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El Reino Unido atraviesa una crisis política sin precedentes tras la decisión del gobierno, que encabeza el controvertido Boris Johnson, de suspender durante cinco semanas las sesiones del Parlamento. La medida recibió el rechazo de legisladores de las distintas fuerzas y provocó la reacción de miles de ciudadanos que salieron a las calles para protestar contra lo que califican como una maniobra antidemocrática.
Quienes apoyan la permanencia en la Unión Europea consideran que la decisión de Johnson de pedir el cierre del Parlamento -pedido que, finalmente, tuvo la aprobación de la reina Isabel II- es una maniobra del primer ministro para evitar que los legisladores aprueben leyes que impidan la salida del Reino Unido del bloque europeo sin acuerdo el 31 de octubre, fecha en la cual vence el plazo para el proceso que también es conocido como Brexit.
Una de las voces más críticas contra el cierre del Parlamento fue la del líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, quien aseguró que Boris Johnson “aplasta el sistema democrático para forzar la salida de la Unión Europea sin acuerdo”. Distintos medios británicos coincidieron en señalar que el exalcalde de Londres y actual primer ministro se propone avanzar con una salida sin ningún tipo de acuerdo. Mientras tanto, se presentaron en Londres, Edimburgo y Belfast varios pedidos ante la justicia para que se impugne el cierre del Parlamento. En forma paralela, organizaciones de derechos civiles convocaron a los ciudadanos a manifestarse en las calles contra la decisión del primer ministro.
Cabe recordar que Johnson presentó un pedido formal a la reina Isabel II solicitando que finalice la actual sesión parlamentaria en la segunda semana hábil de septiembre y pronuncie su tradicional discurso inaugurando la nueva sesión el 14 de octubre. El pedido fue aceptado por la monarca, pero la decisión no cayó bien entre las principales figuras de los distintos partidos. Uno de los primeros en reaccionar fue el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, quien no dudó en calificar como “ultraje constitucional” al cierre del Parlamento, señalando además que la intención del primer ministro no es otra que impedir que en los representantes del pueblo debatan sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea, una medida que ya generó muchos dolores de cabeza en las islas, incluso antes de que Johnson llegara al poder el 24 de julio pasado para reemplazar a Theresa May, cuya repentina salida se precipitó luego de que el Parlamento rechazara tres veces su plan para retirar al Reino Unido del bloque regional europeo. El martes, los partidos de la oposición acordaron unir fuerzas con el objetivo de encontrar la forma de evitar que la salida de la UE sea sin acuerdo. Por su parte, Johnson redobló su apuesta y acusó a los opositores de intentar “sabotear” su renegociación con la Unión Europea. A su vez, Corbyn propuso presentar una moción de censura contra el primer ministro cuando los diputados vuelvan al trabajo la próxima semana y, si se impone esa iniciativa, quiere liderar un gobierno temporal antes de convocar elecciones legislativas.
En 2016 los ciudadanos del Reino Unido participaron en un referendum donde el 52 por ciento de los votantes se mostró a favor de salir de la Unión Europea. Sin embargo, la salida, inicialmente prevista para marzo pasado, fue aplazada dos veces ante el rechazo del Parlamento al Tratado de Retirada alcanzado por Theresa May con Bruselas el pasado noviembre.
Un dato por tener en cuenta y que puede interesar especialmente a la Argentina es que cuando finalmente se concrete la salida del Reino Unido se podrían abrir las puertas a un nuevo escenario en la disputa que Argentina mantiene con Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas.
Es que el cambio de estatus del Reino Unido respecto del bloque europeo significará una modificación en las relaciones de fuerza en la arena diplomática, ya que Londres podría dejar de contar con el apoyo que tuvo desde el fin de la guerra de sus socios europeos al momento de plantear su estrategia frente al reclamo de soberanía de Argentina. Es más, en este nuevo escenario cada una de las naciones europeas tendrá luz verde para adoptar una posición individual frente a la controversia por el archipiélago, sin las obligaciones impuestas por el bloque, y algunos incluso podrían hacer valer su posición anticolonialista, como España, que mantiene un viejo reclamo territorial por Gibraltar.
Así que, en virtud a este movimiento en Europa, la diplomacia argentina deberá estar atenta y, con pericia, sagacidad y gran sentido de la oportunidad, tendrá que empezar a trazar un camino que pueda conducir a la resolución por la vía pacífica de uno de los conflictos más largos y dolorosos de nuestra historia y con el agravante de una guerra de por medio cuyas heridas se mantienen abiertas en la memoria de nuestro pueblo.
