribillaron a Jeremías Trasante, Claudio Suárez y Adrián Rodríguez, militantes de un movimiento social dedicado a sacar los chicos de las redes del narcotráfico. Este tipo de animadores sociales molestan particularmente a las bandas narco, porque quizá hasta a un policía lo pueden comprar, pero quienes voluntariamente luchan contra la droga no tienen precio y atentan contra su sucio negocio.

Los jueces Gustavo Salvador, Ismael Manfrín y José Luis Mascali dijeron que las víctimas no fueron atacadas por error. Afirmaron que fueron asesinadas para demostrar quién tenía el poder dentro del barrio. Salvador, presidente del tribunal, sostuvo que se habían rechazado todos los pedidos de nulidad presentados por los abogados de los imputados. Cuando comentamos la primera vez este caso, hablamos de los atajos que los abogados defensores habían aludido, buscando vericuetos para invalidar pruebas y testigos.

El padre de uno de los asesinados, Jeremías, es el pastor Eduardo Trasante, quien luchó durante todo el juicio ayudando a la fiscalía a reunir las pruebas de los asesinos de sus hijos y sus compañeros de militancia social.

Rodeados por efectivos de la Tropa de Operaciones Especiales de la Policía de Santa Fe, los condenados habían partido rumbo a la cárcel, protegidos por sus chalecos antibalas y por un vallado de escudos antivandálicos en un operativo que parecía propio de una película de acción. Sin embargo en los países que ya conocen el narcotráfico están acostumbrados a estos movimientos. Ojalá nosotros nunca lleguemos a una etapa en que estemos acostumbrados.

La masacre de Villa Moreno fue el mayor de una serie de ataques que comenzó tres días antes, cuando fue herido de bala un chico, de 17 años, que operaba en la zona, supuestamente liderada por Ezequiel el “Negro” Villalba. Según se determinó en la investigación, ese grupo delictivo se dedicaba a robar droga en los puestos de venta de la organización presuntamente comandada por “el Quemado”. Esto en la jerga se llama “mejicanear” la mercadería del otro. 

Una de las cápsulas encontradas en ese ataque coincidía con otra hallada en la escena del triple crimen; es decir: se habría usado una misma pistola en ambos hechos. La guerra entre bandas estaba ya en la calle. Y en el medio, los militantes sociales tratando de alejar a los chicos de las drogas.

Aparentemente, la venganza por ese ataque no tardó en llegar. Minutos después de las 3:00 en la madrugada de Año Nuevo, Maximiliano Rodríguez, alias “el Quemadito”, fue atacado a balazos, mientras estaba con su novia en su BMW (no averigua la Afip cómo compran este tipo de autos chicos de menos de 20 años que viven en villas pero un ciudadano quiere viajar es investigado hasta en su grupo sanguíneo). Entre las pruebas que la fiscalía presentó en el juicio oral para fundar la acusación contra Rodríguez y sus cómplices, figuran los videos de las cámaras de seguridad del Hospital de Emergencias “Clemente Alvarez”, en los que aparecen algunos de los acusados, que concurrieron a la guardia para ver al joven herido.

La banda de “el Quemado” salió esa misma noche  en busca del “Negro” Ezequiel, que solía frecuentar la cancha de fútbol de la Agrupación Infantil Oroño, en la esquina de Dorrego y Quintana. A Villalba no lo encontraron, pero “el Quemado” y sus cómplices dispararon más de 40 balazos contra los militantes sociales. Había pasado una hora del primer ataque. A pesar de que le pegaron ocho balazos, el menor de los Rodríguez “Quemadito” sobrevivió, aunque fue asesinado un año después por dos sicarios que le dispararon desde una moto, a plena luz del día, en la céntrica esquina de Pellegrini y Corrientes.

Los investigadores dijeron en el juicio que no fue un crimen por error: no encontraron a Villalba, que era su blanco puntual, pero el objetivo último era demostrar quién mandaba en el barrio, por eso terminaron asesinando a estos tres jóvenes militantes sociales.

Para entrar en tema con toda su dureza, es de advertir que durante 2010, en Rosario hubo 126 asesinatos. En 2011, se registraron 163. Y en 2012, luego de “la masacre en la canchita” de Dorrego y Quintana, la violencia creció exponencialmente: ese año hubo 182 homicidios. En 2013, la cifra de asesinatos aumentó a 264, y la mayoría, según reconoció el Gobierno provincial, fueron ajustes de cuentas entre bandas. 

Frente a los tribunales, la noticia sobre las condenas conmocionó a los cientos de militantes de los movimientos “Evita”, “26 de Junio” y “Darío Santillán” que, desde hace un mes, instalaron una carpa en la esquina de Pellegrini y Balcarce, esperando justicia para estos militantes sociales que, aunque de otro sector, luchaban contra la droga infanto juvenil y lo pagaron con su vida.

La Justicia rosarina dio un fallo ejemplar con condenas en el orden de los 30 años a cada uno de los sicarios y es de esperar que en todos los casos de narcotráfico se actúe de la misma manera, con la dureza que la ley permite.

 

De todos modos, no escapa al análisis que estamos hablando de un juicio por tres muertes cuando desde que desde 2010 se registraron 735 asesinatos, de los cuales un alto porcentaje presenta características de ajuste de cuenta entre bandas narco. Esto habla de dos cosas: de lentitud judicial, como ya es sabido, pero sobre todo de que poco se hace para detener las bandas antes de las masacres. Y basta volver atrás en este relato para ver que hay connivencia, que muchas veces hay ciertas cosas que saltan a la vista y que deliberadamente no se quiere tomar cartas en el asunto: ¿Nadie investiga cómo es que un joven de 25 años que vive en una villa de emergencia maneja un BMW de más de 100 mil dólares?


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